La Guerra de la Independencia: Antecedentes y Causas

Las causas de la Guerra de la Independencia se enmarcan en la crisis del Antiguo Régimen, durante el reinado de Carlos IV (1788-1808), condicionado por la Revolución Francesa. Godoy (1792), consejero del rey, acumuló gran poder. La ejecución de Luis XVI llevó a España a declarar la guerra a Francia, rompiendo los Pactos de Familia. Tras la derrota en la Guerra de la Convención, se retomó la alianza franco-española, desfavorable para España, que sufrió derrotas como la de Trafalgar en 1805.

En 1807, Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, permitiendo el paso del ejército francés hacia Portugal. Napoleón propuso modificar la frontera franco-española, lo que alertó a Godoy, quien intentó trasladar a la familia real a Andalucía. Esto provocó el Motín de Aranjuez en 1808, liderado por simpatizantes del príncipe Fernando. Godoy cayó y Carlos IV abdicó en Fernando VII. Napoleón atrajo a la familia real a Bayona, donde se produjeron las Abdicaciones de Bayona: Fernando renunció al trono en favor de su padre, quien a su vez lo cedió a Napoleón. Este lo entregó a su hermano José Bonaparte (José I), quien promulgó el Estatuto de Bayona.

En Madrid, los incidentes desembocaron en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. El pueblo y oficiales del cuartel de Monteleón se sublevaron contra los franceses. Los soldados de Napoleón respondieron con fusilamientos el 3 de mayo. El levantamiento se extendió por todo el territorio, dando lugar a la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Los levantamientos y abdicaciones crearon un vacío de poder. En las zonas no ocupadas, se formaron Juntas locales y provinciales, coordinadas por la Junta Central Suprema en Aranjuez, que dirigió la guerra.

La guerra enfrentó a la España de José I (territorios ocupados y afrancesados) contra la España de la insurrección popular y la resistencia (liberales y absolutistas, contra el invasor en nombre de Fernando VII). Fue una guerra de liberación, nacional, con participación de todo el pueblo, destacando la lucha de guerrillas y la resistencia en las ciudades.

La guerra tuvo tres fases: inicialmente, los franceses ocuparon lugares estratégicos, pero ciudades como Zaragoza y Gerona se sublevaron. El ejército francés, dirigido por el general Dupont, fue derrotado en Bailén en 1808, obligando a José I a trasladarse a Vitoria-Gasteiz. En la segunda fase, Napoleón entró en España con 250.000 soldados y restableció a José I. La Junta Central Suprema se trasladó a Sevilla y luego a Cádiz. Se rompió la línea de resistencia española, con derrotas y la rendición de Zaragoza y Gerona en 1809. Los franceses ocuparon toda Andalucía, excepto Cádiz. Aunque oficialmente dominaban toda España, en realidad solo controlaban las ciudades y grandes rutas; el campo estaba en manos de guerrilleros. En la tercera fase, la retirada de tropas francesas hacia Rusia permitió a la Junta Suprema Central firmar una alianza con Inglaterra. El ejército hispano-inglés, al mando de Wellington, derrotó a los franceses en Arapiles. En 1813, los franceses fueron derrotados en Vitoria y San Marcial. Pamplona se rindió en octubre y a principios de 1814 evacuaron Cataluña. Con el Tratado de Valençay en diciembre de 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) se gestó un nuevo régimen político, una revolución que buscaba asumir la soberanía nacional y romper con el absolutismo. Surgieron Juntas locales, luego Provinciales y, en septiembre de 1808, la Junta Central Suprema, que se convirtió en el gobierno de la resistencia. Trasladada a Cádiz, la Junta Central Suprema, desacreditada por las derrotas, dio paso a un Consejo de Regencia de cinco miembros, que gobernó hasta el regreso de Fernando VII.

