La Crisis del Antiguo Régimen y la Invasión Napoleónica (1788-1814)

Contexto de la Crisis del Antiguo Régimen

El final del siglo XVIII y principios del XIX en España se caracteriza por:

  • El fin de las políticas reformistas, dado el temor a la expansión de las ideas revolucionarias que triunfan en Francia. Esto motivará el cordón sanitario de Floridablanca y la llegada al gobierno de Manuel Godoy, favorito del rey Carlos IV.
  • Una crisis económica generalizada, marcada por la interrupción del comercio con América y el fracaso de las primeras medidas de desamortización.
  • Una total sumisión a la política exterior marcada por Francia.
  • Las Abdicaciones de Bayona: La lucha entre los miembros de la Familia Real se intensifica. La oposición del “Partido Fernandino“, que apoya al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, contra la trilogía formada por los Reyes (Carlos IV y María Luisa de Parma) y Godoy, culminará con la intervención de Napoleón Bonaparte y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII en favor del Emperador francés.

Temor a la Expansión Revolucionaria y el “Cordón Sanitario”

Se paralizan todas las medidas que, en secreto, se deliberaron en las Cortes de 1789 (como la posible supresión de la Ley Sálica o limitaciones a la acumulación de las propiedades vinculadas).

Se establece una especie de “cordón sanitario” en la frontera francesa para impedir la entrada en España de libros y todo tipo de publicaciones que difundan las ideas revolucionarias. Se impone la censura de publicaciones y libros, y se utiliza al Tribunal de la Inquisición para perseguir a los difusores de las nuevas ideas. Algunos ilustrados como Cabarrús, Campomanes y Jovellanos sufrirán de distintos modos la persecución del Alto Tribunal.

La Crisis Económica Generalizada

Las dificultades de la Hacienda Real se agravarán por las guerras, primero contra Francia (Guerra de la Convención) y, sobre todo, con los enfrentamientos contra Gran Bretaña, casi continuos desde 1796.

La paralización del comercio con América, el freno que representa para la producción industrial y la reducción consiguiente de los ingresos llevará a la monarquía a recurrir a préstamos y a la emisión de vales reales, que llegarán a perder una gran parte de su valor (en 1802, hasta el 75%).

La insuficiencia de estas medidas y el agravamiento de la crisis económica por las malas cosechas y la inflación, llevaron a promover:

  • La enajenación voluntaria de los mayorazgos.
  • La desamortización de los establecimientos de beneficencia pública regidos por la Iglesia (Desamortización de Godoy). Para atraer a los compradores, se consiguió que en 1805 el Papa publicara un breve autorizando la desamortización de estos bienes.

Sin embargo, el endeudamiento del Estado, que no es mitigado ni por la desamortización ni por la emisión de vales reales, provoca una mayor presión fiscal. El incremento de impuestos, junto con otros factores como las malas cosechas, la subida del precio de los alimentos y la baja de los salarios, provocarán un gran malestar social, que viene acompañado por frecuentes motines de subsistencias y motines antifiscales.

El Tratado de Fontainebleau y la Ocupación Francesa

Francia quiere excluir a Inglaterra del comercio europeo (Bloqueo Continental), pero Portugal, aliado tradicional británico, se niega. Francia y España firman el Tratado de Fontainebleau (1807) para invadir Portugal, permitiendo el paso de las tropas francesas por España a cambio de un futuro reparto de los territorios portugueses.

Sin embargo, las tropas francesas, más numerosas de lo pactado, comienzan a ocupar estratégicamente guarniciones españolas como las de Vitoria, Pamplona y Barcelona, y Napoleón revela sus intenciones de controlar toda la península, tratando incluso de incorporar territorios del norte del Ebro a Francia. Ante la creciente tensión, la Familia Real se desplaza al sur, al Palacio Real de Aranjuez.

El Motín de Aranjuez y las Abdicaciones de Bayona

El Motín de Aranjuez (marzo de 1808) estalla debido a:

  • El resentimiento y la división entre el príncipe heredero (Fernando) y la ‘trinidad’ gobernante (Carlos IV, María Luisa de Parma y Godoy).
  • La pérdida del apoyo exterior e interior de Godoy.
  • El descontento generalizado: la nobleza, los campesinos y la Iglesia se oponen a Godoy por la crisis de subsistencia, el malestar social, la sumisión de España a Francia, la paralización del comercio con América, la crisis industrial y el aumento del paro. La nobleza, además, aspira a recuperar poder en el gobierno.

