Este documento es un fragmento de la obra *Causas de la guerra de España*, publicada en 1939, año de finalización de la Guerra Civil, y escrita por Manuel Azaña, un protagonista de excepción del período histórico de 1931-1939. Azaña fue jefe de Gobierno en el período reformista de 1933 a 1936, tras el triunfo del Frente Popular, y luego, presidente de la República hasta el final de la guerra. Fue el líder del republicanismo de centro-izquierda representado por la Izquierda Republicana, y planteó las principales reformas políticas, sociales y económicas del régimen.

Naturaleza y Fiabilidad del Documento

El documento es una fuente de naturaleza política, directa y primordial para el conocimiento del proyecto republicano de reforma agraria y de la justificación social e histórica que hacen sus planificadores. Expone los hechos del pasado reciente desde la perspectiva de un protagonista, lo que le confiere una clara fiabilidad. Sin embargo, presenta una interpretación personal, subjetiva y discutible de los hechos desde otras perspectivas ideológicas.

El Triunfo de la República y los Desequilibrios Sociales

El texto se inicia presentando el triunfo de la República como respuesta a las aspiraciones de amplias capas de la sociedad española, descontentas con la situación del país a inicios de la década de los años 30. Además, señala que esto se había logrado mediante unas elecciones democráticas, sin la necesidad de un golpe de estado o derramamiento de sangre.

Azaña denuncia que la sociedad española presenta desequilibrios en cuanto a niveles de renta. Insiste en que la estructura de la oposición minifundio-latifundio es el síntoma más claro de uno de los problemas históricos de la España contemporánea: el problema agrario. Las zonas de minifundio se encuentran en el norte y el noroeste peninsular, donde predominan pequeños y medianos propietarios, mientras que las de latifundio se encuentran en Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, donde más del 50% de la tierra estaba en manos de grandes propietarios, siendo esta la distribución de España desde la Reconquista.

No solo denuncia la desigual distribución, sino también las condiciones de los obreros agrícolas, ya que de la población activa, la mitad eran jornaleros, el 20% eran arrendatarios o aparceros, y el resto, pequeños y medianos propietarios. El paro, más grave en la agricultura, fue un problema clave, siendo una de las principales causas de la permanente conflictividad de la Segunda República. Abordar el problema agrario era un objetivo de modernización política y social que sostenía un carácter socialista. Para solucionar el paro endémico del campo, era necesario acometer la reforma agraria e iniciar su modernización. Por ello, el texto es una descripción del panorama agrario que encontró Azaña al llegar al poder y explica la gravedad de la situación y de sus actuaciones desde la presidencia del primer gobierno, y la continuación de estas tras la paralización de las reformas entre los años 33-36.

Contexto Histórico: De la Dictadura a la República

Tras las elecciones municipales de ese año, se produjo el hundimiento definitivo del régimen de la dictadura, y con él, la caída de la monarquía. La Segunda República se proclamó el 14 de abril entre el entusiasmo popular. El gobierno provisional, en el que predominaban fuerzas de la burguesía y el movimiento obrero, convocó elecciones para la formación de Cortes Constituyentes. Este régimen fue aceptado por amplios sectores de la sociedad española, deseosos de una regeneración de la vida política, ya que presentaba desequilibrios de renta. Al mismo tiempo, el cambio institucional suscitó desde el primer momento una desconfianza entre propietarios y empresarios, cuyas inversiones eran decisivas para la producción y el empleo.

Análisis y Comentario: La Reforma Agraria y sus Consecuencias

Las reformas empezaron con el Gobierno Provisional, emprendiendo aquellas reformas más urgentes como la Reforma del Ejército, el inicio de la negociación o la cuestión agraria, a la que hace referencia el texto. La reforma de la agricultura fue el proyecto de más envergadura iniciado por la República, porque inquietaba a quienes reflexionaban sobre los males de España, y era una cuestión que se acentuó desde la crisis producida por la Primera Guerra Mundial. Además, desde principios de siglo existía una demanda social de reformas. Desde sus inicios, los dirigentes de la República se propusieron buscar soluciones a la cuestión agraria para mejorar la situación y poner fin al atraso de la agricultura.

Durante el Gobierno Provisional, los primeros decretos fijaron la jornada laboral de 8 horas y establecieron salarios mínimos, obligando a poner en cultivo las tierras aptas para ello. También tenían el deseo de que el régimen de Azaña acabara con todas las lacras del campo mediante una distribución justa de la propiedad y una mayor atención, para lo que era urgente aprobar una ley que expropiara fincas y las repartiera entre los campesinos sin tierras. Este proyecto chocó con latifundistas y partidos de derecha y centro. En los minifundios no fue tan grave.

La Ley de la Reforma Agraria fue promulgada en 1932 con unos objetivos claros:

  • Modernizar las técnicas aumentando las inversiones.
  • Expropiación de latifundios y asentamiento de campesinos.
  • Acabar con la abstención de los grandes propietarios.

La aplicación de la ley se realizó a través del IRA (Instituto de Reforma Agraria). Se inició la expropiación de grandes latifundios, incluso de los Grandes de España, sin indemnización. Se expropiaron tierras insuficientemente explotadas, pero esta vez sí se dio indemnización.

Los resultados fueron limitados, lo que llevó al aumento de la conflictividad social. Entre las causas que explican el fracaso están la lentitud y las dificultades burocráticas, la falta de presupuesto y la resistencia de los propietarios. Las consecuencias fueron que los grandes propietarios mostraron una fuerte oposición a los campesinos y se unieron a las fuerzas conservadoras enemigas del régimen. Los campesinos vieron sus esperanzas frustradas y adoptaron una postura revolucionaria que fue enfrentada a las fuerzas del orden.

Finalmente, Azaña propone como solución un objetivo de modernización que tenía que plantearse cualquier gobierno que estuviese en el poder, porque la situación heredada era insostenible. La aplicación de reformas como esta y las del ejército, la educación, la reglamentación laboral, la relación iglesia-estado y otras como el voto femenino y el divorcio, supuso la oposición de los sectores del ejército, la iglesia, las organizaciones patronales, los grandes propietarios, e incluso los anarquistas, comunistas y la UGT, que radicalizaron sus posturas por la tardanza de las reformas.