1. La caída de la Monarquía y la instauración de la República

Tras aceptar la dimisión de Primo de Rivera, producida el 28 de enero de 1930, Alfonso XIII intenta volver al sistema parlamentario oligárquico de la Restauración, designando al general Berenguer como presidente del Gobierno, nombramiento que contó con la oposición de un gran número de intelectuales, como Ortega y Gasset, ya que Berenguer había sido uno de los responsables del Desastre de Annual. De todas maneras, la colaboración del rey con la Dictadura había dañado gravemente a la institución monárquica, haciendo poco creíble la vuelta a un sistema constitucional. Además, los problemas estructurales del país seguían sin resolverse. Por estas razones, gran parte de la sociedad española de 1930 deseaba un cambio profundo y generalizado, lo que incluía el cambio de sistema de gobierno, cobrando fuerza la opción republicana.

Para conseguir hacerse con el poder, la oposición republicana buscará el apoyo del nacionalismo catalán y del movimiento obrero. Estas fuerzas firman el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. Surge, así, un Comité Revolucionario, presidido por Alcalá Zamora, que tenía como fin derribar el régimen monárquico y sustituirlo por una república. Este comité también encontró apoyos en una parte del Ejército, lo que dio lugar a un intento de alzamiento militar para proclamar la Segunda República, la Sublevación de Jaca, en diciembre de 1930, pero este intento fracasó y sus dirigentes, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández (conocidos como los Mártires de la República), fueron fusilados por traición.

A comienzos de 1931, el almirante Aznar sustituyó a Berenguer al frente de un nuevo Gobierno que convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Los republicanos plantearon estas elecciones como una especie de referéndum o plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Finalmente, el número de concejales monárquicos en el conjunto del país (zonas rurales y urbanas) superó al de concejales republicanos, pero de las 50 capitales de provincia existentes, en 41 ganaron los republicanos.

Las multitudes comenzaron a tomar las calles, el entusiasmo era desbordante y el ambiente festivo. El Ejército y la Guardia Civil no intervinieron para restablecer el orden. La monarquía quedaba sin apoyos. El 14 de abril, las grandes ciudades irán proclamando la República. En Madrid, un Gobierno provisional salido del Comité Revolucionario, toma el poder.

Alfonso XIII abandona el país el mismo día, iniciando un exilio del que ya no volvería. Por tanto, el paso de la monarquía a la república se hizo de forma pacífica, con el respaldo de las urnas, aunque no podemos olvidar que en las zonas rurales las elecciones eran fácilmente manipuladas. Los grupos poderosos (Iglesia, Ejército, propietarios agrarios, industriales, financieros), aunque eran contrarios a un sistema republicano y democrático, en un principio permanecieron al margen. Solo cuando esta oligarquía vio peligrar sus privilegios, hicieron todo lo posible por destruir el proyecto modernizador y de justicia social que quería implantar la República. Esto acabaría dando lugar al alzamiento militar de 1936. Hay que tener en cuenta, además, que la llegada de este sistema coincidió con una gravísima crisis económica que afectó al mundo entero (la Gran Depresión). Esta crisis económica fue un gran obstáculo para la consolidación de la República.

2. La Constitución de 1931

El Gobierno provisional que se hizo cargo del país después de la marcha del rey, preparó la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Estas elecciones dieron la mayoría a republicanos de izquierda y socialistas.

La Constitución quedó aprobada el 9 de diciembre de 1931. Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña presidente del Gobierno.

En este texto constitucional encontramos seis puntos esenciales:

  • El reconocimiento del derecho al voto de la mujer (Art. 36). En este reconocimiento del derecho al voto femenino, jugó un papel fundamental la diputada Clara Campoamor.
  • El tema autonómico (Arts. 11 a 22). La Constitución de 1931 posibilitaba las autonomías regionales. Así, una o varias provincias limítrofes con características históricas y culturales comunes, podían solicitar un Estatuto de autonomía.
  • El tema religioso (Arts. 3, 26 y 27). El Estado republicano se declaró no confesional, suprimió toda ayuda económica a la Iglesia católica y prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Además, se reconocían el matrimonio civil y el divorcio.
  • Los derechos del ciudadano (Arts. 46 y 48). Por primera vez en la historia constitucional española se reconocieron sin limitaciones los derechos individuales, y se completaron con una serie de derechos sociales: al trabajo, a la educación, a la salud y a una vivienda digna.
  • La limitación del derecho de propiedad privada (Art. 44). La Constitución recogía la posibilidad de realizar expropiaciones para nacionalizar propiedades privadas por motivos de interés general.
  • Se realiza una nueva organización de poderes. El poder legislativo quedó depositado en un Parlamento unicameral (desaparece el Senado). El presidente de la República, elegido por los diputados y no directamente por los electores, ocupaba la Jefatura del Estado. Su mandato, sin posibilidad de reelección, duraba seis años y sus atribuciones eran reducidas. Era el presidente de la República quien elegía al presidente del Gobierno con el apoyo de los diputados. Además, por primera vez se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales, cuya función principal era decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, debido a las profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y a la cuestión autonómica.