Como resultado del motín, instigado por el partido fernandino, Carlos IV es obligado a destituir a Godoy y a abdicar en su hijo, Fernando VII. Godoy es encarcelado. Poco después, el ejército francés, bajo el mando de Murat, entra en Madrid. Murat no reconoce a Fernando VII y convence a Carlos IV para que declare nula su abdicación. Ante la disputa dinástica, Murat persuade a Carlos IV para que pida la mediación de Napoleón, quien convoca a toda la Familia Real a Bayona.

En las Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808), Napoleón consigue hábilmente que Fernando VII devuelva la corona a su padre, Carlos IV, y que este, a su vez, abdique en el propio Napoleón, quien finalmente cederá el trono de España a su hermano, José Bonaparte.

El Reinado de José I Bonaparte

José I es proclamado rey de España poco después de la aprobación del Estatuto de Bayona (una carta otorgada). Su reinado (1808-1813) estará condicionado por:

  • La carencia de apoyo social amplio.
  • La constante injerencia de su hermano Napoleón.
  • La realidad de la Guerra de Independencia española (1808-1814).

Cuenta solo con el apoyo de los afrancesados, un grupo heterogéneo formado mayoritariamente por cargos burocráticos que prestaron juramento (juramentados) y una élite intelectual y política defensora de las reformas ilustradas y contraria al Antiguo Régimen. Sin embargo, recibe el rechazo frontal de la mayor parte de la población española.

La resistencia armada del pueblo español supuso la presencia constante en España de un numeroso ejército francés. Los jefes militares franceses actuarán en sus respectivos territorios como verdaderos virreyes, aceptando únicamente las órdenes directas de Napoleón.

Estos factores reducen notablemente la capacidad y la acción reformista de José I. De hecho, la principal legislación modernizadora de inspiración francesa durante este periodo se debe directamente al emperador Napoleón, promulgada durante su breve estancia en España a finales de 1808 (tras la Batalla de Somosierra). Se trata de los Decretos de Chamartín, que suprimen el Régimen Señorial y la Inquisición, y reducen a un tercio los conventos masculinos, permitiendo la desamortización de los bienes de los conventos suprimidos.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Restauración del Absolutismo

Tras su regreso a España en 1814 y el apoyo recibido por parte de absolutistas (Manifiesto de los Persas) y del ejército, Fernando VII deroga la Constitución de 1812 y toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Restablece las viejas instituciones administrativas del Antiguo Régimen: el Sistema de Consejos, las Secretarías de Despacho, las Capitanías Generales, las Audiencias y las Chancillerías. Cesó a los ayuntamientos constitucionales y volvió a nombrar corregidores y alcaldes mayores. Recupera los antiguos privilegios estamentales, las exenciones fiscales y las rentas señoriales. Se suspende la Desamortización iniciada en Cádiz y se restablece el sistema fiscal del Antiguo Régimen. Se restablecen también los gremios y el Honrado Concejo de la Mesta.

Problemas Económicos y Políticos

La política de Fernando VII en este periodo será totalmente inmovilista y arbitraria. El gobierno, sin coordinación entre ministros y con unos gabinetes muy inestables (la vida media de los ministros era de unos 6 meses), estará formado por una camarilla de personajes cercanos al rey, a menudo incompetentes. Serán incapaces, desde las estructuras del Antiguo Régimen, de afrontar los graves problemas del país: un territorio arruinado por la guerra, una profunda depresión económica y el imparable avance de los movimientos independentistas en América.

A estas circunstancias hay que añadir el colapso comercial (por la pérdida virtual del mercado americano), la enorme deuda del Estado (incrementada durante la Guerra de la Independencia) y los costes de la guerra y la progresiva pérdida de las colonias en América (que suponían una drástica disminución de los ingresos fiscales y un incremento de los gastos militares).

La expansión y el triunfo de las ansias de Independencia en las posesiones españolas en América se consolidan ante la incapacidad del gobierno fernandino de reunir una flota y los recursos necesarios para embarcar un ejército potente hacia América.

Los Pronunciamientos Liberales

En el reinado de Fernando VII se iniciará y consolidará un tipo de acción militar característica del siglo XIX español: el pronunciamiento. Se trata de un levantamiento de una parte del ejército que se “pronuncia” públicamente a favor de un cambio político, en este caso, de implantar una monarquía liberal constitucional, continuadora de la labor de las Cortes de Cádiz.

