La Invasión Francesa y las Cortes de Cádiz (1808-1814)

Convocatoria de Cortes

Durante la invasión francesa, la Junta General Suprema se trasladó de Sevilla a Cádiz, ciudad estratégica protegida por la Marina británica. Allí, se formó el Consejo de Regencia, gobierno provisional en ausencia de Fernando VII. Este consejo convocó a las Cortes Constituyentes, asamblea unicameral con representantes de diversas ideologías, predominando los ilustrados y liberales. La guerra y la distancia dificultaron las sesiones, provocando la sustitución de algunos diputados.

Labor Legislativa

En 1810, las Cortes juraron defender la nación y se proclamaron Asamblea constituyente. Reconocieron a Fernando VII como rey, reservando el poder legislativo y ejecutivo hasta su regreso, y nombrando una Regencia colegiada. Se distinguieron tres tendencias: liberales, absolutistas y reformistas. Se aprobaron decretos que abolieron el Antiguo Régimen: la abolición de los señoríos y gremios, la supresión de la Mesta y la Inquisición, y la libertad de imprenta. El logro principal fue la redacción de una Constitución.

Legado

El proyecto liberal de Cádiz fue interrumpido en 1814 con el regreso de Fernando VII. Aunque anulada, la Constitución se convirtió en una aspiración liberal. La ruptura del sistema estamental impulsó el ascenso de la burguesía liberal, y la influencia de la Constitución gaditana se extendió por América y Europa durante el siglo XIX.

La Constitución de 1812

El 19 de marzo de 1812, las Cortes aprobaron la Constitución española más extensa, conocida como “La Pepa”. Influenciada por la Ilustración, la Constitución de EE. UU. y el parlamentarismo británico, destacaba la soberanía nacional, la separación de poderes y la monarquía constitucional. Introdujo el sufragio universal indirecto masculino, limitó los poderes del rey y descentralizó la administración local. Reconoció el catolicismo como religión oficial e intentó crear un Ejército nacional y la Milicia Nacional.

La Restauración del Absolutismo (1814-1820)

Fernando VII, reconocido como rey desde 1808, permaneció recluido en Valençay. Tras la derrota de Napoleón, regresó a España en 1814. A pesar de acordar jurar la Constitución, la incumplió, aliándose con los absolutistas, aboliendo las Cortes y disolviendo su trabajo. Favorecido por el contexto europeo, proclamó el Decreto de Valencia en mayo de 1814 y entró en Madrid, respaldado por la Santa Alianza en 1815.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

El “Sexenio Absolutista” comenzó con un golpe de estado de Fernando VII para restaurar el Antiguo Régimen. Se revivieron instituciones como la Inquisición y se persiguió a los liberales, aboliendo la libertad de prensa. Iglesia y nobleza, pese a intentar recuperar privilegios, no lograron sus objetivos. La guerra dejó a España en precaria situación económica, con hambrunas y destrucción. Militares liberales intentaron restaurar la Constitución de 1812.

El Trienio Liberal (1820-1823)

En enero de 1820, Rafael de Riego lideró un levantamiento en Las Cabezas de San Juan a favor de la Constitución de 1812, obligando a Fernando VII a jurarla. El nuevo gobierno restauró el régimen constitucional, pero enfrentó dificultades económicas y la rebelión en las colonias americanas. En abril de 1823, la Santa Alianza intervino con los “Cien Mil Hijos de San Luis” para restaurar a Fernando VII, marcando el fin del “Trienio Liberal”.

La Década Absolutista (1823-1833)

Tras su liberación en octubre, Fernando VII anuló la Constitución, iniciando la “Década Absolutista”. La represión contra los liberales provocó miles de exilios. Intentos de revuelta liberal, como los de Espoz y Mina, fracasaron. Las reformas económicas y fiscales del ministro López Ballesteros enfrentaron la oposición de los realistas, partidarios de Carlos María Isidro como heredero.

