Autarquía Económica (1939-1959)

En los años 40 y 50 la política económica del régimen franquista fue la autarquía, un modelo económico basado en la autosuficiencia y proteccionismo con respecto al mercado exterior, y donde el Estado controlaba y dirigía todos los sectores de la economía en función de los intereses políticos del régimen. Para promover la industrialización se creó un fuerte sector público gestionado por el Instituto Nacional de Industria (INI), que pondría en marcha fábricas de siderurgia, refinería de petróleo, electricidad (ENDESA), automovilismo (SEAT)…; al tiempo que nacionalizaba comunicaciones y transportes (Iberia-Renfe). La gran perjudicada de la política autárquica fue la agricultura, ya que no hubo ningún proyecto de reforma agraria y recibió pocas ayudas del Estado. Para solucionar los problemas de desabastecimiento se creó el Servicio Nacional de Trigo que obligaba a los agricultores a vender sus cosechas al Estado a un bajo precio. Con el modelo autárquico casi no existió crecimiento económico en España en casi toda la década de los años cuarenta. El sistema productivo español se caracterizaba por sus altos costes y su escasa competitividad; lo que se traducía en una fuerte inflación, un elevado déficit comercial, y una Hacienda Pública deficitaria; además de un bajísimo nivel de renta. El intervencionismo estatal también generó una gigantesca burocracia que se caracterizó por su ineficacia y corrupción. La escasez de productos básicos llevó a la generalización de las colas y de las cartillas de racionamiento, lo que hizo que la gente recurriese al mercado negro (estraperlo).

Plan de Estabilización Económica de 1959

A lo largo de los años cincuenta el régimen fue liberalizando el modelo económico y rompiendo su aislamiento internacional gracias a los acuerdos con EE. UU. y al ciclo expansivo de la economía europea. España pudo integrarse en organizaciones internacionales como Organización Europea de Cooperación Económica y el Fondo Monetario Internacional. El fin del aislamiento suponía la llegada de materias primas, suministros y financiación, imprescindibles para el crecimiento industrial. La reorientación de la economía hizo que en el Gobierno de 1957 se incorporasen ministros tecnócratas, como Alberto Ullastres (comercio) y Mariano Navarro Rubio (Hacienda), liberales en lo económico, aunque inmovilistas en lo político. Estos ministros elaboraron el Pan de Estabilización Económica de 1959 que perseguía los objetivos de reducir la inflación y liberalizar la actividad económica y las relaciones comerciales con el exterior. El Plan conllevaba un conjunto de medidas de reajuste y austeridad: recortes en el gasto público y en las ayudas fiscales a las empresas públicas, congelación de los salarios y devaluación la peseta para fomentar las exportaciones, y así equilibrar la balanza comercial. También se favoreció la llegada de inversiones extranjeras. Los efectos fueron inmediatos: se logró estabilizar los precios y mejorar la balanza comercial; pero tuvo efectos negativos como el descenso del consumo y el aumento del paro.

Constitución de 1978

Naturaleza del texto: El texto es una fuente histórica primaria de naturaleza jurídica en forma de constitución. Es un texto público y oficial cuyo destinatario es la nación española y cuya autoría es colectiva. Identificación: Se trata concretamente de un fragmento de la Constitución española de 1978 que fue elaborada por una comisión constitucional compuesta por miembros de las principales fuerzas políticas que tenían representación en las Cortes. La Constitución fue debatida y aprobada por las Cortes, ratificada en Referéndum por los ciudadanos, y finalmente, sancionada por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, el 29 de diciembre de 1978. Contexto histórico: Antecedentes: El 20 de noviembre de 1975 moría Franco y las Cortes franquistas proclamaban rey de España a Juan Carlos I. El rey conseguía establecer un Gobierno presidido por Adolfo Suarez con miembros aperturistas del régimen con el objetivo de realizar la transición de la dictadura hacia la democracia. La oposición política aunó esfuerzos fusionando sus plataformas democráticas en la “Platajunta” y siguió pidiendo el final del régimen, aunque aceptando negociar con el Gobierno. Hechos del momento: El gobierno de Suárez logró el desmantelamiento del franquismo por medio de la aprobación de una nueva Ley Fundamental, la Ley para la Reforma Política. Esta ley establecía la formación de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal de mayores de 21 años y en las que podrían concurrir los partidos legalizados durante esos meses. La ley fue aprobada por la mayoría de diputados en la Cortes y ratificada en Referéndum por los españoles.

Idea principal y secundarias:

La idea principal del texto es establecer en España una constitución democrática. Las ideas secundarias se desarrollan a lo largo del articulado de la constitución y recoge los principios básicos del liberalismo político, junto con la organización de los poderes del Estado español.
En el artículo 1 se enumeran los fundamentos de la constitución: España es un Estado social y democrático de derecho, vinculado a unos valores; se reconoce la soberanía nacional y que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria. En el artículo 2 se combina el principio de la unidad de la Nación española con el reconocimiento de que aquellas regiones o “nacionalidades” que quieran ser una comunidad autónoma. El artículo 6 se reconoce la pluralidad de partidos políticos, estos deben ser instrumentos de participación política de los ciudadanos, y su funcionamiento interno también debe ser democrático. En el árticlo14 señala la igualdad de todos los españoles ante la ley sin ningún tipo de discriminación. Los artículos 16 y 20 hacen referencia a libertades específicas de los españoles: libertad ideológica, religiosa, de expresión y de cátedra, además de la aconfesionalidad del Estado. En el artículo 23, se hace referencia a la participación política de los ciudadanos por medio de la elección de sus representantes por sufragio universal. El artículo 41 se establece la Seguridad Social con el objetivo de que el Estado asista a los ciudadanos ante una necesidad, especialmente, el desempleo. Los artículos 66 y 77 establecen que el poder legislativo reside en las Cortes Generales bicamerales, que son representantes del pueblo español; y que los ciudadanos pueden realizar peticiones de cambios legislativos a las Cortes.