El Sistema Político de la Restauración (1875-1923)

La Constitución de 1876 y sus Bases

El régimen de la Restauración se fundamentó en la Constitución de 1876, impulsada por Cánovas del Castillo. Aunque se estableció un gobierno liberal, las primeras elecciones bajo esta constitución fueron anuladas por fraude y corrupción electoral.

Se reconocía el catolicismo como religión oficial del Estado. La Iglesia Católica controlaba gran parte de la educación y se garantizaba un presupuesto estatal para el culto y el clero.

El sistema político era marcadamente centralista, poniendo ayuntamientos y diputaciones bajo el control directo del gobierno central. Se aplicaban las mismas leyes en todo el país, lo que llevó a la supresión de los fueros vascos tras la derrota carlista.

El Final de los Conflictos Bélicos

La estabilidad inicial del régimen se vio favorecida por el fin de dos importantes conflictos: la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba.

Fin de la Tercera Guerra Carlista

En 1875, la intervención del ejército al mando de Martínez Campos forzó la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia. El conflicto en el País Vasco y Navarra continuó hasta febrero de 1876. Tras la derrota carlista, se abolieron definitivamente los fueros vascos, quedando estos territorios sujetos al pago de impuestos comunes y al servicio militar obligatorio. Sin embargo, en 1878 se crearon los conciertos económicos, que otorgaban un cierto grado de autonomía fiscal a las provincias vascas a cambio del pago anual de una cantidad global (cupo) a la administración central, recaudada directamente por las diputaciones provinciales.

Fin de la Guerra de los Diez Años en Cuba

El final de la guerra carlista facilitó la resolución de la insurrección cubana (Guerra de los Diez Años, 1868-1878). Se firmó la Paz de Zanjón (1878), que incluía compromisos como la abolición de la esclavitud y reformas políticas y administrativas que permitirían a Cuba tener representantes en las Cortes españolas. El incumplimiento de estas reformas por parte de España provocó un nuevo conflicto en 1879 (la Guerra Chiquita) y la insurrección definitiva en 1895.

El Bipartidismo y el Turno Pacífico

Un Sistema Bipartidista: Conservadores y Liberales

Cánovas del Castillo concibió un sistema bipartidista en el que dos grandes partidos se alternasen pacíficamente en el gobierno, evitando así la necesidad de recurrir al ejército mediante pronunciamientos o golpes de Estado. Estos dos partidos dominantes, conocidos como partidos dinásticos o del turno, fueron:

  • El Partido Liberal-Conservador (o simplemente Conservador): Creado y liderado por el propio Cánovas del Castillo, aglutinaba a los sectores más moderados y herederos del antiguo Partido Moderado.
  • El Partido Liberal-Fusionista (o simplemente Liberal): Fundado y liderado por Práxedes Mateo Sagasta, presentaba programas más progresistas e incluía algunos ideales heredados del Sexenio Democrático.

Estos no eran partidos de masas en el sentido moderno, sino agrupaciones de notables con líderes políticos influyentes, redes clientelares, órganos de prensa afines y fuertes apoyos locales. El líder de cada partido jugaba un papel crucial manteniendo unidas a las diferentes facciones internas. Ambos partidos compartían principios fundamentales como la defensa de la monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación de un Estado unitario y centralista.

El Funcionamiento del Turno Dinástico y el Fraude Electoral

El mecanismo del turno pacífico funcionaba de la siguiente manera: cuando un gobierno sufría desgaste en su gestión o cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo, se sugería al rey el nombramiento de un nuevo gobierno. El nuevo presidente del gobierno era siempre el líder del partido de la oposición. Junto con su nombramiento, recibía el decreto real para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. El objetivo de estas elecciones no era reflejar la voluntad popular, sino asegurar que el nuevo gobierno obtuviera una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar cómodamente. Este resultado se lograba mediante un complejo sistema de fraude electoral y manipulación (conocido como pucherazo), orquestado desde el Ministerio de la Gobernación y ejecutado a nivel local por los caciques.