Aunque la Junta Central había debatido la idea de reunir Cortes Generales, la Regencia no se decidió hasta que llegó la noticia del establecimiento de poderes locales en ciudades americanas, que podían amenazar el imperio español. Las Cortes se autoconstituyeron en Asamblea Constituyente y asumieron la soberanía nacional. Las sesiones comenzaron en septiembre de 1810, con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española (incluida América). Las Cortes funcionaron hasta la primavera de 1814.

La mayoría de los diputados eran de clases medias: eclesiásticos, abogados, militares, funcionarios, catedráticos y miembros de la burguesía. Las clases populares y las mujeres no estaban representadas, a pesar del papel fundamental de los campesinos en la lucha contra el invasor. Los representantes americanos fueron designados entre los americanos residentes en Cádiz. Los diputados se dividían en tres tendencias: liberales (partidarios de reformas revolucionarias), ilustrados o jovellanistas (partidarios de reformas moderadas sin cambiar el sistema absolutista) y absolutistas (que pretendían mantener el viejo orden monárquico).

Las Cortes aprobaron medidas que desmantelaban los fundamentos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen:

  • Medidas sociales y económicas: Supresión del régimen señorial, derogación de los gremios para dar paso a las modernas relaciones de producción liberal-capitalista, desamortización de las tierras del clero, supresión de aduanas interiores, abolición de la Inquisición, libertad de prensa, producción, contratación y comercio. Se inició el debate sobre la reorganización territorial de España, buscando la uniformidad territorial y la centralización política.

La reforma política más relevante fue la Constitución de 1812 (19 de marzo), la primera ley fundamental aprobada por un Parlamento nacional en España. Sus principios básicos, inspirados en la Constitución francesa de 1791, eran:

  • La soberanía residía en la nación, incluidos los habitantes de las colonias.
  • El poder legislativo residía en las Cortes unicamerales.
  • El poder ejecutivo en el Rey y sus ministros.
  • El poder judicial en los tribunales.
  • El monarca no podía disolver las Cortes y solo poseía un derecho de veto suspensivo y transitorio durante dos años sobre las leyes aprobadas en las Cortes.
  • Se establecía como sistema de gobierno la monarquía constitucional.
  • Se reconocían derechos individuales y colectivos: libertad de imprenta, propiedad, educación, sufragio, etc.
  • Igualdad de todos ante la ley, fuero único (mismas leyes para todos, excepto Ejército e Iglesia).
  • Se suprimían los fueros y leyes que iban en contra de la Constitución.
  • Se establecían códigos y tribunales para todos, igualdad fiscal, burocracia centralizada y un ejército nacional.
  • Se establecía una Milicia Nacional para garantizar el orden constitucional.
  • Se proclamaba el catolicismo como religión única y oficial del Estado.
  • Sufragio universal masculino e indirecto como sistema electoral (varones, mayores de edad, excluidos los miembros del clero regular).

Los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, reconocían a Fernando VII como rey constitucional. La Constitución reflejaba el influjo de la Iglesia y la nobleza, declarando un Estado confesional y reconociendo las propiedades de los privilegiados.

Ni la Constitución de 1812 ni las leyes emanadas de las Cortes tuvieron una aplicación práctica debido al estado de guerra. Fernando VII no tuvo dificultad en derogar la Constitución, pero esta se convirtió en el símbolo del liberalismo y sirvió de inspiración a textos posteriores.

El Reinado de Fernando VII

Con el Tratado de Valençay, firmado entre Napoleón y Fernando VII, este último recuperó los derechos a la Corona. Regresó a España y, en 1814, mediante el Manifiesto de los Persas y el Decreto de Valencia del 4 de mayo, el rey dio un golpe de estado anulando las reformas aprobadas en las Cortes, incluida la Constitución de 1812.

Sexenio Absolutista (1814-1820)

Comenzó con la detención de los liberales más importantes y la disolución de las Cortes. El rey, con su idea de la vuelta al pasado, apoyado por la Iglesia y los grandes terratenientes, anuló la libertad de prensa, restableció la Inquisición y restauró la sociedad estamental. Se enfrentó a problemas como la inestabilidad del gobierno, la crisis en Hacienda y la oposición liberal. En esta etapa se produjeron varios pronunciamientos en contra del régimen.

