España en el Siglo XIX: Transformación Política y Social

Con el reinado de Isabel II se instauró en España la monarquía liberal. Sin embargo, con el establecimiento del Estado liberal surgieron diferencias entre los mismos liberales. Por un lado, estaban los moderados y por otro, los progresistas. Ambos defendían el sistema político liberal, pero presentaban profundas diferencias ideológicas.

Los moderados defendían la soberanía compartida entre la corona y las Cortes, un sistema centralizado con el nombramiento de alcaldes por el gobierno y un sufragio censitario restringido a las clases propietarias. Los progresistas, en cambio, defendían la soberanía nacional, limitaciones al poder real, la Milicia Nacional y ayuntamientos electivos, con un sufragio más amplio, aunque sin llegar a la universalidad.

Martínez de la Rosa aprobó el Estatuto Real, que establecía un sistema bicameral con el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores. No era una constitución, sino una carta otorgada por la corona, sin reconocimiento de derechos individuales ni división de poderes. El sufragio era muy restringido, limitándose a unos pocos miles de votantes.

La regente enfrentó la guerra contra los carlistas y la presión de los liberales, lo que provocó la crisis del gobierno. Mendizábal impulsó la desamortización eclesiástica para obtener recursos y financiar la guerra. Su destitución causó revueltas progresistas, formándose Juntas revolucionarias en varias ciudades, que desembocaron en el Motín de los sargentos de La Granja, obligando a restablecer la Constitución de 1812.

El nuevo gobierno progresista aprobó la Constitución de 1837, que establecía la soberanía nacional, un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado de designación regia. Se suprimieron los privilegios gremiales, se reconoció la libertad de prensa y se reanudó la desamortización. Con la vuelta de los moderados al poder, se aprobó la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba al gobierno el nombramiento de alcaldes, provocando la oposición de Espartero. La crisis llevó a la renuncia de María Cristina y la regencia de Espartero, quien gobernó de manera autoritaria. Su mandato estuvo marcado por la represión de insurrecciones, como el bombardeo de Barcelona. Su caída fue impulsada por un pronunciamiento militar liderado por Narváez y O’Donnell, lo que llevó a la proclamación anticipada de Isabel II como reina.

Mientras tanto, el Manifiesto de Abrantes inició la Primera Guerra Carlista, enfrentando a los partidarios del absolutismo con los defensores del liberalismo. Los carlistas, liderados por Carlos María Isidro, defendían la monarquía tradicional, la religión y los fueros, con apoyo en las zonas rurales del País Vasco, Navarra y el Maestrazgo. Los isabelinos contaban con la nobleza liberal, la burguesía y las clases populares urbanas. La guerra tuvo varias fases, destacando las expediciones carlistas que intentaron extender el conflicto sin éxito. Finalmente, el Convenio de Vergara permitió la integración de los oficiales carlistas en el ejército isabelino y el debate sobre los fueros en las Cortes. La guerra consolidó el liberalismo y reforzó el papel del ejército en la política.


Durante la Década Moderada, Narváez consolidó su poder impulsando una serie de normas legislativas que definieron su gobierno. Se aprobó la Constitución de 1845, que reforzaba el poder de la corona, establecía el sufragio censitario, un Senado de designación regia y limitaba la participación política a las clases propietarias. También se suprimió la Milicia Nacional, fortaleciendo el control gubernamental sobre la seguridad del país.

Se promulgó un nuevo Concordato con la Santa Sede, que reforzaba la confesionalidad del Estado, permitía la supervisión eclesiástica en la educación y devolvía bienes eclesiásticos. Además, se implementó una reforma fiscal para sanear la Hacienda y se consolidó un Estado centralizado mediante la reorganización administrativa. Se estableció una administración uniforme en todo el país, con gobernadores civiles en cada provincia y la imposición de un control estricto sobre los municipios. Las diputaciones provinciales fueron sometidas a la autoridad del gobierno central, garantizando una gestión administrativa más eficaz pero limitando la autonomía local.

La Ley de Ayuntamientos estableció que el nombramiento de los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes sería realizado por el gobierno, mientras que en los municipios más pequeños serían designados por los gobernadores civiles. Esto favoreció el control del ejecutivo sobre la administración local y limitó la autonomía municipal, generando un fuerte rechazo entre los progresistas, que defendían la elección directa de los alcaldes.