El resultado de las elecciones era, en esencia, acordado de antemano entre los dos partidos dinásticos. Esto evitaba que uno de los partidos monopolizara el poder indefinidamente y que el otro se viera tentado a recurrir al ejército para alcanzar el gobierno mediante un pronunciamiento militar. Al mismo tiempo, este sistema impedía eficazmente que otros partidos ajenos al turno (como carlistas y republicanos) pudieran acceder al poder.

El País Vasco durante la Restauración

Carlismo, Fueros y Estado Liberal

Carlismo y Liberalismo: La Cuestión Foral

El carlismo representaba una fuerte oposición al liberalismo. Su lema “Dios, Patria, Rey” atrajo especialmente a los sectores rurales de las provincias vascas. En contraste, la burguesía urbana apoyaba mayoritariamente el liberalismo y la causa isabelina. Tras la muerte de Fernando VII, los carlistas vascos defendieron la tradición y reivindicaron los fueros como parte inseparable del absolutismo y el Antiguo Régimen. En 1836, el lema carlista incorporó explícitamente la defensa de los fueros. Paralelamente, existió también un liberalismo fuerista que buscaba compatibilizar la tradición foral con el nuevo Estado liberal que se estaba construyendo desde las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

En Vizcaya, en 1833, campesinos alentados por el clero y la nobleza rural formaron partidas armadas bajo el mando del comandante Tomás de Zumalacárregui. En 1835, Zumalacárregui pasó a la ofensiva, apoderándose de guarniciones liberales. Los carlistas llegaron a dominar casi todo el territorio vasco, excepto las capitales (Bilbao, San Sebastián, Vitoria), algunos pueblos costeros y la franja entre Salvatierra/Agurain y Vitoria. Zumalacárregui propuso marchar sobre Vitoria para continuar hacia Madrid, pero Don Carlos (el pretendiente carlista) le ordenó tomar Bilbao. El asedio fue un fracaso y Zumalacárregui resultó herido mortalmente. A partir de entonces, la guerra entró en una fase de estancamiento que benefició a los isabelinos (liberales). Bilbao fue liberada por el general Espartero en 1836, y los carlistas tampoco lograron tomar San Sebastián. Ni la expedición del general carlista Miguel Gómez a Andalucía en busca de apoyos, ni la expedición que en 1837 llegó a las puertas de Madrid, ni la victoria carlista en Oriamendi y la toma de Hernani y Oiartzun pudieron impedir la victoria final de los liberales.

El Convenio de Vergara (1839)

Hacia 1839, el gobierno liberal contaba con un ejército más numeroso y las tropas carlistas mostraban signos de desánimo. Surgieron propuestas para poner fin a la guerra, como la iniciativa “Paz y Fueros” promovida por Muñagorri, que proponía abandonar las reivindicaciones dinásticas a cambio de conservar los fueros. Finalmente, el general carlista Rafael Maroto firmó el Convenio de Vergara el 31 de agosto de 1839 con el general liberal Baldomero Espartero. En el convenio, Espartero se comprometía a recomendar al gobierno que las Cortes concedieran o modificaran los fueros. Es importante notar que no se hablaba de confirmarlos, lo que implicaba un quiebre del principio de legitimidad histórica de los fueros. El convenio ofrecía una salida honorable para los combatientes carlistas del norte, permitiendo su integración en el ejército real.

La Ley de Octubre de 1839 y sus Modificaciones

Como consecuencia directa del Convenio de Vergara, se aprobó la Ley de 25 de octubre de 1839. Esta ley confirmaba los fueros “sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía“, intentando así integrarlos en el marco de la Constitución liberal de 1837. Sin embargo, cuando Espartero asumió la regencia en 1840 (tras el exilio de la regente María Cristina, a quien las diputaciones forales habían mostrado lealtad), la situación cambió. En 1841, las diputaciones vascas se sumaron a la sublevación moderada liderada por O’Donnell, que tuvo su epicentro en las provincias forales. La conspiración fracasó, y como represalia, Espartero firmó en Vitoria el decreto de 29 de octubre de 1841. Este decreto introdujo modificaciones significativas a la ley de 1839, alterando sustancialmente los fueros, aunque sin eliminarlos por completo:

  • Se eliminó la organización judicial propia vasca.
  • Se sustituyeron las Juntas Generales y las Diputaciones forales por Diputaciones provinciales ordinarias.
  • Se trasladaron las aduanas del interior (río Ebro) a la costa y a la frontera con Francia, poniendo fin al estatus del territorio vasco como zona franca.

