Evolución de la Población y de las Ciudades

La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases.

Continuaron las desigualdades sociales, aunque se reflejó la evolución. En 1900, los obreros industriales sobrepasaron en número a los artesanos, creció la clase media de funcionarios y se extendieron las zonas urbanas. El poder estuvo en manos de la oligarquía burguesa y la política económica empezó a estar cada vez más influida por los intereses de los empresarios de la siderurgia vasca, del textil catalán y por los cerealistas castellanos. La sociedad se encontraba cada vez menos bipolarizada y se fue sustituyendo el carácter estamental por un modelo más meritocrático en el que encontramos diferentes grupos.

La nobleza vio recortados sus privilegios feudales y perdió tierras e influencia por no involucrarse en el crecimiento económico del país. Salió perjudicada la baja y media nobleza, mientras que la alta nobleza conservó sus títulos y supo adaptarse a las nuevas circunstancias.

La Iglesia, a pesar de la reducción del clero regular, siguió ocupando una notable posición y fue el principal director de las instituciones de enseñanza.

El ejército continuó estando muy presente en la política del país, siendo clave en los cambios de gobierno y régimen.

La burguesía ascendió socialmente al verse muy vinculada al crecimiento económico del país, destacando la industrial y la comercial.

Las clases medias experimentaron un notable ascenso, incluyendo al funcionariado y a las profesiones liberales.

Los trabajadores agrícolas constituyeron el grupo social más numeroso y heterogéneo del país, puesto que se distinguían diferentes condiciones en función de su relación con la tierra. Encontrábamos así propietarios, arrendatarios y jornaleros empleados en los latifundios de la mitad meridional. Los procesos desamortizadores no solo no facilitaron su acceso a la propiedad de la tierra, sino que les privaron del cultivo de parcelas de propiedad eclesiástica y/o comunal, explicando su oposición al régimen liberal y su sintonía con el carlismo.

Los trabajadores urbanos aumentaron a pesar de la escasa e irregular industrialización española, pudiendo reconocer a trabajadores de arraigada cultura gremial (zapateros, etc.), empleados del servicio doméstico (mujeres y negros) y trabajadores relacionados con el comercio (dependientes, repartidores, transportistas). Se fueron sumando a lo largo del siglo XIX los obreros fabriles (Cataluña y País Vasco), ferroviarios e inmigrantes poco cualificados procedentes del campo. Todos ellos compartieron problemas como la inseguridad laboral, la inexistencia de cobertura sanitaria, la ausencia de seguros que cubran estados de enfermedad y/o vejez, las extensas jornadas laborales y la difícil adaptación a la mecanización. Su vida privada era prácticamente inexistente y sus viviendas solían carecer de unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias.


En el siglo XIX, comenzó el proceso de transición demográfica con un incremento de la población tras la crisis de la Guerra de Independencia y su consecuente descenso de mortalidad, manteniéndose una elevada tasa de natalidad. Se experimentaron las últimas grandes epidemias como el cólera y la fiebre amarilla.

La creciente presión demográfica y la estacionalidad laboral liberaron al campesinado para ejercer otros trabajos en distintas áreas territoriales, provocando movimientos migratorios de carácter ultramarino hacia países como Argentina, Brasil, Uruguay, México, Venezuela y Cuba, provenientes de regiones atlánticas como Galicia, Asturias o Canarias.

A nivel interno, se produjo un éxodo rural como consecuencia de la ligera industrialización del país y la mecanización del campo, procedentes de regiones como Andalucía y Extremadura, de carácter más agrario hacia zonas industriales como Madrid, País Vasco o Cataluña.

En este último cuarto del siglo XIX, se produjo un crecimiento de la población, aunque a un ritmo más lento que en el periodo anterior, debido a la elevada tasa de mortalidad, la crisis agraria, las epidemias y el aumento de la emigración exterior. La esperanza de vida en 1900 fue de 35 años y el desfase con Europa en ritmo de crecimiento se acentuó.

El proceso de urbanización se aceleró por el aumento de la población urbana, a consecuencia de la emigración de campesinos a las ciudades.

Surgió la necesidad de construir más viviendas, trayendo como consecuencia la reorganización del plano urbano, derribando las antiguas murallas de la ciudad, apareciendo así los ensanches como El Barrio de Salamanca en Madrid, realizado por Carlos María de Castro, o La Diagonal en Barcelona de Cerdá, destinados a la residencia de los burgueses. Sin embargo, en la periferia de la ciudad, surgió la autoconstrucción (chabolismo), donde se aloja el proletariado.

El rápido crecimiento de las ciudades por la industrialización obligó a los urbanistas a buscar nuevos modelos de ciudad que resolvieran los problemas derivados del crecimiento incontrolado de las ciudades, surgiendo teorías urbanas como La Ciudad Lineal de Arturo Soria y la Ciudad Jardín, que aunaba la vida de la ciudad con el campo, instalando grandes espacios ajardinados y construyendo viviendas unifamiliares.

Aparecieron también importantes inventos como la electricidad, el teléfono, la bicicleta, el tranvía y los primeros coches, medios de comunicación y transporte, esenciales para la vida urbana. También se desarrolló el ferrocarril, que vivió una época de expansión.


