La Integración de España en Europa y su Papel en el Contexto Internacional

El presente documento aborda el proceso de integración de España en Europa, así como su papel en el contexto internacional, desde una perspectiva histórica y contemporánea. Se analiza el período posterior a la Transición española, un proceso histórico que, a grandes rasgos, abarca desde la muerte de Franco (1975) hasta la victoria del PSOE en 1982, aunque existen divergencias entre los analistas sobre estas fechas. Este cambio fue posible gracias al consenso y los pactos entre la monarquía, los sectores más aperturistas del Franquismo y la oposición política. Estos acuerdos culminaron en la aprobación de la Constitución de 1978, que instauró una monarquía parlamentaria y un estado descentralizado, conocido como el Estado de las Autonomías.

El análisis se centra, particularmente, en la política internacional de los gobiernos democráticos a partir de la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982, con especial atención a la integración de España en la Unión Europea (UE) y su rol en el panorama internacional actual.

La Integración de España en Europa

En política exterior, además de eventos como el referéndum sobre la permanencia en la OTAN en 1986 y la participación en conflictos como la Guerra del Golfo (gobiernos socialistas) y la Guerra de Irak (gobiernos populares), la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), precursora de la actual UE, fue un hito crucial. A pesar de los intentos previos de la dictadura franquista, la CEE había rechazado la adhesión de España debido a su régimen antidemocrático. Tras la muerte de Franco, la UCD reanudó las negociaciones en 1977, pero las presiones, principalmente de Francia, retrasaron la entrada española.

Finalmente, el PSOE logró la integración plena mediante el Tratado de Adhesión, firmado el 12 de junio de 1985 junto con Portugal, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. La primera etapa del gobierno socialista se centró en un reajuste económico para preparar al país para la adhesión. Se adoptaron medidas para controlar la inflación, aunque el desempleo siguió aumentando. A partir de 1984, se inició un proceso de reconversión industrial con un alto coste social (despidos, jubilaciones anticipadas, conflictividad laboral).

A cambio de su ingreso, España realizó importantes concesiones económicas, reduciendo su producción agropecuaria (especialmente leche, vino y aceite) para ajustarse a los cupos establecidos y evitar saturar el mercado común. Sin embargo, obtuvo ventajas políticas y económicas al avanzar hacia una Europa unida. La entrada en la CEE marcó el inicio de una etapa de crecimiento económico que se prolongó hasta principios de los años 90. En 1989, España asumió por primera vez la presidencia de la CEE, que se ejerce de forma rotatoria entre los países miembros.

El 7 de febrero de 1992, se firmó el Tratado de Maastricht, que creó la UE en sustitución de la CEE. Ese mismo año, España proyectó una imagen de esplendor internacional con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. El Tratado de Maastricht estableció un programa de convergencia económica para la unión económica y monetaria, con el euro como moneda común, bajo la dirección del Banco Central Europeo. España se comprometió a reducir su deuda pública e inflación, lo que implicó medidas impopulares como la contención del gasto público y la congelación de salarios. Aunque el gobierno del PSOE no cumplió todos los requisitos, se benefició de los fondos de cohesión destinados a los miembros de la UE con menos recursos a partir de 1993.

Los criterios de Maastricht se cumplieron durante el primer gobierno del PP, en un período de bonanza económica, aunque a costa de severas medidas de austeridad. Antes de mayo de 1998, España alcanzó los niveles exigidos en inflación (gracias a la moderación del gasto público y la contención salarial), deuda pública (con la privatización de empresas estatales como Repsol, Endesa y Telefónica), déficit público y tipos de interés. Esto permitió su ingreso en la Unión Económica y Monetaria, la adopción del euro (que sustituyó a la peseta en enero de 2002) y el acceso a otras ventajas económico-sociales de la UE, como el comercio de bienes y servicios, la movilidad del capital y la libre circulación de trabajadores.

Actualmente, la posición de España en la UE ampliada se debate entre mantenerse a la cola o asumir mayores responsabilidades. Para ello, debe dejar de recibir ayudas comunitarias como hasta ahora. El papel de España en la UE depende de varios factores:

  • Su capacidad para mejorar el PIB por habitante y la tasa de paro, indicadores tradicionalmente alejados de la media europea. El desempleo, cercano al 20% frente al 10% de otros países miembros, es un gran obstáculo para la credibilidad internacional.
  • Su posicionamiento tras las ampliaciones de 2004 y 2007, que configuraron una UE de 27 miembros frente a los 15 que la conformaban mayoritariamente.
  • El tiempo y las soluciones que adopte para superar la crisis económica, en la que Alemania ha dictado las medidas para la recuperación de los países miembros. En España, la solución es más compleja debido a la excesiva dependencia de los sectores inmobiliario (en crisis) y turístico.

El Papel de España en el Contexto Internacional

En el contexto internacional, cabe destacar el alineamiento del segundo gobierno del Partido Popular (2000-2004) con la política exterior del presidente estadounidense George W. Bush, que condujo a la intervención en la Guerra de Irak en marzo de 2003, a pesar de la fuerte oposición política y social. Aunque la postura no era unánime en la ONU ni en el Consejo de Seguridad, el gobierno de José María Aznar apoyó la intervención, justificada por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del gobierno iraquí de Sadam Hussein. Aunque el ejército español no participó directamente en la operación militar, el alineamiento con EE. UU. y Gran Bretaña tras la cumbre de las Azores deterioró la imagen del líder del PP.

La gestión del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas (2003) también desgastó al PP. El 11 de marzo de 2004, un atentado terrorista del grupo islamista radical Al-Qaeda en la red de trenes de cercanías de Madrid causó casi 200 muertos y más de 2.000 heridos. Inicialmente, el gobierno atribuyó el atentado a ETA, y cuando se demostró la autoría islamista, surgió la hipótesis de que el ejecutivo había intentado ocultar la verdad ante las inminentes elecciones generales del 14 de marzo. En cualquier caso, estas elecciones marcaron el fin del gobierno del PP y el ascenso del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. En 2008, el gobierno socialista, conocido popularmente como “ZP”, renovó su victoria e inició su segunda legislatura, enfrentando una crisis económica mundial que ha debilitado la credibilidad del líder socialista, quien ha anunciado que no se presentará a la reelección.