La Última Etapa Foral (1844-1875)

Los intentos por derrocar al gobierno progresista de Espartero culminaron con su caída y el inicio de la Década Moderada (1844-1854). El decreto de 4 de julio de 1844 restituyó parte de las competencias forales suprimidas en 1841, pero mantuvo las aduanas en la costa y la frontera, lo cual satisfacía los intereses mineros, comerciales e industriales de la burguesía de Bilbao y San Sebastián. Durante este periodo, se consolidó un sistema mixto que combinaba elementos de la tradición foral con componentes liberales y constitucionales. Junto a las diputaciones provinciales (que gestionaban aspectos como la libertad de prensa y las elecciones), las diputaciones forales recuperadas se fortalecieron, aumentando sus competencias hasta controlar los presupuestos municipales.

Las provincias vascas perdieron competencias políticas significativas, pero ampliaron considerablemente su autonomía administrativa y económica. Se estableció un consenso entre las élites industriales y políticas que gobernaban, buscando integrar a las clases populares en el sistema a través de una política desarrollista (construcción de carreteras, puertos, granjas modelo, repoblaciones forestales) y asistencial (inversión en enseñanza, beneficencia, sanidad y gastos religiosos). Sin embargo, no se contemplaba una democratización real del poder. El clero vasco quedó amparado por las autoridades forales (ninguna provincia pagaba tributos estatales directos y se creó una diócesis propia en Vitoria). A pesar de la inestabilidad política a nivel nacional durante este periodo (con tres constituciones: 1837, 1845 y 1869) y las luchas entre moderados y progresistas, los fueros vascos gozaron de una relativa estabilidad, ya que los sucesivos regímenes intentaron compaginar el liberalismo con la tradición foral. Incluso cuando los progresistas volvieron al poder entre 1854 y 1868, no alteraron significativamente este estatus. Se observó una evolución del liberalismo vasco desde posiciones progresistas hacia un mayor conservadurismo, ejemplificado por figuras como Fermín Lasala Collado.

La Segunda Guerra Carlista (1872-1876)

Durante el Sexenio Democrático (1868-1874), la gran inestabilidad política dio nuevas alas al carlismo. En el País Vasco, además, la implantación de partidos progresistas, demócratas y republicanos era escasa. Asustada por el contenido democrático y laico del nuevo régimen, una parte de la oligarquía vasca, que anteriormente había aceptado un liberalismo moderado, se inclinó ahora hacia el carlismo, liderado por Carlos VII (nieto del primer pretendiente carlista, Carlos María Isidro). Inicialmente, Carlos VII optó por la vía legal, pero ya en 1869 hubo un intento de sublevación. La Segunda Guerra Carlista (conocida en la historiografía como Tercera Guerra Carlista a nivel nacional) comenzó en abril de 1872, pero el levantamiento inicial fue un fracaso y el 24 de mayo se firmó el Convenio de Amorebieta, que los carlistas aprovecharon para reorganizarse. En diciembre de 1872, se volvieron a sublevar. La renuncia al trono de Amadeo I, la proclamación de la Primera República y el levantamiento cantonal sumieron al bando liberal en el caos, permitiendo a los carlistas obtener victorias significativas en Eraul, Udabe y Montejurra entre mayo y noviembre de 1873. Los carlistas llegaron a controlar amplias zonas rurales y poblaciones importantes como Tolosa. Envalentonados, decidieron atacar Bilbao, el gran símbolo del liberalismo vasco. Tras tomar Portugalete en enero de 1874, iniciaron el sitio de Bilbao. La ciudad resistió los bombardeos hasta ser liberada por el general liberal Manuel Gutiérrez de la Concha el 2 de mayo de 1874. A pesar de esta derrota, los carlistas aún controlaban un extenso territorio vasco-navarro, que organizaron como un proto-Estado con capital en Durango, nombrando un gobierno con tres ministerios (Guerra, Estado e Interior), creando un boletín oficial, un tribunal real de justicia, una casa de moneda e incluso la Universidad de Oñati. Sin embargo, la situación militar se estancó: el sitio de Pamplona no avanzaba y el bloqueo de Irún fracasó.