La respuesta de Fernando VII a la experiencia liberal de Cádiz fue la anulación de la Constitución y la persecución de sus impulsores. Su política frente a liberales y afrancesados fue de represión sistemática. Los afrancesados más destacados sufrieron el exilio; los que se quedaron en España, la depuración (expulsión de sus cargos) e inhabilitación de sus empleos. Los liberales fueron castigados con el presidio o también tuvieron que exiliarse.

Con Fernando VII se inicia en España el concepto moderno de delito político (persecución por el pensamiento e ideas contrarias al Régimen) y la dolorosa experiencia del exilio masivo de los opositores políticos (una práctica que, lamentablemente, se repetiría en España hasta 1975). El recurso a la violencia política y a la conspiración militar por parte de los liberales, dada la feroz persecución (encarcelamiento, exilio…) y su exclusión total del sistema, dará lugar a numerosos intentos de pronunciamiento durante el Sexenio (Espoz y Mina, Porlier, Lacy, etc.), aunque todos fracasaron hasta 1820.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), al frente de las tropas que iban a embarcar hacia América, triunfa. Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución de 1812, dando inicio al Trienio Liberal.

Expansión de la Cultura Política Liberal

Esta etapa supondrá una notable expansión de la cultura política liberal, principalmente en las ciudades. Esto fue posible gracias a la restauración de las libertades constitucionales: libertad de imprenta (que permite la difusión de la prensa política), libertad de reunión (que favorece la proliferación de los cafés como centros de debate y la creación de sociedades patrióticas y clubes políticos).

Oposición al Régimen Constitucional

Desde el punto de vista social, el Trienio contará con el descontento y la oposición activa de los antiguos estamentos privilegiados: la nobleza, por medidas como la desvinculación de los mayorazgos y la definitiva abolición de los señoríos jurisdiccionales; y el clero, afectado por la Ley de Regulares (supresión de monasterios y reducción del número de religiosos) y las nuevas medidas desamortizadoras.

Por el contrario, el régimen constitucional cuenta con el apoyo de los intelectuales, profesionales liberales (abogados, médicos, etc.), gran parte de la oficialidad del ejército, comerciantes, burguesía urbana y poseedores de vales de la deuda pública (interesados en la desamortización).

La Obra Legislativa del Trienio

La obra legislativa del Trienio comienza con la recuperación y puesta en vigor de toda la obra y decretos de las Cortes de Cádiz, así como de la Constitución de 1812. Se reinstauran las libertades económicas (industria, comercio), se confirma la abolición de los señoríos y se impulsa una nueva concepción de la propiedad privada, que viene acompañada de una nueva desamortización eclesiástica. Por primera vez se va a aplicar de forma más sistemática el proceso desamortizador diseñado en Cádiz (considerado un antecedente de la posterior desamortización de Mendizábal), que vincula la reforma del clero regular y la declaración de sus bienes como bienes nacionales, su subasta pública (generalmente en grandes lotes) y la posibilidad de pago con vales reales de la deuda pública.

División de los Liberales: Moderados y Exaltados

Pronto surgirá una división dentro de las filas liberales entre dos tendencias principales:

  • Moderados (o doceañistas): Figuras como Martínez de la Rosa, Argüelles, Pérez de Castro. Son partidarios de la transacción y del pacto con los sectores reformistas de los antiguos estamentos privilegiados. Creen que no es posible el acercamiento a las élites con la radicalidad democrática de la Constitución de 1812. Por ello, son partidarios de reformarla para crear una nueva Constitución donde se fortalezcan los poderes del Rey respecto a las Cortes, se implante la soberanía compartida (Rey y Cortes) y se introduzca una segunda Cámara legislativa (el Senado, de carácter más conservador) que corrija los posibles excesos del Congreso. Gobernaron en la primera parte del Trienio.
  • Exaltados (o veinteañistas): Más radicales. Figuras como Evaristo San Miguel, Calatrava, Alcalá Galiano. Defienden la Constitución de 1812 como intocable. Propugnan la soberanía nacional sin cortapisas, la electividad democrática de los ayuntamientos, una mayor participación política popular y confían en la Milicia Nacional (cuerpo de ciudadanos armados) como defensora del Orden Público y del régimen constitucional. Gobernaron en la fase final del Trienio.

