El Consumo y el Ahorro

En macroeconomía, el consumo es el gasto total que realizan las familias en bienes y servicios durante un periodo de tiempo. El consumo depende de la renta disponible de las familias, que se calcula mediante la renta permanente, es decir, la que se tiene por término medio a lo largo de la vida.

Otros factores a tener en cuenta son los tipos de interés y las facilidades para obtener créditos o préstamos. Por último, el consumo también depende del ciclo vital, porque consumen más los jóvenes y los ancianos, ya que los adultos en edad laboral están más preocupados en ahorrar.

Después de gastar, lo que les queda a las familias de su renta es el ahorro. Las familias ahorran por las siguientes razones:

  • Para prevenir situaciones difíciles como el paro o una enfermedad.
  • Para poder realizar compras importantes.
  • Para invertir.

El consumo aumenta cuando crece la renta, y esto se calcula con la propensión marginal a consumir (PMC). Es la cantidad en la que se incrementa el consumo cuando aumenta la renta disponible en un euro. En los países desarrollados, la PMC es de 0,9 €; es decir, se consumen 90 € por cada 100 € de renta.

El consumo dentro de la economía es muy importante porque supone el 60% del PIB, y su evolución se estudia a través de una serie de indicadores:

  • La encuesta continua de presupuestos familiares, que recoge las expectativas de gasto de las familias.
  • Las matriculaciones de automóviles.
  • Las ventas en grandes superficies, que miden el consumo en alimentación y artículos de consumo masivo.
  • El consumo de gasolina.
  • El índice de confianza, porque cuando se confía en que las cosas irán bien, tendemos a consumir más.

La Inversión

Supone la adquisición de bienes de producción para producir otros bienes. La inversión es la clave para asegurar el crecimiento en el futuro. Existen dos tipos de inversión: económica y financiera. La financiera es la inversión de los ahorros en bonos y acciones. Dentro de la inversión económica, se distinguen tres tipos:

  • Inversión de reemplazamiento: cuando se sustituye maquinaria que ya no funciona.
  • Inversión de renovación: cuando la máquina se ha quedado obsoleta.
  • Inversión de ampliación: cuando se compra más maquinaria para producir más.

La inversión depende de tres factores:

  • De los tipos de interés, si se invierte con dinero prestado.
  • La capacidad utilizada por la empresa: si la empresa no utiliza toda su capacidad, no hay razón para invertir.
  • La confianza en el futuro: un ambiente de desconfianza o incertidumbre genera un clima poco propicio para invertir.

Toda inversión tiene un efecto en cadena que se resume de la siguiente manera: nuevas inversiones aumentan la producción, lo que aumenta la renta disponible, lo que hace que aumente el consumo, y a mayor consumo, mayor producción, y si aumenta la producción, se producen nuevas inversiones, y así de manera infinita.

A la hora de invertir, hay que tener en cuenta que la rentabilidad sea mayor que el tipo de interés, y esto se calcula dividiendo los beneficios entre el capital invertido y multiplicándolo por 100.

La Economía Sumergida

Llamamos economía sumergida a toda actividad económica que no se declara a nivel fiscal o laboral y, por lo tanto, no aparece en el PIB.

No se declara para no pagar impuestos o porque es ilegal, como el narcotráfico, la prostitución o la venta de objetos robados. Si se declarara, en España supondría el 20% del PIB.

Abunda en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción y la industria textil, y la mayoría de los que ejercen estos trabajos son los pluriempleados, las personas inactivas y los inmigrantes ilegales.

La economía sumergida trae los siguientes problemas:

  • La reducción de ingresos públicos al no pagar impuestos, lo que pone en peligro al Estado del bienestar.
  • La aparición de empleo precario, sin ningún tipo de seguridad ni derecho a prestaciones.
  • Riesgos para la seguridad y la salud colectivas, al no pasar esos bienes y servicios por ningún control de calidad.

El Sector Público

El sector público necesita recursos para poder ofrecer bienes y servicios a los ciudadanos. La previsión de estos recursos y de los gastos públicos que se tienen en cuenta para un año constituyen las cuentas públicas.

El sector público está formado por las administraciones públicas, las empresas públicas y las instituciones de la Unión Europea.

  • Dentro de la administración pública, se encuentra la Administración central, formada por el Estado; las administraciones territoriales, formadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos; y, por último, la Seguridad Social. Todas se financian con los impuestos, que son pagos que se exigen por ley sin que el contribuyente reciba un beneficio inmediato a cambio. La Seguridad Social se financia con las cotizaciones que aportan trabajadores y empresas.
  • Las empresas públicas, que tienen como objetivo controlar ciertos sectores fundamentales para la economía, como el transporte, la energía, la defensa, etc.
  • Las instituciones de la Unión Europea, que afectan a la economía española en el terreno de la financiación.