Con la Restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII (diciembre de 1874), el nuevo gobierno centró sus esfuerzos en acabar con la guerra carlista, donde ya empezaban a cundir el desencanto y las disensiones internas. Tras la batalla de Zumelzu el 7 de julio de 1875, comenzó un lento repliegue y desintegración del ejército carlista. En enero de 1876 se lanzó la ofensiva final: el general Quesada expulsó a los carlistas del triángulo Durango-Elorrio-Oñati, mientras las tropas de Martínez Campos tomaron Estella y se desplegaron por el noroeste navarro hasta alcanzar San Sebastián. El 27 de febrero de 1876, Carlos VII cruzó la frontera hacia Francia por Arnéguy, dándose la guerra por finalizada.

La Abolición Foral y el Concierto Económico (1876-1878)

La Restauración de la monarquía Borbónica en la persona de Alfonso XII significó un cambio decisivo en el modelo administrativo vasco. La presión política para la supresión definitiva de los fueros era muy grande, ya que se consideraba que su existencia había sido una de las causas del estallido de la sublevación carlista. La nueva Constitución de 1876 no hacía ninguna mención específica a la foralidad vasca. A pesar de los esfuerzos de los diputados vascos en las Cortes, no pudieron impedir la aprobación de la ley de 21 de julio de 1876, conocida como la ley de abolición de los fueros. Aunque la ley no hablaba literalmente de “abolición”, sí decretaba la obligación para las provincias vascas de cumplir con las quintas (servicio militar obligatorio) y las contribuciones (impuestos) generales del Estado, al igual que el resto de España. No obstante, la ley preveía un régimen transitorio donde el gobierno podía delegar en las diputaciones la forma de presentar los cupos de hombres para las quintas, abriendo así la posibilidad de negociar una fórmula de autonomía fiscal y administrativa. Más que una ley de abolición total, fue una ley de modificación sustancial y subordinación a la unidad constitucional.

Inicialmente, no hubo acuerdo entre los representantes vascos y el gobierno de Cánovas del Castillo, lo que derivó en la supresión formal de las instituciones forales tradicionales (Juntas Generales y Diputaciones Forales). Sin embargo, ante el fuerte rechazo y la resistencia pasiva de la sociedad vasca a la aplicación de la ley, el gobierno y las nuevas diputaciones provinciales vascas (elegidas según la legislación común) llegaron finalmente a un acuerdo. Este acuerdo se plasmó primero en el Real Decreto de 13 de noviembre de 1877 y, de forma definitiva, en el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, que estableció el sistema de Concierto Económico. Según este sistema, que inicialmente tendría una vigencia de 8 años, la mayor parte de los impuestos serían gestionados y recaudados directamente por las diputaciones de cada provincia vasca. A cambio, estas diputaciones pagarían anualmente al Estado una cantidad global fija, denominada cupo, previamente negociada.

Los Conciertos Económicos se fueron prorrogando sucesivamente en las décadas siguientes, variando los impuestos concertados y el montante del cupo, y permitiendo a las diputaciones vascas asumir crecientes competencias administrativas.