La Contrarrevolución Absolutista

Los absolutistas (llamados también realistas o apostólicos), apoyados en secreto por el propio Fernando VII, recurrirán a la conspiración y a la revuelta armada (partidas realistas). Su justificación era que el Rey estaba ‘secuestrado’ por los liberales, que el nuevo régimen era ilegítimo y que se había impuesto fruto de una conspiración liberal-masónica.

El clero, especialmente el regular, recupera su papel protagonista en la movilización contrarrevolucionaria, a semejanza de lo ocurrido en 1813-1814 (se sentían directamente afectados por la supresión de la Inquisición, la Ley de Regulares, la desamortización…). Su mensaje antiliberal va a tener un importante eco en la sociedad rural del Norte de la Península (Galicia, Asturias, Cantabria), Cataluña interior, Meseta Norte, Navarra y País Vasco, donde también es importante la defensa de los fueros tradicionales frente al centralismo liberal.

Finalmente, la intervención extranjera solicitada por Fernando VII a las potencias absolutistas de la Santa Alianza (Congreso de Verona, 1822) pondrá fin al Trienio. Un ejército francés, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, invade España en 1823 sin apenas resistencia y restaura a Fernando VII como monarca absoluto.

La Década Ominosa (1823-1833)

Represión y Exilio

El apodo de ‘ominosa’ (abominable, funesta) para esta última década del reinado de Fernando VII hace referencia a la intensa represión política que se va a desarrollar contra los liberales: captura y ejecución de símbolos liberales como Riego, formación de juntas de purificación en las provincias (que supusieron la depuración de más de 20.000 funcionarios y empleados públicos), comisiones militares para depurar el ejército (más de 1.000 oficiales fueron cesados o degradados, 132 fueron fusilados), represión generalizada de liberales (con ejecuciones como la de Mariana Pineda en Granada por bordar una bandera liberal), y la persecución implacable de todas las conspiraciones e intentos de pronunciamiento liberal (la mayoría preparados desde el exilio en Londres, Gibraltar y París), desde el intento de desembarco de Valdés en Tarifa en 1824 hasta el último y trágico intento del general Torrijos y sus compañeros en Málaga en 1831.

A partir de esta fecha, ante el fracaso de la vía insurreccional, en los sectores liberales moderados se afianzará la idea de buscar una transición pactada hacia un liberalismo conservador, aprovechando la crisis sucesoria. Este proceso se materializará entre 1832-34, y su culmen será el Estatuto Real de 1834, ya bajo la regencia de María Cristina.

Reformismo Absolutista y División Interna

Después de terminar con la experiencia del Trienio Liberal y volver a imponer el Absolutismo, Fernando VII, sin embargo, no repone la Inquisición (abolida por los liberales) y, presionado por las potencias europeas, adopta algunas reformas administrativas moderadas. Además, no asegura el disfrute de los empleos y recompensas a todos los realistas que habían intervenido violentamente contra los liberales en 1823 (creando descontento en este sector).

La principal novedad política en esta etapa es que entre las filas absolutistas van a desarrollarse dos tendencias enfrentadas:

  • Reformistas: Partidarios de introducir reformas técnicas y administrativas, sin tocar las bases del absolutismo, para mejorar la eficacia del Estado y solucionar la grave crisis financiera. Se apoyarán en la figura de la futura reina Isabel.
  • Apostólicos (o ultrarrealistas): Defensores del absolutismo más intransigente y del Antiguo Régimen en su totalidad. Se oponen a cualquier tipo de reforma y desconfían de Fernando VII. Se agruparán en torno al hermano del rey, Carlos María Isidro.

La Cuestión Sucesoria: La Pragmática Sanción

El 29 de marzo de 1830, el Rey Fernando VII decide publicar la Pragmática Sanción de 1789 (aprobada por las Cortes bajo Carlos IV pero no publicada). Esta ley anulaba la Ley Sálica (introducida por Felipe V) que impedía reinar a las mujeres si había herederos varones en la línea principal o lateral. Poco después, nace su hija Isabel. El rey firmó un Real Decreto reconociendo a su hija el título de Princesa de Asturias, heredera al trono y «legítima sucesora a mi Corona mientras Dios no me conceda un hijo varón».

Con esta medida, apartaba de la sucesión del reino a su hermano Carlos María Isidro, hasta entonces heredero presunto.

