Introducción: La Crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de Independencia

Al comenzar el siglo XIX, España se regía bajo una monarquía absoluta, donde todo el poder político residía en el monarca. La situación internacional de España se había debilitado durante el siglo XVIII. El Tratado de Fontainebleau, firmado entre Napoleón y Godoy, se enmarca en la estrategia francesa de aislar a Inglaterra, permitiendo la entrada de tropas francesas en España con el pretexto de atacar Portugal. Napoleón aprovechó la situación para forzar las abdicaciones de Carlos IV y su hijo Fernando VII (Abdicaciones de Bayona), entregando el trono a su hermano José Bonaparte (José I). Murat, al frente del ejército francés, fue ocupando territorio, dando inicio a la Guerra de Independencia.

El Gobierno de los Sublevados y las Juntas Provinciales

En España se inició un levantamiento popular contra la presencia francesa, ejemplo que se extendió por todo el país, frenando el avance de las tropas napoleónicas. Ante la falta de respuesta de las autoridades a la ocupación, la población se organizó en las llamadas Juntas Provinciales, formadas por nobles, burgueses, militares y profesionales liberales. Estas juntas se encargaron de cobrar impuestos, reclutar un ejército, declarar la guerra a Francia y establecer relaciones con Inglaterra. Para coordinar la guerra y ejercer la representación, se creó la Junta Suprema Central, con autoridad sobre las juntas provinciales. En 1810, la Junta Central traspasó sus poderes a una Regencia, establecida en Cádiz, que actuaba en nombre de Fernando VII, lo que provocó la convocatoria a Cortes.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833): Absolutismo y Liberalismo

Retorno al Absolutismo (1814-1820)

Con la expulsión de los franceses, Fernando VII, “el Deseado”, regresó como monarca absolutista. Contó con el apoyo de un grupo de militares contrarrevolucionarios y de diputados absolutistas, firmantes del “Manifiesto de los Persas”, que pedían al rey la eliminación del régimen constitucional. En mayo de 1814, Fernando VII declaró ilegal la convocatoria de las Cortes de Cádiz y anuló toda su obra legisladora. Esto fue posible gracias al apoyo de parte del Ejército y de diputados absolutistas (clero y nobleza), partidarios de la vuelta al Antiguo Régimen. Se inició la persecución y represión de los liberales.

Mediante sucesivos decretos, se restablecieron las condiciones económicas y sociales del Antiguo Régimen, satisfaciendo a la Iglesia y a la nobleza con privilegios de la Mesta, derechos jurisdiccionales, gremios, etc. Se anularon algunas desamortizaciones ya iniciadas, se reinstauró la Inquisición y se prohibieron periódicos y asociaciones.

Frente al absolutismo, comenzó a desarrollarse una alianza formada por la burguesía, las clases medias y populares urbanas, parte de los campesinos y un sector del Ejército. Esta facción del ejército realizó pronunciamientos militares para lograr la caída del Antiguo Régimen y el retorno al sistema constitucional. Espoz y Mina en Pamplona, Porlier en La Coruña y Lacy en Barcelona fracasaron, pero en 1820, el pronunciamiento de Riego triunfó, siendo el primer pronunciamiento exitoso del siglo XIX.

Estas conspiraciones se alimentaron del descontento popular, causado por la mala situación de España tras la Guerra de Independencia (ciudades arrasadas, pérdida de rebaños y cultivos) y la pérdida de las colonias americanas, que cerraba la posibilidad de un mercado que hubiera contribuido al desarrollo económico. Un panorama negativo agravado por la política inmovilista de Fernando VII, cuyo empeño en revitalizar el Antiguo Régimen retrasó aún más el inicio de la era industrial.

La Década Ominosa (1823-1833)

La tercera y última etapa del reinado de Fernando VII se inició con la anulación de todos los actos del gobierno constitucional y una dura represión. Fernando VII no consiguió restablecer la Inquisición, pero dispuso de “voluntarios realistas”, una especie de policía. La nueva restauración significó el restablecimiento del Antiguo Régimen: devolución de los bienes del clero, restablecimiento de los gremios, señoríos, etc.

La situación económica continuó siendo mala. A los problemas de la Hacienda, se sumaron los gastos de la expedición francesa, los pagos de los empréstitos bancarios y la pérdida definitiva de las colonias americanas (excepto Cuba y Puerto Rico). España era un país arruinado, con una dirección política ausente y gobiernos incapaces de solucionar los problemas. Los continuos cambios de gobierno dificultaron la adopción de medidas para aliviar la situación, ya que existía una oposición que consideraba la formación de un presupuesto como una reforma.

Dos graves amenazas acechaban a los gobiernos de Fernando VII: por un lado, los liberales exaltados, siempre dispuestos a preparar levantamientos (generalmente fallidos); y por otro, los realistas ultras, que desconfiaban de Fernando VII. Estos últimos provocaron revueltas en Cataluña, Navarra, etc., para exigir mayor poder político. Este sector se acercó progresivamente a Carlos María Isidro.

La Cuestión Sucesoria y el Origen del Carlismo

La inestabilidad se acentuó con la cuestión sucesoria. En marzo de 1830, se puso en vigor la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica, la cual impedía que las mujeres accedieran al trono. Los partidarios de Carlos María Isidro protestaron. El 10 de octubre nació la infanta Isabel, surgiendo dos bandos: los carlistas (defensores de los derechos del príncipe Carlos al trono español) y los isabelinos (defensores de la infanta Isabel).

Los partidarios de Carlos aprovecharon la enfermedad del rey para obtener un nuevo documento derogando la Pragmática Sanción. Al recuperarse, Fernando VII confirmó los derechos de su hija Isabel, otorgó una amnistía y autorizó el retorno de los liberales exiliados.

En 1833 murió Fernando VII. Su viuda, María Cristina, heredó el trono en nombre de su hija. Los carlistas se alzaron en armas, dando comienzo a la Primera Guerra Carlista.