Las Crisis del Sistema de la Restauración

La Guerra Hispano-Estadounidense y la Pérdida de las Últimas Colonias (1898)

La política exterior española durante la Restauración había intentado evitar un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Sin embargo, la opinión pública y amplios sectores políticos estadounidenses eran cada vez más favorables a una intervención militar en Cuba. La última insurrección cubana, iniciada en 1895, contó con un considerable apoyo (incluyendo suministro de armas) desde Estados Unidos. En 1897, el presidente estadounidense William McKinley decidió intervenir directamente en el conflicto. La excusa utilizada fue la misteriosa explosión y hundimiento del acorazado estadounidense Maine, que se encontraba anclado en la bahía de La Habana en febrero de 1898. La negativa de España a aceptar un ultimátum estadounidense que exigía la renuncia a la isla desencadenó la Guerra Hispano-Estadounidense. Casi simultáneamente, se reanudó la insurrección independentista en Filipinas, también con apoyo estadounidense.

La superioridad naval de EE.UU. fue aplastante. La flota española fue destruida en dos batallas decisivas: la de Cavite (Filipinas) en mayo de 1898 y la de Santiago de Cuba en julio de 1898. Ante la imposibilidad de continuar la guerra, el gobierno español tuvo que solicitar la paz.

El Tratado de París se firmó el 10 de diciembre de 1898. Por este tratado, España cedió Cuba (que obtuvo una independencia tutelada por EE.UU.), Puerto Rico y Filipinas a los Estados Unidos a cambio de una compensación económica. Al año siguiente, en 1899, España vendió a Alemania las últimas posesiones que le quedaban en el Pacífico (islas Marianas, Carolinas y Palaos). Con ello, se perdieron los últimos restos del vasto imperio colonial español en América y Asia.

Las Consecuencias de la Crisis de 1898: El Regeneracionismo

La derrota en la guerra contra Estados Unidos fue percibida como una profunda humillación nacional por la sociedad española y supuso una verdadera conmoción moral y política. Se popularizó la expresión “Desastre del 98” para referirse a este evento, que simbolizaba la decadencia de un imperio definitivamente derrotado y evidenciaba la profunda crisis del país. Este clima de pesimismo y frustración se plasmó en la obra de un grupo de intelectuales y escritores conocidos como la Generación del 98 (entre ellos, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón del Valle-Inclán, Azorín). Estos autores intentaron analizar críticamente los problemas de España y coincidieron en la urgente necesidad de una regeneración moral, social y cultural del país.

Aunque la guerra supuso pérdidas materiales significativas en las colonias (pérdida de ingresos fiscales, mercados preferentes, etc.), en la metrópoli tuvo algunos efectos económicos inesperadamente beneficiosos a corto plazo, como la repatriación de capitales desde Cuba, que contribuyó a la fundación de nuevos bancos y a una cierta recuperación económica a comienzos del siglo XX.

Políticamente, el Desastre del 98 puso en jaque al sistema de la Restauración y a sus dos partidos dinásticos, cuya credibilidad quedó seriamente dañada. El descontento contribuyó al crecimiento de los nacionalismos periféricos, especialmente en el País Vasco y Cataluña. Surgió con fuerza una corriente ideológica y política conocida como Regeneracionismo, que denunció los vicios y defectos del sistema de la Restauración (caciquismo, fraude electoral, atraso económico y cultural) y propugnó la necesidad de una profunda renovación y modernización del sistema político y de la sociedad española.

La Semana Trágica de Barcelona y sus Consecuencias (1909)

La Política Colonial en Marruecos

Tras el Desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, España buscó compensar su menguado prestigio internacional iniciando, a partir de 1906, una nueva aventura colonial en el Norte de África. La Conferencia Internacional de Algeciras (1906) y el posterior Tratado Hispano-Francés (1912) establecieron un protectorado franco-español sobre Marruecos. A España se le concedió la administración de una franja territorial en el norte (la zona del Rif) y un enclave en la costa atlántica (Ifni y el Río de Oro – Sáhara Occidental). Los motivos de esta intervención eran diversos: intereses económicos (explotación minera), geoestratégicos (control del Estrecho de Gibraltar) y políticos (restaurar el prestigio del ejército y convertir a España, aunque fuese modestamente, en una nueva potencia colonial).