Carlos María Isidro y su mujer María Francisca de Braganza eran profundamente tradicionalistas y contaban con el apoyo de los absolutistas apostólicos y los defensores más acérrimos del Antiguo Régimen.

En septiembre de 1832, aprovechando una grave enfermedad del Rey que hizo temer por su vida, estos sectores ultrarrealistas, encabezados por el ministro de Gracia y Justicia Francisco Tadeo Calomarde, presionaron intensamente al monarca moribundo (amenazando con la inevitable guerra civil que sucedería si no respetaba la Ley Sálica tradicional) para conseguir que firmase un decreto que anulaba la Pragmática Sanción.

Aunque la intención era que este decreto permaneciese en secreto hasta la muerte del rey, la noticia se filtró. Los partidarios de la sucesión de Isabel (liberales moderados y absolutistas reformistas), junto con la esposa del hermano menor de Fernando VII, Francisco de Paula, la infanta Luisa Carlota (hermana de la reina María Cristina), influyeron decisivamente sobre la reina y sobre el propio Rey, una vez que este experimentó una inesperada mejoría en su salud. Destaca el famoso incidente en que Luisa Carlota abofeteó a Calomarde («manos blancas no ofenden»). Consiguieron que el Rey actuase en consecuencia, destituyendo a los ministros apostólicos.

El 31 de diciembre de 1832, Fernando VII firma un decreto en el que declaraba nulo y sin efecto el decreto derogatorio de la Pragmática Sanción que había firmado en septiembre. En junio de 1833, las Cortes, reunidas según el modo tradicional, juraron a la infanta Isabel como Princesa de Asturias y legítima heredera.

En septiembre de 1833, Fernando VII muere. En su testamento, nombra como Gobernadora y Regente durante la minoría de edad de Isabel a su mujer María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Carlos María Isidro no reconoce la legitimidad de Isabel II y se proclama rey (Carlos V), dando inicio a la Primera Guerra Carlista.

El Reinado de Isabel II (1833-1868)

Las Regencias (1833-1843)

El reinado comienza con la minoría de edad de Isabel II, bajo las regencias de su madre María Cristina (1833-1840) y del general Espartero (1840-1843). Este periodo está marcado por la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y la pugna entre liberales moderados y progresistas por definir el nuevo Estado liberal.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

La exclusión de los progresistas del poder al final de la regencia de María Cristina, el fin de la Primera Guerra Carlista (Abrazo de Vergara, 1839) y la aprobación por los moderados de la Ley de Ayuntamientos en 1840 (que limitaba la autonomía local y el poder progresista en los municipios) llevaron al pronunciamiento progresista liderado por el general Baldomero Espartero en 1840. Esto resultó en el exilio de la reina regente María Cristina y el inicio de la Regencia de Espartero (1840-1843), caracterizada por un gobierno personalista, autoritario y en ocasiones violento.

Espartero continuó la desamortización eclesiástica, enfocándose ahora en los bienes del clero secular. Intentó resolver el problema foral del País Vasco y Navarra tras la guerra carlista, pero ante la negativa de las provincias vascas a aceptar las modificaciones propuestas, se les retiraron parte de sus privilegios forales (pase foral, exenciones fiscales y militares parciales).

El creciente autoritarismo de Espartero (gobernaba apoyado en su camarilla militar, los “ayacuchos”) y su dura represión de las protestas sociales y laborales, como su decisión de bombardear Barcelona en 1842 para sofocar una revuelta popular, generaron una amplia oposición, que incluyó no solo a los moderados, sino también a parte de los propios progresistas y demócratas. En 1843, un pronunciamiento conjunto de moderados y progresistas antiesparteristas (liderado por Narváez, Prim y Serrano) derrocó a Espartero, quien marchó al exilio. Para evitar una nueva regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II (con solo 13 años).

La Década Moderada (1844-1854)

El reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) comenzó con un breve gobierno progresista (liderado por Olózaga, rápidamente desfenestrado por una intriga palaciega), seguido inmediatamente por la larga hegemonía del Partido Moderado, conocida como la Década Moderada (1844-1854), bajo la fuerte influencia del general Narváez.

Consolidación del Estado Liberal Moderado

Durante esta década se crearon y consolidaron instituciones clave del Estado Liberal en su versión moderada: se centralizó la Administración, se organizaron los ministerios, se estableció el Tribunal Supremo de Justicia, y se aprobaron los fundamentales Códigos Civil (proyecto de 1851, aunque no definitivo) y Penal (1848).