La Cuestión Sucesoria

En 1830, Fernando VII, sin descendencia y con problemas de salud, consideraba a su hermano Carlos María Isidro como sucesor. La Pragmática Sanción permitía a una hija heredar el trono. Con el nacimiento de Isabel II, los absolutistas presionaron para revocar la Pragmática Sanción (Sucesos de la Granja, 1832). Aunque se restableció en secreto, Fernando VII cesó a los ministros absolutistas en 1833. Reformas gubernamentales y una amnistía para liberales moderados marcaron una transición política.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

En 1835, Martínez de la Rosa fue reemplazado por el Conde de Toreno, y luego por Juan Álvarez Mendizábal. En 1836 se restableció la Constitución de 1812 y las leyes del Trienio Liberal. Mendizábal implementó la desamortización eclesiástica para sanear la deuda estatal y financiar la guerra carlista. Aunque permitió cultivar tierras abandonadas, favoreció a la burguesía, sin lograr la redistribución deseada, afectando a campesinos y municipios. La desamortización marcó el fin del Antiguo Régimen con efectos ambivalentes.

La Década Moderada (1844-1854)

En 1844, Narváez asumió la presidencia, liderando el moderantismo con políticas conservadoras. La Constitución de 1845 estableció un sistema bicameral y el sufragio censitario. Se reforzó la centralización con gobernadores civiles y la Guardia Civil. Se implementaron reformas fiscales y bancarias. La Ley Electoral de 1846 restringió aún más el voto. La ola revolucionaria europea de 1848 desafió este orden, inicialmente enfrentado por Narváez.

El Bienio Progresista (1854-1856)

En junio de 1854, el pronunciamiento de Vicálvaro desencadenó un Gobierno provisional liderado por Evaristo San Miguel, luego entregado a Espartero. Este movimiento desafió a la burguesía moderada, vinculado a las revoluciones de 1848. El gobierno promovió reformas: la desamortización de Madoz (1855) y la Ley General de Ferrocarriles (1855). La agitación social culminó en motines y la dimisión de Espartero en agosto de 1856.

Moderados y Unionistas (1856-1868)

Tras Espartero, O’Donnell lideró un gobierno represivo y restauró la Constitución de 1845. Narváez volvió al poder hasta 1858. O’Donnell y la Unión Liberal dominaron entre 1858 y 1863. Luego, alternaron moderados y unionistas, predominando los primeros (“Quinquenio Moderado”, 1863-1868). Las muertes de O’Donnell y Narváez debilitaron sus partidos. Pese a la inestabilidad, España creció económicamente, impulsada por leyes y proyectos de infraestructura.

La Revolución Gloriosa (1868)

La crisis económica de 1866 y el descontento social llevaron al Pacto de Ostende para derrocar a Isabel II. La Revolución Gloriosa inició el 17 de septiembre de 1868 en Cádiz, liderada por Juan Bautista Topete. Se extendió por Andalucía y otras ciudades, formando juntas revolucionarias. El 28 de septiembre, las tropas revolucionarias vencieron en la batalla del Puente de Alcolea. El 29 de septiembre, Madrid se unió, forzando el exilio de Isabel II a Francia.

El Nuevo Régimen (1868-1870)

El gobierno provisional (8 de octubre) disolvió las juntas republicanas y reconoció derechos como la libertad de prensa y asociación. Se creó la peseta y se celebraron elecciones a Cortes constituyentes en enero de 1869, con mayoría progresista, demócrata y unionista. La Constitución de junio de 1869 estableció una monarquía parlamentaria con amplias libertades. Sin monarca, las Cortes nombraron regente al general Serrano en junio de 1869.

El Reinado de Amadeo I (1870-1873)

Tras la Revolución Gloriosa, las Cortes buscaron un nuevo rey. Eligieron a Amadeo de Saboya en noviembre de 1870. Su reinado fue tumultuoso, con divisiones políticas y oposición popular. En medio de agitación social y conflictos, Amadeo I abdicó el 11 de febrero de 1873.