La presencia española en Marruecos fue contestada desde el principio por las tribus bereberes locales (las cabilas). A partir de 1909, la presencia militar española tuvo que intensificarse debido a los continuos ataques de los rifeños. En julio de 1909, un intento de las tropas españolas por asegurar las posiciones alrededor de Melilla culminó en una dura derrota en el Barranco del Lobo, con numerosas bajas. Como respuesta, el gobierno conservador de Antonio Maura decidió incrementar el contingente militar en la zona, decretando la movilización de reservistas, muchos de ellos casados y con hijos.

La Revuelta de la Semana Trágica

El envío de estos reservistas, pertenecientes en su mayoría a familias humildes (ya que las clases acomodadas podían librarse del servicio militar mediante el pago de una redención), provocó una oleada de protestas, especialmente en Barcelona. Estos sucesos, conocidos como la Semana Trágica, contaron con el apoyo de anarquistas, socialistas y republicanos. La chispa saltó el 18 de julio de 1909 durante el embarque de las tropas en el puerto barcelonés. El sindicato anarquista Solidaridad Obrera hizo un llamamiento a la huelga general para el 26 de julio, que fue secundado por la UGT (socialista) y diversos grupos republicanos.

La revuelta se prolongó durante una semana y adquirió un fuerte componente antimilitarista y, sobre todo, anticlerical, reflejando el rechazo popular a la hegemonía social y cultural de la Iglesia. Se levantaron barricadas en las calles y fueron incendiados más de 80 edificios religiosos (conventos e iglesias). El gobierno declaró el estado de guerra y envió refuerzos militares para reprimir duramente las manifestaciones. El balance final fue de más de 100 muertos, unos 300 heridos y numerosos destrozos. La normalidad fue restablecida el 29 de julio. La represión posterior fue muy dura: centenares de personas fueron detenidas y unas 1500 fueron sometidas a consejos de guerra sumarísimos, que dictaron 17 condenas a muerte. De ellas, se ejecutaron 5, incluyendo la del pedagogo anarquista y librepensador Francisco Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna. Aunque no participó directamente en los sucesos, fue acusado de ser el instigador intelectual de la revuelta. Su proceso y ejecución generaron una enorme ola de protestas tanto dentro como fuera de España.

Consecuencias Políticas

La Semana Trágica y su brutal represión tuvieron importantes consecuencias políticas:

  • Provocaron una profunda crisis en el sistema de la Restauración, desestabilizando a los partidos del turno dinástico.
  • Causaron la caída del gobierno conservador de Antonio Maura. La dureza de la represión unió a liberales y republicanos en una campaña de crítica contra el gobierno (“¡Maura no!”). Ante la presión, el rey Alfonso XIII retiró su confianza a Maura, disolvió las Cortes y entregó el gobierno al líder liberal José Canalejas.
  • Canalejas intentó llevar a cabo un último programa reformista desde dentro del sistema (“regeneración desde el poder”), pero su asesinato por un anarquista en 1912 truncó sus planes.
  • Se aceleró la fragmentación de los partidos dinásticos, que perdieron a sus líderes históricos (Cánovas había sido asesinado en 1897, Sagasta murió en 1903) o vieron muy debilitado su liderazgo (Maura, Canalejas). En el Partido Liberal, surgieron figuras como Santiago Alba y el Conde de Romanones, que se alternaron en el poder en un clima de creciente inestabilidad. En el Partido Conservador, destacó Eduardo Dato, que formó gobierno en 1913 y también murió víctima de un atentado anarquista en 1921.
  • La crisis también impulsó una reorganización de las fuerzas de oposición: el republicanismo se fortaleció con la creación del Partido Reformista (liderado por Melquíades Álvarez) y el acercamiento entre las diversas fuerzas de izquierdas (crecimiento de la Conjunción Republicano-Socialista). Por otro lado, el republicanismo populista de Lerroux (lerrouxismo) cayó en descrédito tras su ambigua actuación durante la Semana Trágica, y muchos obreros que le seguían se pasaron al anarcosindicalismo (representado por la CNT, fundada en 1910).
  • Se reforzó un catalanismo republicano y de izquierdas, como reacción al desprestigio de la Lliga Regionalista (el partido del catalanismo conservador liderado por Prat de la Riba y Cambó), a la que se acusó de haber apoyado la represión gubernamental.