La reforma de la Hacienda, impulsada por el ministro Alejandro Mon, modernizó el sistema tributario. Se simplificó la estructura fiscal, estableciendo nuevos impuestos directos e indirectos, como el impuesto sobre consumos, que gravaba productos básicos como el pan, el aceite y el vino. Esto generó descontento entre las clases populares, ya que encarecía productos de primera necesidad.

La Ley Electoral de 1846 redujo aún más el número de electores, al incrementar los requisitos de renta para votar. El sufragio censitario se volvió más restrictivo, asegurando el predominio político de los grandes propietarios y de la burguesía acomodada, consolidando así el poder de los moderados en el sistema político.

El matrimonio de Isabel II con Francisco de Asís fue una decisión política que buscaba evitar el acceso al trono de la rama carlista y estabilizar la monarquía. La boda se llevó a cabo con el apoyo de Francia, pero generó oposición en Inglaterra y descontento en sectores políticos españoles. La relación entre los esposos fue conflictiva y no logró fortalecer la imagen de la monarquía.

Paralelamente, estalló la Segunda Guerra Carlista, centrada en Cataluña y el Maestrazgo. Los carlistas intentaron consolidar su movimiento, pero la falta de apoyo y la superioridad del ejército isabelino hicieron que el conflicto se resolviera en favor del gobierno. La guerra terminó debilitando aún más al carlismo y consolidando la monarquía isabelina.


Durante el Bienio Progresista, el pronunciamiento de O’Donnell y Dulce en Vicálvaro, junto con el apoyo de Serrano, llevó a la proclamación del Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo. Este documento impulsó la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, dominadas por progresistas y miembros del nuevo partido, la Unión Liberal. También apareció el Partido Demócrata, que defendía el sufragio universal masculino y la ampliación de derechos políticos.

La Constitución de 1856, aunque nunca llegó a promulgarse, establecía la soberanía nacional, la ampliación de derechos individuales, la descentralización administrativa y la elección de senadores mediante sufragio, en lugar de ser designados por la corona. Su no aprobación generó fuertes tensiones entre progresistas y moderados. Durante este periodo, se aprobó la Ley de Desamortización de Madoz, que afectó tanto a bienes eclesiásticos como municipales, favoreciendo a la burguesía agraria y aumentando los recursos del Estado. La expropiación de tierras comunales perjudicó a los campesinos, aumentando la conflictividad social.

Asimismo, la Ley General del Ferrocarril facilitó la inversión extranjera y la construcción de una red ferroviaria que modernizó las comunicaciones del país. Gracias a esta ley, se fomentó la industrialización y se integraron mejor las diferentes regiones económicas de España, facilitando el comercio y el transporte de mercancías y personas.

El aumento de los precios de los alimentos básicos generó motines de subsistencia, sobre todo en Castilla, con disturbios reprimidos por el gobierno progresista. La crisis económica, sumada a las tensiones internas entre los progresistas y la inestabilidad social, llevaron a la caída del gobierno de Espartero, facilitando el regreso de los moderados al poder.

En la etapa de la vuelta al moderantismo, se aprobó la Ley de Instrucción Pública, impulsada por Claudio Moyano, que organizaba el sistema educativo en niveles, establecía planes de estudio y garantizaba el control estatal de la enseñanza. La ley supuso un avance en la regulación de la educación en España, aunque seguía predominando la influencia de la Iglesia en muchos centros de enseñanza.

Emilio Castelar, catedrático y republicano, fue expedientado por sus críticas al gobierno, lo que generó protestas estudiantiles y la represión de las manifestaciones. Este episodio evidenció la represión de la libertad de expresión durante la vuelta al moderantismo y la censura impuesta por el régimen.

El general Prim, líder progresista, encabezó intentos de pronunciamiento contra el gobierno, aunque sin éxito inmediato. Sin embargo, el descontento con la monarquía se agravó debido a la crisis económica, la corrupción política y la creciente oposición al régimen isabelino. Finalmente, estas tensiones desembocaron en La Gloriosa, la revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II y abrió una nueva etapa política en España, iniciando el Sexenio Democrático.


