El régimen político y la acción de gobierno

El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente, María Cristina. Este consejo estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, y estaba formado por defensores del absolutismo. Las reformas que se implementaron fueron insuficientes y no modificaban la esencia del sistema político vigente. Cabe destacar la reforma con la que se llevó a cabo la división provincial de España, con el fin de proporcionar la unidad administrativa inexistente en el Antiguo Régimen.

Ante la extensión de la insurrección carlista y la falta de apoyos del régimen, la regente nombró un nuevo gobierno, presidido por Martínez de la Rosa. Este gobierno promulgó el llamado Estatuto Real, que era una convocatoria a Cortes y tuvo el mérito de poner fin al absolutismo. Las reformas emprendidas eran insuficientes, lo que generó una serie de revueltas urbanas en 1835 y 1836. María Cristina llamó a formar gobierno al liberal progresista Mendizábal.

Las ideas progresistas aparecen en la Constitución de 1837. Pero fue la desamortización la medida más revolucionaria del nuevo equipo liberal. Desde un punto de vista social, suponía:

  • Privar a los antiguos estamentos de su fuerza económica.
  • La sustitución en la práctica de la sociedad estamental por una sociedad clasista.
  • La posibilidad de dotar de tierra a la masa de campesinos que no la tenían.

Desde un punto de vista económico, entrañaba la posibilidad de mejorar el cultivo de tierras castigadas por el absentismo. Y, desde un punto de vista político, la desamortización permitiría crear una clase de nuevos propietarios adeptos al régimen, a cuya suerte iría unida, en lo sucesivo, la de su propia fortuna personal.

Sin embargo, la desamortización apenas cumplió estos objetivos, ya que se utilizó para sufragar la deuda del Estado y para hacer frente a los gastos de la guerra carlista. La dinámica política, muy compleja, supuso una alternancia de moderados y progresistas en el poder que, tras la regencia de María Cristina, estuvo en manos del general Espartero. A la oposición de Barcelona se unió el descontento entre los mismos progresistas, que veían en su gobierno casi una dictadura. Su sustituto, el general Narváez, nos introduce en la década moderada y la mayoría de edad de Isabel II.

Mayoría de edad de Isabel II

El régimen moderado quedará plasmado en la Constitución de 1845, que ofrece como características más destacadas:

  • La soberanía compartida.
  • Un parlamento bicameral.
  • Supresión de la Milicia Nacional.
  • Menos poderes para los ayuntamientos.
  • Menor importancia a los derechos y libertades.

El régimen dará un giro conservador y centralizador a su política, que se hará patente en la tendencia a la constitución de un orden jurídico unitario a través de un nuevo Código Penal y el proyecto del Código Civil. Además, se crea la Guardia Civil. Por miedo a un nuevo levantamiento carlista, se mantuvieron, por decreto de 1844, el mantenimiento de los ayuntamientos forales y las Juntas Generales de País Vasco y Navarra. A ello hay que añadir el sistema de impuestos uniforme que Alejandro Mon crearía para toda España. A esta reforma se uniría la organización definitiva de la administración provincial y local.

También se logra el acuerdo con la Iglesia gracias al Concordato de 1851, que reconoce la religión católica como “única de la nación española” a cambio de que la Iglesia reconozca la validez de la desamortización eclesiástica y el compromiso por parte del Estado de pagar al clero secular. Es importante destacar la Ley Moyano de 1857, ya que fue la primera gran ley de educación del país.

La oposición al régimen

La lucha armada contra el régimen vendrá por parte de los carlistas, como ya dijimos. La oposición al régimen vendrá del partido progresista, que se divide definitivamente en progresistas y demócratas. Los puntos de divergencia entre ambos grupos se manifiestan en que los demócratas tienen una más amplia concepción de las libertades, añadiendo la de conciencia, y los derechos de reunión, asociación e instrucción gratuita. Además, aspiran a implantar el sufragio universal masculino, cortes con una sola cámara, carácter electivo de los ayuntamientos, diputaciones y consejos de Estado, juicio por jurado; consideran a la corona como símbolo y órgano de la voluntad nacional. Además, aparece en su programa la preocupación por una intervención del Estado en la instrucción pública, la asistencia social y el sistema fiscal.

El desprestigio de la monarquía de Isabel II hizo ganar fuerza al republicanismo en detrimento del Partido Demócrata. Los republicanos defendían la república como la única opción democrática. Los progresistas gobernarían durante el bienio progresista tras una de las típicas revoluciones del s. XIX español: el pronunciamiento de O’Donnell, el manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, y la movilización popular en Madrid, Barcelona, San Sebastián y Zaragoza, son las fases del mismo. El intento de constituir al país de acuerdo con moldes progresistas se plasmará en la Constitución de 1856. Se continúa la labor desamortizadora por Pascual Madoz en 1855 con los bienes de propios y tierras comunales.

Fue un régimen inestable regido por dos personalidades diferentes: tras Espartero estaban los “progresistas puros” y tras O’Donnell la naciente Unión Liberal, de carácter ecléctico, dispuesta a aglutinar a los más transigentes entre moderados y progresistas. A la izquierda se sitúa el partido demócrata y a la derecha, una vez más, la oposición del carlismo.

La alternancia entre unionistas y moderados (1856-1868)

El nuevo período (1856-1863) está impregnado de una mentalidad ecléctica. O’Donnell intentó llevar a cabo un proyecto político en el que combinó los elementos fundamentales del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas, como la limitación de los poderes de la Corona y la aceptación de la desamortización civil. Se consiguió cierta estabilidad política, aunque las elecciones eran amañadas. En política exterior, el régimen intervendrá en el exterior en campañas de prestigio (Indochina, México, Marruecos).

En 1863 se produjo la desestabilización política, O’Donnell presentó su dimisión y la reina entregó el poder a los moderados. Entre 1863 y 1868 tuvo lugar el regreso de Narváez al poder y los antiguos principios del moderantismo. Impuso una forma autoritaria de gobierno frente a la inestabilidad política y social. Los progresistas, apoyados por los demócratas, optaron por la insurrección. La revolución de septiembre de 1868 significó el final de la monarquía de Isabel II y la búsqueda de un nuevo orden político y social, etapa conocida como el Sexenio Democrático.