La Crisis de 1917: Militar, Política y Social

A principios de 1917, la situación en España estaba marcada por un creciente descontento social, agravado por el impacto económico de la Primera Guerra Mundial. Aunque España se mantuvo neutral en el conflicto, la guerra provocó una fuerte inflación y escasez de productos básicos, lo que supuso un drástico empeoramiento del nivel de vida de las clases populares, mientras que los empresarios obtenían enormes beneficios (gracias a las exportaciones a los países beligerantes).

La crisis estalló abiertamente en marzo de 1917, cuando la CNT (anarcosindicalista) y la UGT (socialista) convocaron conjuntamente una huelga para protestar por el encarecimiento de los productos de primera necesidad. El gobierno conservador de Eduardo Dato respondió suspendiendo las garantías constitucionales, clausurando las Cortes e imponiendo la censura de prensa.

Esta situación de tensión desembocó, durante el verano de 1917, en una triple crisis que amenazó con derribar el sistema de la Restauración:

  • Conflicto militar: Los oficiales del ejército peninsular, en desacuerdo con el sistema de ascensos que primaba los méritos de guerra obtenidos en Marruecos (favoreciendo a los “africanistas”), se organizaron en unas Juntas de Defensa. Estas juntas reclamaban mejoras salariales y profesionales, y representaban un desafío a la autoridad del gobierno civil.
  • Conflicto político: Ante la clausura de las Cortes, los partidos de la oposición (republicanos, reformistas, socialistas y catalanistas de la Lliga Regionalista) se reunieron en Barcelona en una Asamblea de Parlamentarios (convocada por la Lliga). Esta asamblea reclamó la formación de un gobierno provisional, la celebración de Cortes Constituyentes para elaborar una nueva Constitución y la descentralización del Estado.
  • Conflicto obrero (social): En agosto de 1917, los sindicatos UGT y CNT convocaron una huelga general revolucionaria en toda España, con el objetivo de derrocar al régimen e instaurar una república democrática.

La reacción del gobierno fue contundente:

  • La huelga general fue duramente reprimida por el ejército. Se produjeron enfrentamientos violentos con decenas de muertos y centenares de heridos. Los miembros del comité de huelga (entre ellos los socialistas Largo Caballero y Besteiro) fueron detenidos, encarcelados y sometidos a consejo de guerra.
  • El gobierno negoció con las Juntas de Defensa militares, aceptando parte de sus reivindicaciones y logrando su disolución temporal.
  • Se prohibió la reunión de diputados y senadores convocada para el 19 de julio en Madrid, que fue disuelta por la Guardia Civil.

La acción conjunta de estos tres conflictos (militar, político y social) podría haber provocado la quiebra definitiva del sistema de la Restauración. Sin embargo, los tres movimientos actuaron por separado y con objetivos distintos, sin llegar a coordinarse eficazmente. Ante el peligro de una revolución social, el ejército cerró filas en apoyo de la monarquía y el orden establecido. La burguesía representada en la Asamblea de Parlamentarios (especialmente la Lliga Regionalista) también retrocedió, asustada por la radicalidad de la huelga obrera y temerosa de perder el control de la situación.

El fracaso del movimiento de 1917 permitió que el sistema de la Restauración se mantuviera artificialmente durante cinco años más, pero evidenció su profunda crisis y la imposibilidad de resolver los graves problemas del país (sociales, políticos, regionales y militares) dentro del marco canovista. La inestabilidad política y social se agudizaría en los años siguientes, conduciendo finalmente al golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.