Trienio Liberal (1820-1823)

En 1820 triunfó el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan. Fernando VII restableció la Constitución de 1812, iniciando el Trienio Liberal. Se restablecieron las leyes aprobadas en Cádiz, como la eliminación de la Inquisición y la abolición del régimen señorial, se reanudó la desamortización y se instauró la Milicia Nacional. Los liberales se dividieron en dos facciones: moderados (antiguos diputados liberales de Cádiz e intelectuales ilustrados, como Argüelles y Martínez de la Rosa) y exaltados (protagonistas de la revolución de 1820, como Mendizábal y Alcalá Galiano). Los moderados defendían el sufragio censitario para limitar la soberanía nacional y Cortes bicamerales. Los exaltados defendían el sufragio universal, la soberanía nacional y Cortes unicamerales. Hasta 1822 gobernaron los moderados, y después los exaltados. La oposición al régimen liberal venía del Rey, apoyado por parte del ejército, el clero y el campesinado.

Década Ominosa (1823-1833)

Los Cien Mil Hijos de San Luis, ejército organizado por Francia por orden de la Santa Alianza, pusieron fin al régimen liberal, dando paso a la Década absolutista u ominosa. Aunque se restablecieron las instituciones de la monarquía absoluta, se evolucionó hacia un reformismo moderado. Los liberales sufrieron represión y muchos se exiliaron, aunque hubo intentos de insurrección. Se llevaron a cabo reformas como la creación del Consejo de Ministros y del Ministerio de Fomento. En Hacienda, López Ballesteros elaboró los primeros presupuestos generales del Estado e impulsó la creación de un nuevo Código de Comercio, el Tribunal de Cuentas y la Bolsa de Madrid. El régimen tenía dos enemigos: los liberales exaltados y los realistas. Los realistas se alinearon en torno a Carlos María Isidro, hermano y heredero a la corona. Fernando VII, ante la posibilidad de tener una hija, publicó la Pragmática Sanción, permitiendo reinar a las mujeres. Tras los sucesos de la Granja (1832), Fernando VII confirmó los derechos sucesorios de su hija Isabel. Al morir Fernando VII, María Cristina heredó la corona en nombre de su hija Isabel, iniciándose la guerra civil o Primera Guerra Carlista (1833-1840).

Independencia de las Colonias Americanas

Al mismo tiempo, se produjo el proceso de independencia de las colonias americanas. Las causas que originaron la insurrección son múltiples: el reformismo borbónico del siglo XVIII, la extensión de las ideas ilustradas y liberales, la debilidad de España (Trafalgar e invasión napoleónica) y los intereses ingleses. Se distinguen dos periodos:

  1. En la primera, la burguesía criolla, enriquecida, deseaba liberarse de las restricciones y el monopolio impuesto por España; promovió Juntas y depuso a virreyes y capitanes generales, rechazando la autoridad de la Junta Central Suprema, que buscaba apoyos en Inglaterra y Estados Unidos. Estallaron insurrecciones como la del cura Hidalgo en México, Simón Bolívar en Venezuela y José Francia en Paraguay.
  2. Durante la segunda fase (1816-1824), la reacción absolutista con Fernando VII no impidió la independencia de Argentina (1816), y acciones revolucionarias: Simón Bolívar liberó Ecuador, Venezuela y Colombia; San Martín logró la independencia de Chile (1818); Iturbide la de México (1822), y Sucre la de Bolivia y Perú (Ayacucho, 1824).

Hacia 1825, solo Cuba y Puerto Rico, junto a Filipinas en Asia, permanecían en la corona española. La pérdida de estas colonias dejó la Hacienda al borde de la quiebra y el comercio se redujo. España quedó relegada a un papel de potencia de segundo orden.