La caída de la monarquía de Isabel II se debió al monopolio del poder político que ejercía el partido moderado, negando la participación política a otros grupos. En 1866, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, comprometiéndose a derrocar a la reina. La conspiración, liderada por Prim, se materializó en Cádiz con el pronunciamiento de Serrano y Topete. La victoria en la Batalla de Alcolea obligó a Isabel II a exiliarse en Francia. Paralelamente, se formaron Juntas Revolucionarias en diversas ciudades, promoviendo medidas como el sufragio universal y la abolición de los consumos y las quintas. Tras el triunfo revolucionario, se estableció un Gobierno Provisional presidido por Serrano, con ministros progresistas y unionistas, incluyendo a Prim. Se disolvieron las Juntas Revolucionarias y se introdujo la peseta como nueva unidad monetaria. En enero de 1869 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes bajo sufragio universal masculino. La Constitución de 1869 proclamó la soberanía nacional y estableció una monarquía democrática. Incluía una amplia declaración de derechos y libertades, como la libertad de culto y de prensa. Se implantó un sistema parlamentario con Cortes bicamerales: un Congreso y un Senado electos. Aunque el rey conservaba ciertas atribuciones, su poder legislativo quedaba limitado. Ante la falta de un monarca, Serrano fue nombrado regente, mientras Prim encabezaba el gobierno. España se enfrentó a la Insurrección de Cuba, iniciada con el Grito de Yara en 1868, lo que desestabilizó aún más la situación política y económica. Además, en 1869 estallaron sublevaciones republicanas en diversas regiones, promovidas por los federalistas, que fueron reprimidas por el gobierno. La búsqueda de un rey llevó finalmente a la elección de Amadeo de Saboya, proclamado monarca en noviembre de 1870. Sin embargo, el asesinato de Prim, su principal valedor, antes de la llegada del nuevo rey, debilitó su reinado. Amadeo enfrentó una fuerte oposición por parte de carlistas, alfonsinos y republicanos. La Tercera Guerra Carlista se inició con la entrada de Carlos VII en Navarra, mientras que la guerra en Cuba continuaba. La inestabilidad política y la falta de apoyos llevaron a Amadeo a abdicar en febrero de 1873. La proclamación de la Primera República dio paso a un periodo de caos político. Figueras fue el primer presidente, pero dimitió ante la inestabilidad. Pi y Margall intentó implantar la República Democrática Federal, pero su propuesta fue desbordada por la Revolución Cantonalista, en la que varias regiones se declararon independientes. La insurrección cantonalista, iniciada en Cartagena, se extendió por el Levante y Andalucía, lo que llevó a la dimisión de Pi y Margall. Salmerón asumió el gobierno y reprimió la revuelta con ayuda de los generales Pavía y Martínez Campos. En septiembre de 1873, Emilio Castelar llegó al poder con un giro autoritario, reforzando el ejército y combatiendo tanto a los cantonalistas como a los carlistas. Sin embargo, en enero de 1874, tras perder una moción de confianza en las Cortes, el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió la Asamblea Nacional, poniendo fin a la República Federal. El gobierno pasó a manos de Serrano, quien estableció una dictadura militar con el objetivo de restaurar el orden. Se enfrentó con éxito a los carlistas y al movimiento obrero, pero la inestabilidad persistió. Finalmente, en diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración borbónica. Cánovas del Castillo organizó la vuelta de Alfonso XII al trono, marcando el fin del Sexenio Democrático y el inicio de la Restauración.