Una de las características del sector público español es la tendencia a la descentralización, al transferirse competencias como la educación desde la administración central a cada comunidad autónoma, quedándose esta con defensa y relaciones exteriores.

El Gasto Público

Si se clasificara según el destino al que se dedica, de cada 100 € gastados:

  • El 34% se dedica a protección social (pensiones, ayudas, becas).
  • El 14% a gasto sanitario.
  • El 13% a servicios generales, como el sueldo de los funcionarios.
  • El 11% en educación.
  • El 11% en desarrollo económico, como la construcción de infraestructuras.
  • El 5% en seguridad ciudadana.
  • El 4% a gastos culturales y recreativos.
  • El 3% en defensa, sobre todo para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas.
  • El 3% en programas de promoción de la vivienda y en servicios comunitarios.
  • El 2% en medio ambiente.

Dependiendo de criterios económicos, los gastos públicos pueden ser de tres tipos:

  • Gastos corrientes, como los pagos a funcionarios.
  • Gastos de inversión, para mejorar las infraestructuras.
  • Gastos de transferencia, se realizan en efectivo cuando el Estado paga a familias y empresas en forma de becas, pensiones, etc.

Los gastos corrientes y los gastos de inversión componen los llamados gastos reales, cuya finalidad es que los ciudadanos reciban un servicio.

Si no se tienen en cuenta los gastos de transferencia en los Presupuestos Generales del Estado, obtenemos la cifra sobre la que el Estado tiene capacidad de gasto y debe decidir si la emplea en consumo o en inversión.

Los Ingresos Públicos

El sector público necesita recursos para poder financiar sus gastos. Estos recursos son los ingresos públicos, que se obtienen mediante las cotizaciones sociales, los tributos y otros ingresos.

Dentro de los tributos, se encuentran los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.

  • Impuestos: pueden ser directos, cuando se aplican a la renta de las personas o empresas en función de sus circunstancias económicas y familiares, como el IRPF. También pueden ser indirectos, cuando se aplican sobre hechos concretos, como el IVA o impuestos especiales en el alcohol, tabaco o gasolina. Los impuestos directos afectan a la posesión de la renta y los indirectos afectan al uso de la renta.

Los impuestos son el precio que pagamos por bienes y servicios públicos y, además, permiten que exista mayor igualdad entre los ciudadanos, debido al principio de progresividad, al pagar más el que más tiene.

  • Tasas: se pagan por el uso de un bien o servicio, como las tasas académicas, el carnet de conducir, etc.
  • Contribuciones especiales: son aquellos pagos que realizan aquellos que se benefician de un servicio público, como la construcción de una acera.

Otros ingresos que recibe el sector público son las transferencias corrientes, que se obtienen de loterías y apuestas; los ingresos patrimoniales, como por ejemplo los beneficios de las empresas; y las operaciones de capital, como la venta de empresas públicas.

La Presión Fiscal en España: El IVA

Es el cociente entre el total de gastos fiscales y el PIB. Indica la proporción del PIB que los ciudadanos dedican al pago de impuestos. La media en Europa es del 40%, y España se sitúa un poco por debajo.

Los principales impuestos en España son las cotizaciones a la Seguridad Social, el IRPF y el IVA, aunque también destacan el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el impuesto de matriculación, el de circulación, las tasas de alcantarillado, las de reforma de la vivienda, tasas del DNI, etc.

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es un impuesto indirecto que se paga al comprar un bien o utilizar un servicio. En España, después del IRPF, es el impuesto más importante, y dentro de él distinguimos tres tipos:

  • El IVA general, que es el 21%, se aplica sobre la mayoría de los productos.
  • El IVA reducido, que es el 10%, se aplica a los alimentos, la vivienda y el transporte.
  • El IVA superreducido, que es el 4%, se aplica en productos de primera necesidad, como el pan, la leche y las medicinas.

Hay servicios que, por su importancia, están exentos del IVA, como los servicios sanitarios públicos, la asistencia social, etc.

La Política Fiscal

Son las medidas que los gobiernos llevan a cabo sobre el gasto público y los impuestos con el objetivo de facilitar el crecimiento económico y el empleo. Estas medidas son de dos tipos:

Política fiscal expansiva: cuando la demanda es insuficiente, se produce paro y el gobierno tiene dos opciones: aumentar el gasto público en obras, comprar bienes o reducir los impuestos para aumentar la renta disponible de las familias.

Política fiscal contractiva: cuando hay exceso de demanda y riesgo de subida de los precios, el gobierno tiene dos opciones: reducir el gasto público o subir los impuestos para reducir el consumo.