El Reinado de Isabel II: La Primera Guerra Carlista

El reinado de Isabel II se dividió en dos etapas: la de las regencias (María Cristina y Espartero), por ser menor de edad; y la del reinado efectivo, de 1843 a 1868.

Durante la regencia de su madre, María Cristina, se desarrolló la Guerra Carlista (1833-1840), debido al problema de la cuestión sucesoria. El conflicto enfrentó a dos bandos: los carlistas, defensores de Carlos María Isidro, más tradicionalistas; y los isabelinos, partidarios de Isabel II, más liberales. La guerra carlista se dividió en tres etapas: la primera estuvo marcada por la formación de focos de insurrección, el ejército isabelino consiguió reprimir a los núcleos carlistas, excepto en el País Vasco y Navarra. La segunda etapa se centró en las expediciones nacionales en busca de recursos y apoyos, y terminó con la derrota de los carlistas a manos del general Espartero. En la última etapa, la victoria isabelina sobre los carlistas se hizo posible gracias al Convenio de Vergara. Posteriormente, hubo una Segunda Guerra Carlista (1846-1849) en Cataluña, y una Tercera Guerra Carlista (1872-1876), en la cual la restauración de los Borbones al trono supuso el declive del carlismo.

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), se llevaron a cabo medidas legislativas y políticas destinadas a asentar definitivamente el Estado liberal. La regencia de María Cristina estuvo protagonizada por los monárquicos reformistas y los liberales moderados (Martínez de la Rosa). En esta fase se llevaron a cabo varias reformas, pero su principal objetivo fue reconciliar absolutismo y liberalismo a través del Estatuto Real de 1834, que dividía el poder en dos cámaras y la soberanía se depositaba en las Cortes y el rey. Ninguno estaba de acuerdo con este Estatuto y aumentaron los sucesos de crispación.

Durante los gobiernos progresistas (1835-1837), Mendizábal provocó un pronunciamiento militar, el cual dio lugar a la implantación de la Constitución de 1812, que pronto sería reformada por la de 1837. Las medidas más importantes fueron la desamortización de los bienes del clero regular, las Cortes bicamerales y el reforzamiento del poder de la corona. Finalmente, tras tres años de gobierno moderado, los progresistas recurrieron a la insurrección militar, encabezada por Espartero. Este desplazó a la reina María Cristina como regente y respaldó a los progresistas.

Se impuso así un régimen de liberalismo autoritario. Entre las actuaciones políticas destacaron la desamortización de los bienes del clero o la apuesta por el librecambismo. La pérdida de apoyos, el bombardeo a Barcelona y el aislamiento internacional hicieron que el general Narváez y sus tropas derrotaran a las tropas gubernamentales, dando comienzo al reinado efectivo de Isabel II (1843-1868), que llegó con 13 años.

Década Moderada (1844-1854)

Con Narváez al frente, se puso en vigor la Constitución de 1845, más moderada que la de 1837, que suprimió la Milicia Nacional, estableció la soberanía compartida entre Rey y Cortes, y firmó un Concordato con la Santa Sede. Frente a este conservadurismo nació el Partido Demócrata, que buscaba Cortes unicamerales, la libertad religiosa y el sufragio universal.

El sistema de partidos durante el reinado estuvo caracterizado por la existencia de cinco partidos principales (carlistas, moderados, liberales, progresistas y demócratas), la corrupción y la poca participación.

Bienio Progresista (1854-1856)

Tras agotarse el sistema, se suspendieron las Cortes y se produjo el pronunciamiento de la Vicalvarada, por parte del general O’Donnell, unido al general Serrano, mientras Cánovas publicaba el Manifiesto de Manzanares. Confeccionaron una constitución que se publicó en 1856. Madoz impulsó una nueva desamortización en 1855 que afectó a bienes eclesiásticos, municipales y estatales.

La crisis generada por estas medidas dio paso a un nuevo periodo en donde se alternaron los Moderados, dirigidos por Narváez, y el Partido de la Unión Liberal, partido dirigido por O’Donnell de ideología liberal centrista.