Durante el siglo XIX, la economía española experimentó importantes transformaciones en la agricultura, la industria y el transporte, condicionadas por la evolución política y la necesidad de modernización del país. La agricultura siguió siendo el sector predominante de la economía, aunque con una baja productividad debido a la falta de modernización y el uso de técnicas tradicionales. Uno de los cambios más importantes fue la transformación de la propiedad agraria mediante las desamortizaciones. La primera gran desamortización fue la de Mendizábal, que consistió en la expropiación y venta de los bienes eclesiásticos con el objetivo de reducir la deuda pública y obtener recursos para financiar al Estado. Posteriormente, la desamortización de Espartero amplió la venta de bienes eclesiásticos, aunque tuvo un menor impacto. Finalmente, la desamortización de Madoz, aprobada en 1855, fue la más extensa, afectando tanto a la Iglesia como a los bienes municipales. Estas medidas favorecieron a la burguesía y a los grandes propietarios, pero no mejoraron la situación de los campesinos, que en su mayoría no pudieron acceder a la propiedad de la tierra. La industria textil algodonera se convirtió en el sector industrial más importante del país, especialmente en Cataluña. Su crecimiento fue impulsado por una política proteccionista que impuso aranceles a la importación de textiles extranjeros, favoreciendo la producción nacional. Sin embargo, su desarrollo estuvo limitado por la falta de modernización, la escasa demanda exterior y su dependencia del mercado interno, lo que impidió su consolidación frente a la competencia de otras potencias europeas. En el caso de la industria siderúrgica, los primeros intentos de desarrollo se produjeron en Málaga y Asturias, pero solo la región vasca logró consolidarse gracias a la explotación del mineral de hierro en Vizcaya. La inversión extranjera, junto con la demanda de hierro para la construcción del ferrocarril, impulsó el crecimiento de la siderurgia en Bilbao, donde se establecieron altos hornos. A pesar de estos avances, la siderurgia española tuvo problemas debido a la falta de carbón de calidad, lo que obligó a importar este recurso desde Reino Unido y dificultó el desarrollo de una industria metalúrgica competitiva. El ferrocarril se convirtió en uno de los principales motores de transformación económica del siglo XIX. Su construcción se llevó a cabo con capital extranjero, principalmente británico y francés, y fue clave para mejorar las comunicaciones y el comercio. Se crearon importantes compañías ferroviarias, como Ferrocarriles del Norte y Ferrocarriles Andaluces, que facilitaron la conexión entre las principales ciudades y puertos. Sin embargo, el diseño de la red ferroviaria, con un modelo radial centrado en Madrid, limitó la integración económica de algunas regiones y no favoreció la creación de un mercado nacional unificado. La crisis de 1866 afectó gravemente al sector ferroviario y a la economía en general. La especulación financiera y la falta de rentabilidad de muchas líneas ferroviarias llevaron a la quiebra de numerosas empresas, provocando una paralización de las inversiones. A pesar de esta crisis, en las décadas siguientes la red ferroviaria continuó expandiéndose, consolidando su papel en la modernización del país. El ferrocarril permitió una mayor movilidad de la población, facilitó la distribución de productos industriales y agrícolas y contribuyó al proceso de urbanización, impulsando el crecimiento económico en distintas regiones de España.


La revolución liberal acabó con la sociedad estamental y ésta fue sustituida por la sociedad de clases: una sociedad igual ante la ley aunque claramente desigual por su nivel de renta y por la propiedad o no de los medios de producción. La sociedad, por tanto, se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen dieron paso a la moderna división de clases propia de una sociedad capitalista:

  • La nobleza, que había perdido sus antiguos derechos señoriales pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa.
  • La Iglesia perdió gran parte de su poder económico como consecuencia de la desamortización. También redujo su influencia social entre la nueva clase proletaria y entre los sectores intelectuales.
  • Las clases burguesas adquirían el papel de nuevas clases dirigentes con la nueva estructura social que se fue configurando a lo largo del siglo XIX:
    • La alta burguesía estaba constituida por la burguesía industrial, financiera, altos cargos militares o de la Administración. Muchos de ellos buscaban el ennoblecimiento y la equiparación social con la antigua aristocracia.
    • Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso constituido por comerciantes, dueños de talleres, mandos intermedios del ejército, empleados públicos, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social de las ciudades.
    • La pequeña burguesía de tenderos y artesanos, muy numerosos, empleados en talleres de escasas dimensiones, con mínima mecanización, estaban presentes en todas las poblaciones.
  • La mayor parte de la población (clases populares) estaba constituida, en primer lugar, por el campesinado, y, en las zonas industrializadas, por los obreros industriales. Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran miserables, lo que provocó numerosas revueltas en el campo. El número de obreros industriales creció enormemente a partir de 1840, sobre todo en Cataluña. Antiguos campesinos y artesanos emigraron a las ciudades (éxodo rural) en busca de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas eran tan terribles que poco a poco fueron tomando conciencia de su injusta situación y ello contribuyó a la aparición de asociaciones para la defensa de sus derechos (aparición de los primeros sindicatos).

Composición de la sociedad española a mediados del siglo XIX. Y a la desaparición del mayorazgo Distinguiendo tres grupos Mediante matrimonios ocompra de títulos nobliliarios A los que ya se empieza a llamar proletariado I Por último, dentro de las clases populares destacaba el servicio doméstico, donde abundaban las mujeres, desempeñaban sus tareas en familias nobiliarias o de la alta burguesía y también en las de la clase media.