La Constitución de 1845 y las Reformas Clave

El ministro de Hacienda, Alejandro Mon, con su colaborador Ramón de Santillán, propone una importante reforma fiscal (Ley Mon-Santillán, 1845) que racionaliza y moderniza el sistema tributario, dividiendo los impuestos en directos (contribución territorial, industrial y de comercio) e indirectos (destacando el impopular impuesto sobre los “consumos”). Esta reforma, aunque necesaria, afectó negativamente a las clases populares.

Se crea la Guardia Civil (1844), un cuerpo de seguridad pública con organización militar, destinado principalmente a mantener el orden en el ámbito rural y combatir el extendido bandolerismo.

Se restringe la participación política con una nueva ley municipal en 1845, que establecía el nombramiento de los alcaldes por el gobierno en las poblaciones importantes, y con una ley electoral muy restrictiva en 1846 (sufragio censitario muy limitado, que reducía el número de votantes a menos del 1% de la población y facilitaba el control gubernamental de las elecciones).

Ese mismo año 1845, tras consolidarse en el poder después de la Guerra Carlista, los moderados aprueban la Constitución de 1845. Esta constitución, de carácter moderado, reforzaba el poder de la Corona (soberanía compartida Rey-Cortes), restringía las libertades individuales (especialmente la de imprenta), establecía un parlamento bicameral (Congreso electivo por sufragio censitario y Senado de designación real y vitalicio) y reconocía el catolicismo como la religión oficial del Estado, comprometiéndose a mantener el culto y clero.

En 1851, el gobierno moderado firma un Concordato con la Santa Sede, normalizando las relaciones con la Iglesia Católica tras las desamortizaciones. A cambio del reconocimiento papal de las ventas de bienes eclesiásticos, el Estado se comprometía a sostener económicamente a la Iglesia, le otorgaba amplias competencias en educación y reconocía el catolicismo como religión única de la nación española (con la consiguiente intolerancia religiosa).

En 1852, el ministro Bravo Murillo impulsa una reforma de la administración pública (creación de cuerpos de funcionarios) e intenta una reforma constitucional en sentido aún más autoritario, que fracasa por la oposición interna.

Surgimiento del Partido Demócrata (1849)

En 1848, la ola revolucionaria que recorre Europa (especialmente en Francia) inspira en España la creación del Partido Demócrata en 1849, como una escisión del ala izquierda del Partido Progresista. Este nuevo partido defiende los principios del Liberalismo Democrático, incluyendo:

  • Soberanía popular (frente a la soberanía nacional progresista o la compartida moderada).
  • Defensa de una Monarquía Parlamentaria genuina o, mayoritariamente, de la República.
  • Estricta separación de poderes.
  • Amplia declaración de derechos fundamentales (reunión, asociación, educación…).
  • Sufragio universal masculino.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La Vicalvarada y el Manifiesto de Manzanares

Desde 1853, España vivió una grave crisis política debido a la división interna entre facciones rivales dentro de los moderados, la creciente inestabilidad de los gobiernos (cada vez más ultramoderados y autoritarios) y los continuos escándalos de corrupción administrativa, especialmente relacionados con las concesiones ferroviarias.

Esta situación empeoró por la excesiva influencia en la corte de la camarilla de la reina, incluyendo a su confesor, el padre Antonio María Claret, y la monja milagrera Sor Patrocinio (“la monja de las llagas”), lo que acentuó el autoritarismo y el descrédito del gobierno.

En 1854, en un contexto de fuerte carestía de alimentos y malestar social, un grupo de militares moderados puritanos (descontentos con la corrupción), liderados por el general Leopoldo O’Donnell, protagonizó un pronunciamiento en Vicálvaro (Madrid), conocido como la Vicalvarada. Inicialmente indeciso, el pronunciamiento ganó apoyo popular y la adhesión de progresistas y demócratas tras la publicación del Manifiesto de Manzanares (redactado por un joven Cánovas del Castillo), que prometía reformas políticas y administrativas profundas. La insurrección se extendió por las ciudades, obligando a Isabel II a llamar al poder a los progresistas, liderados por Espartero. Se iniciaba así el Bienio Progresista (1854-1856), un breve periodo de gobierno de coalición entre progresistas y los moderados de O’Donnell.

