Exposición de Motivos del Decreto de Desamortización de Mendizábal

El presente documento constituye una fuente primaria de naturaleza política e ideológica. Su autor, Juan Álvarez Mendizábal, presidente del gobierno español en 1836, lo dirige a María Cristina de Borbón, reina regente de España, con el propósito de justificar el Decreto de Desamortización de los bienes del clero regular. La temática del texto es, por tanto, política y económica.

Justificación de la Desamortización

El tema central es la justificación de la desamortización ya iniciada, presentándose como preámbulo al Decreto del 19 de febrero. Mendizábal expone a la regente el carácter y los objetivos de su reforma, reflejando su ideología liberal progresista.

El texto enfatiza la búsqueda de la “felicidad pública”, al tiempo que exalta el reinado de Isabel II, asociándolo con el orden y la libertad. Uno de los objetivos de Mendizábal era, precisamente, consolidar el trono isabelino, aunque también existía una motivación económica apremiante: la financiación de las guerras carlistas.

Principios y Objetivos de la Reforma

La exposición revela los principios que Mendizábal pretendía aplicar. En el primer párrafo, se enumeran los objetivos, que a su vez constituyen las ideas secundarias:

  • Alcanzar la “felicidad pública”, buscando el apoyo popular.
  • Superar la grave crisis económica heredada del reinado de Fernando VII, criticando implícitamente al Antiguo Régimen.
  • Promover la industrialización, “desobstruyendo los canales de la industria y de la circulación”, en una crítica a la organización económico-social feudal del Antiguo Régimen.

Para lograr estos fines, Mendizábal propone la venta de los bienes nacionalizados, con el objetivo principal de reducir la deuda nacional.

Además, se plantea un objetivo político-social: crear “nuevos y fuertes vínculos” con el trono de Isabel II, generando una nueva clase de propietarios agrícolas que, junto a la burguesía, constituyeran la base del régimen liberal.

Antecedentes y Consecuencias de la Desamortización

Las primeras medidas desamortizadoras, previas a las de Mendizábal, fueron implementadas por Godoy durante el reinado de Carlos IV, por las Cortes de Cádiz y durante el Trienio Liberal. Sin embargo, estas iniciativas fueron anuladas durante los periodos absolutistas.

Los progresistas, al llegar al poder entre 1836 y 1837, retomaron estos proyectos. No obstante, la expectativa de que la desamortización generaría una amplia clase de nuevos propietarios no se materializó. Las tierras fueron adquiridas principalmente por quienes ya las poseían o por individuos con recursos, como funcionarios, militares o comerciantes.

No se creó, por tanto, una nueva clase de propietarios dedicados a la explotación profesional de la tierra. La propiedad simplemente cambió de manos, y los nuevos propietarios, en muchos casos, adoptaron una mentalidad rentista. Paradójicamente, esta nueva burguesía agraria apoyaría al partido moderado durante el resto del reinado de Isabel II.

Impacto y Legado

Aunque no se transformó radicalmente el sistema de propiedad de la tierra, la desamortización de Mendizábal sí contribuyó a financiar la Guerra Carlista y a sanear parcialmente la Hacienda Pública. Además, las medidas anticlericales de Mendizábal, incluyendo la supresión del diezmo, influyeron en la redacción de la Constitución de 1837, que, en una concesión a los moderados, incluyó el compromiso de financiar el culto católico, a pesar de declarar la aconfesionalidad del Estado.

El proceso desamortizador culminó en 1855, durante el Bienio Progresista, con la Ley de Desamortización General de Madoz, que incluyó la subasta de tierras municipales.

Consideraciones Finales

El objetivo principal de la desamortización era modernizar la economía española, predominantemente agraria y controlada por latifundistas, aristócratas y entidades religiosas, caracterizada por una baja productividad y escaso interés en la innovación. Se buscaba transferir la tierra a manos privadas que impulsaran cambios tecnológicos y nuevos cultivos para mejorar la producción y, de este modo, favorecer la industrialización. Esta idea, en principio, era positiva y necesaria para evitar el estancamiento de España frente a otras economías de mercado europeas más avanzadas.

Sin embargo, también existían motivaciones económicas (obtener ingresos para el Estado) y políticas (debilitar a la Iglesia y crear una base de apoyo al liberalismo). Aunque se recaudaron fondos para el Estado, se desaprovechó una oportunidad para modernizar el país y equipararlo a otras naciones europeas.