Análisis de una Viñeta Satírica: La Esclavitud en Cuba

Introducción

El documento analizado es una viñeta satírica publicada en la revista *La Flaca* en 1873, en un contexto político marcado por la inestabilidad y el debate sobre la abolición de la esclavitud. Se trata de una fuente histórica de naturaleza político-social con un destinatario público. Su autor, dentro de una revista prodemocrática y prorrepublicana, critica la resistencia de ciertos sectores a la abolición.

Análisis del contenido e ideas principales

La viñeta representa el enfrentamiento entre progresistas y republicanos, favorables a la abolición, y sectores moderados y conservadores que la defienden. La figura femenina central simboliza la esclavitud o Cuba, con los abolicionistas rompiendo sus cadenas a un lado y los sectores conservadores encadenándola al otro.

Las principales ideas que se desprenden del documento son:

  • La lucha por la abolición de la esclavitud: Refleja el conflicto entre quienes defienden la libertad de los esclavos y quienes buscan mantener el sistema esclavista.
  • El papel de los progresistas y republicanos: Representan el avance hacia la modernización y la justicia social al impulsar leyes como la de Libertad de Vientres.
  • La resistencia de los sectores conservadores: Los propietarios de plantaciones y sectores militares se oponían al cambio debido a sus intereses económicos.
  • El uso de la sátira como herramienta de crítica política: La viñeta evidencia cómo la prensa satírica servía para denunciar injusticias y movilizar la opinión pública.

Contexto histórico

La Revolución de 1868 puso fin al reinado de Isabel II e instauró un régimen democrático con promesas de cambio, aunque muchas no se cumplieron. Uno de los grandes problemas fue la esclavitud en las colonias, especialmente en Cuba y Puerto Rico. En 1868 estalló la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), en la que muchos esclavos apoyaron a los independentistas a cambio de su libertad. Sin embargo, los grandes propietarios azucareros intentaron frenar la abolición para proteger sus intereses económicos.

Como respuesta, en 1870 se aprobó la Ley de Libertad de Vientres, que liberaba a los hijos de esclavos nacidos desde 1868 y otorgaba la libertad a ciertos esclavos bajo condiciones específicas. La abolición completa llegó más tarde: en Puerto Rico en 1873 y en Cuba en 1886.

En 1878, la Paz de Zanjón puso fin a la Guerra de los Diez Años, con la promesa de abolir la esclavitud en Cuba, aunque su cumplimiento fue tardío. Esto reflejó la dificultad de realizar cambios sociales profundos en la España del siglo XIX.


El Manifiesto de Manzanares: Análisis y Contexto Histórico

Introducción

El Manifiesto de Manzanares, redactado en 1854 por Antonio Cánovas del Castillo y firmado por el general Leopoldo O’Donnell, fue un documento clave en el inicio de la Revolución de 1854. Su propósito era denunciar la política moderada de la última década y movilizar a la población a favor de un cambio de gobierno, proponiendo reformas políticas y sociales bajo una monarquía progresista.

Análisis del contenido e ideas principales

El texto se divide en tres partes principales. En primer lugar, critica el gobierno moderado, al que acusa de corrupción, falta de libertades y autoritarismo. Luego, plantea la necesidad de reformas dentro de la monarquía, promoviendo el aumento del sufragio, la descentralización administrativa y el fortalecimiento de las libertades individuales. Por último, hace un llamado a la acción, impulsando la formación de juntas de gobierno y asegurando el respaldo militar de O’Donnell para garantizar el éxito del movimiento.

Contexto histórico

El Manifiesto de Manzanares surge en un momento de crisis política y económica en España. Durante la década moderada (1844-1854), el país fue gobernado con un sistema autoritario y centralista bajo la Constitución de 1845, que limitó libertades y restringió el acceso al poder. A esto se sumaron graves escándalos de corrupción y el descontento generado por la especulación ferroviaria, que benefició a unos pocos mientras empeoraba la situación económica de la mayoría. En este contexto, estalló la Revolución de 1854, encabezada por O’Donnell y respaldada por progresistas, dando paso al Bienio Progresista (1854-1856). Durante este periodo, se impulsaron reformas como la Ley de Desamortización de Madoz (1855), que permitió la venta de bienes eclesiásticos, y la elaboración de la Constitución de 1856, que, aunque nunca llegó a promulgarse, planteaba un modelo más descentralizado y con mayores libertades individuales.