Este bipartidismo generó una amplia oposición que protagonizó la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y el Pacto de Ostende, donde todas estas fuerzas opuestas al sistema (progresistas, demócratas y republicanos) pactaron buscar la forma de hacer abdicar a la reina. La muerte de O’Donnell y Narváez dejó huérfanos a ambos partidos y la reina no supo reconducir la situación, lo que dio paso a la Revolución Gloriosa, que hizo que la reina abandonara España y se exiliara en París.

El Reinado de Isabel II (1833-1868): De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

A lo largo de las dos etapas del reinado de Isabel II (1833-1868) —la minoría de edad con las regencias de María Cristina (1833-1840) y de Espartero (1840-1843), y el reinado efectivo (1843-1868) con la mayoría de edad— se realizaron reformas económicas de signo liberal, al tiempo que se produjo una auténtica revolución social.

La Regencia de María Cristina coincidió con la Primera Guerra Carlista. La guerra agravó la situación económica.

Las Desamortizaciones

Las desamortizaciones se encuadran dentro de las reformas económicas de signo liberal que se acometieron en el reinado de Isabel II. Estas se aplicaron junto a la supresión del mayorazgo y la abolición del régimen señorial. Las desamortizaciones consistían en la expropiación por parte del Estado de tierras eclesiásticas y municipales para su venta en subasta pública. En compensación a la Iglesia, el Estado se hacía cargo de los gastos de culto y del clero. Las desamortizaciones se realizaron desde finales del siglo XVIII (Godoy, Cortes de Cádiz, Trienio Liberal), pero el verdadero proceso de desamortización se realizó con Mendizábal y Madoz.

Tras el fracaso de la etapa moderada y el comienzo de los gobiernos progresistas (1835-1837), Mendizábal, en 1835, disolvió las órdenes religiosas, salvo las dedicadas a la enseñanza o cuidado de enfermos, y sus fincas pasaron a ser propiedad del Estado. La desamortización de Mendizábal (1837-1849) consistió en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia o desamortización eclesiástica. Los objetivos fueron: sanear la Hacienda, financiar el Ejército y convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal frente al carlismo, al tiempo que se pretendía aumentar el número de propietarios, la producción y la riqueza.

La desamortización de Madoz (1855-1867) de bienes municipales, del Estado y eclesiásticos, mediante la Ley de 1855, se inició durante el Bienio Progresista. Pretendía, además de reducir la deuda pública, financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, fundamentalmente el ferrocarril. Provocó la ruptura con la Santa Sede y conflictos con la reina. La venta de las tierras en metálico supuso un incremento de recursos para el Estado, que duplicó los ingresos con respecto a la anterior desamortización.

Las desamortizaciones incrementaron el número de terratenientes y la puesta en cultivo de numerosas tierras abandonadas, aunque los perdedores fueron la Iglesia, los municipios y los campesinos, apareciendo un numeroso campesinado sin tierra, lo que se convirtió en un foco de conflictividad.

Transformación Social

En la sociedad, se produjo el paso de una sociedad estamental a una de clases. Con la configuración del Estado liberal, los estamentos desaparecieron al imponerse la igualdad jurídica, poniendo fin a los privilegios. Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes y gozaban teóricamente de los mismos derechos políticos.

Así, la población constituía una sola categoría jurídica, la de ciudadanos. Los ciudadanos quedaron definidos por la pertenencia a una clase social, siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen.

La nobleza disminuyó y perdió su influencia al perder sus privilegios, pero se adaptó a las circunstancias. Siguió presente en los altos cargos de la Administración, del Ejército y en política (Senado), y mejoró su situación económica (alta nobleza). El clero perdió su principal fuente de ingresos, el diezmo, y el monopolio de la enseñanza.