Desamortizaciones y la España Rural del Siglo XIX

La economía española del siglo XIX se caracterizó por un lento crecimiento en comparación con la mayoría de los países de Europa. En España, la industrialización y el desarrollo del capitalismo estuvieron condicionados por la dependencia de la inversión extranjera y por las viejas estructuras agrarias, que impedían la formación de una clase social con capacidad para consumir e invertir. Desde el reinado de Isabel II, se fueron abriendo paso en nuevas estructuras económicas, surgieron empresarios industriales, aumentó el número de obreros y la burguesía se convirtió en el impulsor del proceso industrial. Durante la Restauración borbónica, quedaron fijadas las bases económicas de España y sus diferencias regionales, encontrándose en el País Vasco y Cataluña las zonas más industrializadas y desarrolladas, y Madrid con una importante actividad administrativa, comercial y financiera. A principios del siglo XIX, la mayoría de las tierras eran propiedad de la nobleza y el clero, mientras que los ayuntamientos eran propiedades vinculadas o amortizadas. Los propietarios explotaban las tierras de una manera precaria, sin introducir herramientas ni innovaciones técnicas y sin aumentar la producción; además, la mayoría de los campesinos que las trabajaban vivían en malas condiciones.

Los gobiernos liberales emprendieron una serie de leyes y reformas de la propiedad y explotación agraria, promulgadas por primera vez en las Cortes de Cádiz en 1812, para poner la tierra en manos de propietarios individuales, para que estos introdujesen formas modernas de cultivo y así aumentar la productividad de la tierra. A partir de 1811, los nobles aceptaron renunciar a administrar justicia y a nombrar autoridades municipales en los pueblos. Los campesinos que trabajaban las tierras creían que la ley les permitía librarse del pago a los señores, quedándose con la propiedad de dichas tierras; sin embargo, no fue así.

Las desamortizaciones consistían en desvincular las tierras de sus legítimos propietarios, de modo que pudieran ser vendidas, repartidas o enajenadas, realizando una transferencia de tierras que permitiese establecer una base de crecimiento para la economía española. Los elementos desamortizadores fueron tanto eclesiásticos, con Mendizábal, cuyos beneficios eran para sufragar la deuda política y los gastos de la guerra carlista. Logró una serie de apoyos políticos y sociales, pero provocó una serie de motines eclesiásticos. Y civiles con Madoz, con la que se declararon en venta todas las propiedades comunales de los ayuntamientos. El papel de intermediario lo asume el estado, obteniendo beneficios económicos y políticos. El destinatario fue la burguesía; sin embargo, no se realizaron las inversiones esperadas, por lo que la agricultura no se modernizó y la productividad agraria sigue siendo escasa.

La precaria industrialización y la mala situación laboral de los trabajadores industriales provocaron el surgimiento del movimiento obrero español. Con los gobiernos progresistas en el poder, los obreros se organizaron en asociaciones, fijando sus primeras reivindicaciones.


Los grupos obreros españoles optaron tanto por la acción directa como por la política. Tras el golpe de Pavía, Serrano disolvió la organización obrera en España. Durante la restauración, el partido conservador de Cánovas prohibió la FRE, surgiendo la FTRE. Ante la falta de organización y las necesidades de la clase obrera de la época, Pablo Iglesias decidió fundar clandestinamente el PSOE en 1879. Perteneciente al socialismo, que se asentó principalmente en Madrid, Asturias y País Vasco. En la iglesia se criticó el socialismo y se reconoció la situación de los obreros, pidiendo al estado que interviniera en la solución del problema social, bajo la doctrina católica. Surgieron grupos anarquistas como Mano Negra, que llevaron a cabo atentados contra Alfonso XII, pertenecientes al anarquismo.

La industria textil y el algodón fue el motor de la Revolución Industrial, al ser el primer sector en el que se introdujo la mecanización concentrada en las costas, principalmente en Cataluña.

Desde el siglo XVI, las minas habían sido propiedad del Estado. Durante el Sexenio, España se desprende de sus mejores yacimientos, cediendo las minas de cobre de Riotinto y las de mercurio de Almadén.

La siderurgia se estableció en España junto a las minas de hierro. En 1832 se creó el primer alto horno para la producción de hierro colado con carbón vegetal en Marbella. A partir de 1840 aparecieron más altos hornos con carbón mineral. El sector siderúrgico andaluz decayó en beneficio de la siderurgia asturiana y vasca, por la mayor eficiencia calórica del carbón mineral. En España, las barreras naturales dificultaron la articulación de una red de comunicaciones y transporte efectiva. La transformación de los medios de transporte y la modernización de las infraestructuras fueron uno de los grandes cambios socioeconómicos del siglo XIX, junto con la aparición de inventos como el teléfono, el ferrocarril, el tranvía, etc. El ferrocarril supuso una revolución en el transporte de mercancías y contribuyó a extender el mercado nacional. Durante el reinado de Fernando VII, existieron varios proyectos para crear una red ferroviaria, instalándose la primera conexión en Cuba; sin embargo, la Guerra Carlista retrasó el proceso. Se inició la construcción de las primeras vías en el reinado de Isabel II. En el Bienio Progresista, se aprobó la ley de ferrocarriles de 1885, con esta ley se regularon las concesiones del Estado, dando grandes facilidades a las compañías constructoras, autorizando la libre importación de productos para la construcción de tendido ferroviario que se centralizaba en Madrid para favorecer el control económico. El ancho de vía era distinto al europeo, debido a criterios militares, para evitar una posible invasión exterior.