EE.UU. se negó a imponer nuevas sanciones a España y presionó para que la ONU no ratificara su condena del año anterior. En 1951, Franco decidió proceder a una remodelación del gobierno que le permitiese conseguir algunos éxitos en política exterior. En 1953, Franco obtuvo el definitivo reconocimiento internacional del régimen con la firma de los acuerdos con EE.UU. y del concordato con la Santa Sede. Los acuerdos con EE.UU. abarcaron aspectos de carácter defensivo y económico, y los dos países se comprometieron a la ayuda mutua en caso de conflicto. Los estadounidenses obtuvieron una serie de instalaciones militares en territorio español. Además, los acuerdos con EE.UU. sirvieron para regularizar las relaciones diplomáticas y comerciales de España con los países del bloque occidental. A mediados de la década de 1950, la admisión de España en el contexto internacional había dado un respiro al franquismo, pero muchos de los problemas interiores seguían sin resolverse.

La situación económica era muy difícil: la producción aumentaba lentamente y el nivel de vida en España era muy inferior al del resto de los países europeos. Entre 1956 y 1958 se produjo una oleada de protestas obreras. Franco realizó una nueva remodelación del gobierno, apartando a los falangistas y promoviendo a los sectores católicos. Entraron como ministros hombres procedentes del Opus Dei, los tecnócratas.

La dictadura franquista pretendió dar una imagen de legalidad con la promulgación de una serie de Leyes Fundamentales que ocupaban el lugar de una Constitución inexistente y con la creación de unas Cortes que daban la apariencia de un sistema parlamentario. Ese entramado político fue bautizado como “democracia orgánica”. El primer rasgo del nuevo Estado fue la concentración de poderes en la persona de Franco, quien era jefe del Estado, del partido y Generalísimo de los tres ejércitos. También era el jefe del gobierno, nombraba al secretario general del Movimiento, a la vez que gozaba de poderes excepcionales para promulgar leyes en casos de urgencia.

En 1938 también se estableció el Fuero del Trabajo, de clara inspiración fascista. En 1945, se instauró el Fuero de los Españoles, que pretendía aparentar que en la España de Franco también los ciudadanos gozaban de ciertas libertades políticas, y la Ley del Referéndum Nacional. En 1947, la Ley de Sucesión permitió a Franco designar a su sucesor “a título de Rey”. En 1958, se promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que reafirmó al Movimiento Nacional como único partido.

A partir de la Ley Orgánica de 1966, surgieron los procuradores por el tercio familiar, elegidos mediante sufragio por los cabezas de familia. Estas Cortes franquistas no resultaban elegidas democráticamente y carecían de un auténtico poder legislativo, ya que el gobierno decidía qué proyectos de ley podían pasar a las Cortes y cuáles eran directamente aprobados por él. Se trataba tan solo de un órgano de colaboración con la jefatura del Estado, ya que Franco controlaba el poder legislativo y tenía derecho a vetar las leyes, organizando la participación popular a partir de tres unidades básicas: la familia, el municipio y el sindicato. El sistema fue denominado “democracia orgánica”, un nombre con el que se pretendía dar al régimen una cierta legitimidad.

Se reguló a partir de la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), una Ley Fundamental que definía a las Cortes como el “órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado”. Todos sus representantes (procuradores) eran designados por el poder y entre ellos se encontraban los ministros, miembros del Consejo Nacional del Movimiento, rectores de las universidades. En el plano territorial, el poder del gobierno se transmitía mediante la vieja institución de los gobernadores civiles de cada provincia, que eran además jefes provinciales del Movimiento.

En cada provincia se instituyó también un gobernador militar como prueba de la dualidad del poder. También se restableció la estructura militar de las Capitanías Generales. En los ayuntamientos, los alcaldes eran elegidos directamente por el gobernador civil. Otro poder del Estado fueron los Sindicatos Verticales, que establecían qué empresarios y trabajadores se integrarían en un mismo sindicato por ramas de producción. El Estado ejercía una férrea tutela sobre la clase obrera y dictaba las condiciones laborales, anulando toda posibilidad de negociación colectiva e ilegalizando la huelga.

La victoria de Franco en la Guerra Civil tuvo unas repercusiones económicas muy negativas. A corto plazo, sumió en el hambre y la miseria a muchos españoles. A largo plazo, consolidó una economía poco competitiva que dificultó en gran medida la reconstrucción y el crecimiento económico de la posguerra. Uno de los principales objetivos de la primera etapa franquista fue conseguir la autosuficiencia económica (autarquía). Para ello, se fomentó una política económica que propugnó el aislamiento del exterior y la sustitución del libre mercado por la intervención del Estado en la economía, justificando esta política con un discurso fascista patriótico.

La política autárquica tuvo tres grandes ámbitos de actuación:

  • El primero fue la reglamentación del comercio exterior, con importaciones y exportaciones controladas por el Estado. El resultado de estas restricciones fue el encarecimiento de los productos que el Estado debía importar y una gran escasez de bienes de consumo, lo cual provocó un notable descenso de la producción industrial.
  • El segundo ámbito de actuación fue el fomento de la industria, sobre todo la de interés estratégico. Así, en 1941 se nacionalizaron todas las compañías de ferrocarriles y se creó la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). En 1945, se procedió a la nacionalización de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Se fundó el Instituto Nacional de Industria (INI).
  • El tercer ámbito del intervencionismo estatal afectó al sector agrario. Los bajos precios oficiales provocaron un descenso de la producción. El resultado fue un profundo estancamiento económico, el desabastecimiento generalizado de alimentos y el racionamiento de los productos considerados de primera necesidad, que se distribuían mediante una cartilla de racionamiento.

La tasación de los precios de los alimentos por debajo de su valor comportó que muchos productores prefiriesen esconder la producción para venderla en el mercado negro. Salarios bajos, escasez de productos y precios altos caracterizaron los años de la miseria y el hambre. El nivel de vida de la población disminuyó. En consecuencia, la tasa de mortalidad llegó a alcanzar en España el 18.7% y la mortalidad infantil el 143%. En estos años, el crecimiento vegetativo descendió al 0.9% y la esperanza de vida se situó en 1945 en 47 años para los hombres y en 53 años para las mujeres.

La represión sobre las organizaciones y las personas comprometidas con la República provocó el exilio de miles de republicanos. En el interior, la oposición a Franco quedó desarticulada, aunque poco a poco fue reorganizándose en unas condiciones de extrema dificultad. En la fase final de la Guerra Civil, algo más de 400.000 personas comprometidas con la República abandonaron España, llegaron a Francia o huyeron hacia el norte de África. La inmensa mayoría fue internada en campos de refugiados. Una buena parte de los refugiados regresó a España cuando el régimen prometió no proceder contra quienes no hubiesen cometido delito, promesa que no se cumplió. Al finalizar la guerra, los partidos y sindicatos opositores a Franco habían quedado totalmente desmantelados. Su reconstrucción fue lenta y dificultosa y tuvo que hacerse en la clandestinidad.