La Iglesia perdió parte de sus bienes con las desamortizaciones, y las órdenes religiosas disminuyeron; se mostró enemiga del liberalismo, contraria a la tolerancia religiosa y a la separación Iglesia-Estado. La burguesía fue la gran protagonista; la supresión de privilegios permitió la movilidad social, y las desamortizaciones la posibilidad de conseguir bienes. El progreso económico favoreció la aparición de una burguesía de negocios: banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y altos cargos del Estado. Fuera de las grandes zonas urbanas, se desarrolló una burguesía más modesta. Las clases medias constituían entre el 5% y el 10% de la sociedad; eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos. Constituyeron un grupo influyente en el país. A finales del XIX, el sector primario representaba la mitad del PIB y el 70% de la población activa. La revolución industrial aportó una nueva clase social, el proletariado industrial, en aumento, que se nutría del éxodo rural y de los artesanos arruinados.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

El Sexenio Democrático fue el primer intento de establecer en España una democracia en los términos en los que esta era entendida en el siglo XIX, es decir, basada en el sufragio universal masculino. El origen del Sexenio es la Revolución de septiembre de 1868, conocida como “la Gloriosa”, que se inició con el pronunciamiento militar del almirante Topete, apoyado por los generales Prim y Serrano. El pronunciamiento fue acompañado de un movimiento revolucionario. Terminó con el exilio a Francia de Isabel II, tras la derrota de las tropas leales a la reina en la batalla de Alcolea (Córdoba).

Comenzó el gobierno provisional presidido por Serrano, con Prim como presidente del gobierno, quien se encargó de buscar un nuevo rey. Entre las medidas que se establecieron se encuentran la implantación de derechos democráticos y la supresión de los consumos. El Gobierno provisional convocó elecciones a Cortes constituyentes.

Los resultados fueron unas Cortes divididas en cuatro grupos políticos: los centristas, los alfonsinos, los republicanos federalistas y los carlistas.

La tarea fundamental de las Cortes fue elaborar la Constitución de 1869, la más democrática de las aprobadas hasta entonces. Estaba caracterizada por la soberanía nacional, la aconfesionalidad del Estado, amplios derechos individuales, destacando el sufragio universal masculino, la libre asociación, imprenta y la libertad de enseñanza. Se nombró regente al general Serrano. Este nuevo régimen tuvo varios problemas, como las dificultades con la Hacienda Estatal, la Guerra de Cuba y la búsqueda de un nuevo rey. A estos conflictos se unieron motines de subsistencia, promovidos contra las huelgas y quintas. Se estableció la peseta como única moneda y se aplicaron los principios del liberalismo.

Finalmente, el elegido como candidato al trono fue Amadeo I. Cuando llegó a España, Prim fue asesinado, el mismo que lo eligió. Amadeo acató fielmente la Constitución en su corto mandato, pero tuvo enfrente multitud de problemas y una gran oposición de republicanos, que se fueron radicalizando, y alfonsinos, además de las divisiones en el partido progresista (radicales y constitucionalistas), y, sobre todo, un nuevo levantamiento carlista en 1872 (Carlos VII protagonizó la considerada Tercera Guerra Carlista, centrada en el País Vasco, Navarra y Cataluña). A esto hay que añadirle que el jefe del gobierno, Sagasta, fue acusado de fraude electoral y Amadeo se vio obligado a destituirle por Serrano. Este duraría poco en el cargo, pues pactaría con carlistas, algo que molestó a los militares, y le destituiría por Ruiz Zorrilla, quien se mantendría hasta el final del reinado.

Además, desde 1868, en Cuba se desarrollaba la Guerra de los Diez Años. En esta coyuntura y ante la falta de apoyos políticos, Amadeo decidió abdicar en febrero de 1873.