3. La revolución de 1917 y la crisis del sistema político de la Restauración

El año 1917 presenció en España una profunda convulsión política y social que puso en evidencia la crisis de la Restauración. Se manifestó en tres graves problemas:

  • Las Juntas Militares de Defensa. Fueron una especie de sindicalismo castrense que, mediante la exposición de una serie de reivindicaciones profesionales (más salarios, limitar los ascensos por méritos de guerra que beneficiaban a los militares africanistas), que más tarde se convirtieron en exigencias políticas, manifestaba el descontento de la oficialidad del Ejército. El movimiento «juntero» se extendió pronto a los suboficiales. Dato, que conocía la gran fuerza de las organizaciones obreras, tuvo que reconocer las Juntas y acceder a sus peticiones profesionales. De este modo, después de décadas de apartamiento de los militares de la vida pública, la influencia del Ejército se hizo creciente y condicionó en muchas ocasiones la acción de los políticos.
  • La Asamblea de Parlamentarios. Se reunió en Barcelona en el mes de julio, por iniciativa de la Lliga que presidía Cambó. A la Asamblea acudieron diputados y senadores de las distintas tendencias políticas, excepto los partidarios de Maura. Era la protesta contra el cierre de las Cortes, ordenado por Dato. En la Asamblea de Parlamentarios se pidió el fin del turno de partidos y la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. La aparición de la huelga revolucionaria hizo fracasar este intento renovador. La burguesía, alarmada, retrocedió y el ensayo asambleísta se malogró.
  • La huelga general revolucionaria. La neutralidad española durante la I Guerra Mundial (1914-1918) propició el auge económico por el crecimiento de las exportaciones, que fue acompañado por una importante alza en los precios, aumento que no fue igual en los salarios. La carestía de la vida afectó sobre todo a la clase media y a los obreros, planteando una crisis social. Su consecuencia inmediata fue la huelga revolucionaria de 1917. Se desarrolló entre los días 13 y 18 de agosto en toda España (se había producido entonces la Revolución Rusa de febrero de 1917). La burguesía se asustó y las Juntas de Defensa y el Ejército apoyaron totalmente al Gobierno. Mal planteada, la huelga general fue rápidamente dominada. De este modo, el Gobierno de Dato salió triunfante de la crisis; pero el régimen de la Restauración de Cánovas quedaba amenazado de muerte.

El problema de Marruecos

De las tradicionales difíciles relaciones de vecindad entre España y Marruecos con ocasión de los incidentes fronterizos en torno a Ceuta y Melilla, se pasa a una acción bélica por parte de España como consecuencia de los tratados con Francia para repartirse el país magrebí. La lenta y progresiva ocupación de Marruecos (desde 1904 hay un acuerdo hispano-francés para el reparto de zonas de influencia), continuó después de la «Semana Trágica» durante el Gobierno de Canalejas, ocupándose ahora las plazas de Arcila, Larache y Alcazarquivir. En 1912 se firmaba el definitivo tratado hispano-francés que aseguraba a España el protectorado hispano-francés sobre el norte de Marruecos. La capital de la zona española fue Tetuán, residencia del Alto Comisario de España en Marruecos (1913-1956). Sin embargo, la ocupación es muy compleja por la orografía y la fuerte resistencia indígena.

El desastre de Annual

A la inestabilidad política y a la agitación social se unió en 1921 una gran derrota española en Marruecos. En julio de ese año, el general Fernández Silvestre ordenó una torpe maniobra, que provocó el desastre de Annual, en el que murieron miles de soldados españoles. El dirigente marroquí Abd-el-Krim aprovechó al máximo la derrota y Melilla estuvo a punto de perderse. Una honda conmoción sacudió a España. Para exigir responsabilidades se inició un largo debate en el Parlamento, mientras el general Picasso llevaba a cabo un expediente cuyos resultados no llegaron a publicarse, ya que señalaba al Ejército como culpable del desastre e incluso se podía comprometer al rey. La guerra de Marruecos se convertía en un buen motivo para que la oposición atacara con fuerza al régimen e incluso al propio rey.