Reformas Progresistas

Durante este corto pero intenso período, se intentó impulsar un programa de reformas económicas y políticas. Se aprobaron leyes clave como la desamortización general de Madoz (1855), que afectó principalmente a los bienes de los ayuntamientos (bienes de propios y comunes), y la Ley General de Ferrocarriles (1855), que sentó las bases para la construcción de la red ferroviaria española, atrayendo inversión extranjera. También se elaboró una nueva constitución muy avanzada (la “non nata” de 1856) que no llegó a promulgarse.

Gobiernos Unionistas y Crisis Final del Reinado (1856-1868)

La Unión Liberal en el Poder y la Política Exterior

El Bienio Progresista terminó abruptamente en 1856 con un golpe de Estado contrarrevolucionario liderado por el propio general O’Donnell, quien había fundado en 1854 un nuevo partido centrista, la Unión Liberal. Este partido, que buscaba aglutinar a los sectores más moderados del progresismo y los más abiertos del moderantismo, y que contaba con un gran apoyo dentro del ejército, inauguró una nueva etapa de relativa estabilidad política, conocida como la etapa de los gobiernos unionistas (1856-1863, con un breve interregno moderado).

Durante este período, moderados y, sobre todo, la Unión Liberal se alternaron en el poder bajo el liderazgo de O’Donnell y Narváez. Esta etapa se caracterizó por una cierta prosperidad económica y por una activa, aunque costosa y de dudosos resultados, política de prestigio exterior, con la intervención en conflictos militares en lugares como Cochinchina (actual Vietnam), Marruecos (Guerra de África, 1859-60), México (expedición conjunta con Francia y Reino Unido) y el Pacífico (guerra contra Perú y Chile).

El Bienio Ultramoderado (1866-1868)

Sin embargo, a partir de 1863 la estabilidad se deteriora. La crisis económica, el desgaste de los unionistas y la vuelta de los moderados más intransigentes al poder agudizan la tensión. En 1866, tras el fracasado levantamiento progresista y demócrata del cuartel de San Gil en Madrid y su brutal represión (con el fusilamiento de numerosos sargentos implicados), Isabel II retiró su confianza a O’Donnell y volvió a nombrar presidente del gobierno al autoritario general Narváez, dando comienzo al llamado Bienio Ultramoderado (1866-1868).

Este último gobierno del reinado fue prácticamente dictatorial, suspendiendo las garantías constitucionales y gobernando por decreto. Se intensificaron las persecuciones contra progresistas y demócratas, y se aplicaron duras medidas represivas, como el cierre de periódicos opositores y la represión de protestas estudiantiles (como la Noche de San Daniel).

Hacia la Revolución de 1868: El Pacto de Ostende y La Gloriosa

La total exclusión de los progresistas y demócratas del sistema político, la deriva autoritaria de los últimos gobiernos moderados, la impopularidad de la reina Isabel II (por su vida privada y su intromisión en la política) y la creciente oposición a la monarquía borbónica llevaron a la firma del Pacto de Ostende (Bélgica) en 1866 entre progresistas (liderados por Prim) y demócratas. A este pacto se unieron los unionistas liberales (liderados por Serrano) en el Pacto de Bruselas (1867), tras la muerte de O’Donnell. El objetivo común era claro: derrocar a Isabel II y convocar unas Cortes Constituyentes por sufragio universal para decidir el futuro régimen de España (monarquía o república).

En septiembre de 1868, en medio de una grave crisis económica (financiera, industrial) y de subsistencias (malas cosechas, hambre), estalló finalmente la Revolución de 1868, conocida como La Gloriosa. Fue un pronunciamiento militar iniciado en Cádiz por la flota al mando del almirante Topete y secundado por los generales exiliados Prim (progresista) y Serrano (unionista). El levantamiento se extendió rápidamente por el país con apoyo popular. Tras la derrota de las tropas leales a la reina en la Batalla del Puente de Alcolea, Isabel II partió hacia el exilio en Francia. Terminaba así el reinado de Isabel II y se abría un nuevo y convulso periodo en la historia de España: el Sexenio Revolucionario o Democrático (1868-1874).

Este periodo supuso el intento de establecer un régimen de Liberalismo Democrático en España, en parte como respuesta a los escándalos, la corrupción, el autoritarismo y la exclusión política de amplias capas de la sociedad que habían caracterizado las últimas décadas del reinado isabelino.