La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el Turno de Partidos. La Oposición al Sistema: Regionalismo y Nacionalismo

A la muerte de Alfonso XII se hizo cargo de la Regencia su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo. La necesidad de garantizar la estabilidad del régimen llevó a los dos líderes principales, Cánovas y Sagasta, a establecer el acuerdo conocido como Pacto de El Pardo. Por él, se comprometieron a sostener la Regencia, a facilitar el relevo en el Gobierno y a respetar la legislación que cada uno de ellos aprobase en el ejercicio del poder. Por este pacto, Cánovas se comprometió a apoyar un gobierno liberal presidido por Sagasta.

Las reformas durante el Parlamento largo

En parte se trataba de llevar a la práctica el programa político derivado de la Constitución de 1869 (sufragio universal, juicio por jurado, ley de asociaciones), pero también incluía reformas en Hacienda y en la Administración colonial. En todas estas materias Sagasta contó con la ayuda de figuras muy importantes –incluso superiores a él en muchos terrenos-, procedentes de los partidos liberales de la época de Isabel II y que se responsabilizaron de la acción política en áreas concretas: Camacho en Hacienda, Montero Ríos y Alonso Martínez en Justicia, Moret en Estado, Gamazo en Ultramar, etc.

La ley de Asociaciones (1887) afectó principalmente a las asociaciones obreras y a las religiosas. Las primeras, que habían llevado una vida al margen de la legalidad, ahora quedaron legalizadas. Las religiosas quedaron al margen, aunque luego los liberales utilizaron esta ley para regularizar la presencia de las mismas en España. La ley del Jurado (1888) tuvo un contenido político fundamental en cuanto que se atribuyeron a esta institución los juicios en materias fundamentales en un Estado liberal, como los delitos de imprenta.

La ley de sufragio universal (1890) fue la última gran disposición política aprobada en el Parlamento largo. Aparte de estas disposiciones, cuyo contenido fundamental fue el político, es necesario referirse también a otras dirigidas a la racionalización del Estado y la Administración. El Código Civil (1890) fue obra principalmente de Alonso Martínez y tuvo una larga gestación, en la que se dirimieron cuestiones espinosas, como el mantenimiento o no de la legislación foral característica de parte del territorio nacional; otro problema fue también el matrimonio canónico, hasta que se llegó a una situación de compromiso basada en que coexistieran ambos matrimonios, el civil y el religioso. Tanto el Código Civil como las leyes destinadas a regular los procedimientos administrativos (1888 y 1889) tuvieron una larga duración y fueron pieza clave en la configuración de la legalidad del Estado liberal.

La política exterior

El ministro de Estado, Segismundo Moret, fue partidario de una política exterior más activa que llevó, por ejemplo, a la creación de cuatro nuevas embajadas en Londres, Berlín, Roma y Viena, ya que hasta entonces sólo habían existido en París y en el Vaticano.

La gestión más importante de Moret consistió en suscribir con Italia un acuerdo, en mayo de 1887, que permitía el acceso a la Triple Alianza. Sin embargo, el acuerdo no suponía nada para aquella zona del mundo donde España tenía mayores problemas e intereses: las posesiones coloniales de las Antillas.

La política de los primeros años noventa

El regreso al poder de los conservadores en el gobierno de Cánovas de 1890 a 1892 no fue más que un breve paréntesis debido a la división interna. La división del partido conservador estuvo motivada más que en programas distintos, en la divergencia de talantes entre quienes eran los segundones más importantes del partido: Francisco Silvela representaba una política de moralidad pública, consciente de las crecientes críticas contra el sistema político, mientras que Romero Robledo representaba la posición más dura con respecto al problema cubano y la plena intervención del gobierno en los procesos electorales.

Nuevo gobierno liberal: el problema colonial

A fines del año 1892 volvieron al poder los liberales con un gobierno en el que Sagasta logró la incorporación de la mayor parte de los dirigentes del partido. Lo más importante que cabe atribuir a esta etapa es el intento reformista de Antonio Maura respecto a la política colonial. Maura amplió el censo electoral y creó un gobierno insular único dotado de una serie de competencias bastante efectivas, con lo que logró atraerse a sectores autonomistas. Sin embargo, pronto se vio que Maura no tenía tras de sí apoyo suficiente ni siquiera en su propio partido, en especial en el caso de Sagasta. La decepción de Maura le llevó a dimitir y en él nació una actitud muy crítica en contra del sistema político de la Restauración.