Primera República Española (1873-1874)

Sin rey en España, se decidió declarar la Primera República Española, proclamada por las dos cámaras legislativas. Se formó un Gobierno, presidido por el republicano Figueras, que quería unas Cortes constituyentes, por lo que se convocaron elecciones. El nuevo gobierno estuvo presidido por Pi y Margall, y los republicanos impulsaron un movimiento federalista espontáneo para establecer la estructura federal. Este movimiento fue conocido como cantonalismo. En esta etapa, los presidentes del Gobierno fueron Salmerón y Castelar.

Emilio Castelar, defensor del republicanismo unitario, consiguió plenos poderes de las Cortes para restablecer el orden público, hacer frente a los conflictos carlista y cubano y acabar con el último reducto cantonalista, Cartagena.

Mientras tanto, las Cortes, de mayoría federalista, permanecieron cerradas. Su actuación suscitó una fuerte oposición que provocó su dimisión. Para evitar que el poder volviera de nuevo a los republicanos federales, se produjo el golpe de estado del general Pavía, quien, con fuerzas de la Guardia Civil, entró en el Congreso y disolvió las Cortes. No hubo resistencia política ni popular, lo que muestra la debilidad de la República.

La presidencia pasó a manos del general Serrano, quien continuó con la línea autoritaria de Castelar. Entre las características de esta República autoritaria destacan el apoyo de Serrano en los liberales y el trabajo de Cánovas para promover el regreso de los Borbones.

Finalmente, un pronunciamiento protagonizado por Martínez Campos acabó con el Sexenio Democrático e impuso la Restauración monárquica.

Clasificación del Texto

Naturaleza (por su forma, contenido y tipo de fuente): Nos encontramos ante un texto jurídico, ya que se exponen varios artículos de una Constitución. Su contenido es político y es una fuente primaria, ya que fue redactada en el momento de los hechos. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, por ello se la bautizó como “La Pepa”.

Autor: Los autores son varios, concretamente el grupo de parlamentarios que ocupaban las Cortes de Cádiz en ese momento. El modelo que se defiende es el liberalismo político.

Destinatario: El pueblo español y los habitantes de las colonias americanas. En esta Constitución lo que se quiere transmitir al pueblo y al mundo es que España impone un sistema liberal, acabando con las instituciones e ideas del Antiguo Régimen.

Análisis Interno

Como idea principal podemos destacar la defensa de la soberanía nacional, ya que el poder reside en la nación. Esta idea aparece en los artículos 1 y 3 del texto. Como ideas secundarias, podemos destacar que la religión oficial del estado español es la católica (artículo 12). En los artículos 14, 15, 16 y 17 se establece la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) frente al absolutismo monárquico. La soberanía será compartida por las Cortes y el Rey. El poder judicial reside en los tribunales.

Análisis Externo. Contexto Histórico

Antecedentes: En relación con el análisis, debemos destacar como antecedentes a su redacción la situación por la que estaba pasando España en plena ocupación francesa (Guerra de Independencia). En España se crearon Juntas locales y provinciales, estando por encima de todas ellas la Junta Suprema Central, que fue la encargada de convocar Cortes en Cádiz en 1810. Así se establecieron los Decretos de Cádiz, en donde se exponía la supresión de los señoríos y los mayorazgos, se aprobaba la libertad de imprenta, se suprimían también los gremios y la Inquisición y se limitaba el poder de la Mesta.

Desarrollo: A partir de estos Decretos se redactó la Constitución de Cádiz, de carácter liberal (1812), en donde también se estableció el sufragio universal masculino, la creación de la Milicia Nacional (cuerpo militar independiente del ejército) y se crearon los ayuntamientos, entre otras muchas medidas.

Esta Constitución, que se inspiró en las de Estados Unidos y Francia, respectivamente, estuvo vigente hasta 1814, cuando Fernando VII la derogó tras la Guerra de la Independencia, volviendo a implantarse durante el Trienio Liberal (1820-1823) y en el año 1836 hasta que se redactó la nueva constitución progresista de 1837.

Consecuencias: Lo que sí queda claro es que, gracias a este primer proceso constitucional en España, nuestro país caminó mucho más rápido hacia la senda de la democracia futura.