Más importante fue el hecho de que, a partir de este momento, las posibilidades de conservar Cuba se hicieron cada vez más difíciles. A comienzos del año 1894 José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuyo propósito era ya manifiestamente independentista. En 1892 había aparecido la Liga Filipina de Rizal, de carácter secreto, democrático y anticlerical, esto último debido a que la mayor parte de la propiedad agrícola en Filipinas estaba en manos de las órdenes religiosas. Ambos grupos políticos fueron los protagonistas de la lucha a favor de la independencia de los respectivos países. Desde 1895 la cuestión colonial dominó por completo la vida política española.

La oposición al sistema

El éxito de la fórmula canovista de la Restauración fue también consecuencia de la debilidad de la oposición. Algunas, tenían ya una trayectoria considerable en el siglo XIX, como el carlismo o el republicanismo; otras surgieron y se desarrollaron durante la Restauración, basando su proyecto en una idea muy distinta de la centralista: fueron los regionalismos y los nacionalismos. Otro tipo de oposición, provino del modo de entender la resolución de los problemas sociales, por parte del movimiento obrero: anarquistas, socialistas y movimientos católicos.

Carlistas y republicanos

Eran dos partidos antidinásticos considerados inicialmente ilegales porque no aceptaban la monarquía constitucional.

Los carlistas

Después de la derrota del carlismo en 1876 muchos de sus combatientes partieron al exilio con dirección a Francia. La mayoría de ellos regresó a la Península acogiéndose al indulto promulgado por el Gobierno.

Durante la Restauración, el carlismo acentuó su carácter regional y minoritario. Desde 1876, los carlistas se dividieron en dos grupos: Neocatólicos de Cándido Nocedal y los Tradicionalistas; los primeros eran integristas y rechazaron la Restauración mientras que los Tradicionalistas acabaron integrándose en el Partido Conservador.

Los republicanos

Su rasgo más característico fue la división, que se inició como consecuencia de la desintegración del Partido Federal, tras la intervención del general Pavía en 1874. La segmentación del republicanismo les dificultó llegar a la ciudadanía, sin embargo, en la década de los noventa mejoraron sus resultados electorales.

Nacionalismos

El regionalismo iniciado en el siglo XIX alcanzó su apogeo a principios del siglo XX. Aspiraba a un cierto grado de autogobierno, respetando la soberanía de España como Estado. Cuando se traspasó ese límite, apareció el nacionalismo. El nacionalismo se inicia como una reacción contra la centralización administrativa y jurídica llevada a cabo por los gobiernos de la Restauración.

El nacionalismo catalán

El nacionalismo catalán se había desarrollado de la mano del romanticismo literario; como actitud política había estado ligado al carlismo y al republicanismo de tendencia federal. A este ingrediente se unía la defensa de intereses industriales y la lucha por el proteccionismo.

El catalanismo tiene cuatro raíces distintas que acaban confluyendo en un único movimiento:

  • El proteccionismo, ya que como región industrializada no le convenía la competencia.
  • El federalismo, aunque nacido con Pí y Margall, será Valentín Almirall el primer defensor de la peculiaridad catalana.
  • El tradicionalismo, procedente de la Escuela de Vic.
  • La Reinaxença de la lengua y cultura catalanas.

El proyecto de unificación legal para constituir un Código Civil español único provocó una reacción catalana, el Memorial de Greuges (agravios) de 1885, petición dirigida a Alfonso XII. Era una defensa moderada de la autonomía catalana, dentro de la monarquía común española, del librecambismo y del derecho civil catalán. Junto con asociaciones industriales y burguesas, firmaban el Memorial intelectuales de la Renaixença, movimiento cultural de recuperación de la lengua y la cultura catalanas.

Otro intento similar se da en 1888, cuando la Reina Regente visita Barcelona. La petición la redactó la Lliga de Catalunya, que llevó a cabo una campaña en defensa del derecho civil catalán, apoyada por sectores conservadores y rurales, y por la Iglesia.

En 1891 aparece la Unió Catalanista, que aprueba en un Congreso un programa moderado de autonomía regional: las llamadas Bases de Manresa. En 1901 Prat de la Riba agrupa a los catalanistas y funda la Lliga Regionalista, de tendencia conservadora que dominó la escena política catalana hasta 1923. Este partido, representante de la burguesía (rechaza tanto la centralización como la revolución social), osciló entre la colaboración con el régimen en momentos de peligro social, como en 1909 o 1917, y las propuestas regeneracionistas. La Lliga Regionalista propugnaba la creación de Cortes y tribunales catalanes y la oficialidad de la lengua. La figura más destacada de la Lliga Regionalista en las Cortes españolas fue Francesc Cambó.