La II República Española: Constitución de 1931 y Bienio Reformador (1931-1933)

La II República, debido a la sucesión de cambios que experimentó, se puede dividir en tres etapas: la Constitución de 1931 junto con el Bienio Reformador (1931-33), el Bienio de Centro-Derecha y el Frente Popular (1933-36). A continuación, desarrollaremos la primera etapa.

Durante el Sexenio Revolucionario (1868-74), se vivió el primer ensayo democrático con la Constitución de 1869 y la proclamación de la I República. Tras el sistema de la Restauración (1874-1923), la noche del 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora proclamó la II República y exigió al rey Alfonso XIII que abandonara el país. Esto se debió a que, en las elecciones municipales del 12 de abril, la coalición republicano-socialista triunfó sobre los monárquicos en las grandes ciudades, debilitando especialmente a la monarquía, que solo obtuvo el apoyo de las zonas rurales debido al control caciquil. De esta forma, el Comité Revolucionario creado por el Pacto de San Sebastián se convirtió en el gobierno provisional de la república, presidido por Alcalá Zamora y formado por todos los partidos políticos favorables a ella. En general, representaban a las clases medias profesionales, a la pequeña burguesía y a los líderes obreros de ideas socialistas. Previamente a la convocatoria de elecciones, se publicó un decreto que modificaba la ley electoral de 1907 para acabar con el sistema caciquil. La coalición de republicanos y socialistas obtuvo una aplastante mayoría y, por primera vez, hubo tres mujeres diputadas: las republicanas Clara Campoamor y Victoria Kent, junto con la socialista Margarita Nelken. Así, se aprobó la primera constitución republicana de la Historia de España: la Constitución de 1931.

La Constitución de 1931: Características y Debates

La Constitución de 1931 definía a España como “una República democrática de trabajadores de toda clase”. Contenía una amplia declaración de derechos y libertades: derecho de voto a la mujer, matrimonio civil, divorcio y derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita para disminuir el 60% de población analfabeta. También se reconoció el derecho a la propiedad privada, aunque subordinada a los intereses de la economía nacional, que podía expropiar tierras en razón de su utilidad social. Estableció una clara división de los poderes legislativo (Congreso), ejecutivo (jefatura del Estado) y judicial (jueces y tribunales). Las Cortes eran unicamerales y el presidente de la República era elegido. En el ámbito judicial, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Por otro lado, cabe destacar que fue aprobada tras agrios debates que acrecentaron aún más la división entre los partidos. El tema más perjudicial fue la cuestión religiosa, además de la organización territorial del Estado en cuanto a las autonomías de Cataluña, País Vasco y Galicia, y el voto femenino. De esta forma, no alcanzó el consenso entre izquierdas y derechas, y fue únicamente fruto del acuerdo entre republicanos de izquierdas y socialistas.

Desafíos y Problemas del Bienio Reformador

En lo referido a la actuación política, debieron abordar algunos de los grandes problemas del país, como la cuestión autonómica, la reforma agraria, educativa, militar y la inestable cuestión de orden público (se creó la Guardia de Asalto). A todo ello, se le sumó la desfavorable coyuntura económica y política internacional: el crac del 29 afectó, sobre todo, al comercio exterior y a los sectores de la agricultura y la minería. Así, la economía española sufrió una involución que dificultó la realización de las reformas e intensificó la conflictividad social en el transcurso de la república.

Principales Reformas del Bienio (1931-1933)

Una vez aprobada la constitución, se formó el gobierno republicano-socialista con Manuel Azaña como presidente de gobierno y Alcalá Zamora como presidente de la República, dando comienzo al denominado Bienio Reformador (1931-33). La mayor y más controvertida reforma fue el intento de construcción de un Estado laico/laicista. Laico, con el aumento de enemigos, sobre todo, por parte de la Iglesia, de católicos conservadores y de la derecha, a causa de las leyes y artículos totalmente anticlericales de la Constitución: la clara separación entre Iglesia-Estado, la libertad de cultos y la eliminación de la financiación estatal a la Iglesia. Más tarde, con la prohibición a las congregaciones religiosas para ejercer la enseñanza, el comercio y la industria, así como la disolución de la Compañía de Jesús, cuyos bienes fueron nacionalizados, y el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio, se empezó a entrever ese carácter laicista.

Estatutos de Autonomía

La reforma sobre los estatutos de autonomía, que hunde sus raíces en la Restauración, se inicia en Cataluña con la ilegítima Proclamación de Maciá del 14 de abril. A partir de entonces, se redacta el Estatuto de Nuria y, tras un largo debate, se aprueba en 1932. Así, gozaron de gobierno y parlamento propios, que obtuvo importantes competencias en economía, educación, cultura y aspectos sociales, aunque con una reducida capacidad de autofinanciación; y se aprobó la cooficialidad del catalán. El caso del País Vasco fue más difícil y complejo: se creó el Estatuto de Estella, pero fue rechazado por antidemocrático y confesional, y se aprobó finalmente en plena guerra (1936). Por último, el estatuto de Galicia no llegó a ser aprobado ya que cayó en manos de los sublevados.

Reforma Agraria

La reforma agraria buscaba resolver el grave asunto de la propiedad y su reparto. Los objetivos básicos eran el atraso técnico, la baja productividad y la inadecuada e ineficiente estructura de la propiedad. Con la aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (1932), se pretendía la modernización técnica, el fin del latifundismo y la redistribución de la propiedad. La ley fue aplicada por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) con un presupuesto inicial claramente insuficiente. Tras el golpe del Estado de Sanjurjo, se expropiaron tierras para el asentamiento de campesinos en ellas, sin indemnización a los Grandes de España debido a su apoyo en el golpe militar, pero sí para el resto. Los principales problemas surgen debido a su complejidad, puesto que se encontraba paralizada ante la escasez de recursos y el bajo presupuesto inicial, así como por los recursos de los propietarios ante los tribunales que retardaban su aplicación efectiva. Así, la subida del paro y la impaciencia de los campesinos fueron en aumento dando lugar a la ocupación de tierras y a la quema de multitud de cortijos. También, con los sucesos de Casas Viejas en que obreros de la CNT se enfrentaron contra la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, minó la credibilidad del gobierno de Azaña y fue duramente atacado por la opinión pública. Por otro lado, los propietarios de derechas se reorganizan contra el gobierno: los monárquicos forman la Renovación Española (1933) y los católicos crean la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

Otras Reformas

La reforma del Ejército se llevó a cabo con la Ley del retiro de la oficialidad, cerró la Academia de Zaragoza, clausuró las Capitanías generales, y eliminó los Tribunales de honor junto con el Consejo Supremo de Justicia militar. En definitiva, pocos logros y mucha enemistad. La reforma social mejoró las condiciones laborales con la Ley de Contratos de Trabajos y la Ley de Jurados Mixtos, estableciendo un máximo de 40 horas semanales y una subida de salarios. Y, en reforma educativa, se ofrece una escuela laica, mixta, obligatoria y gratuita. Además, aumentó el presupuesto para la construcción de escuelas y la contratación de maestros.

Conclusión

En conclusión, el Bienio Reformador se puede caracterizar como un período breve pero muy complicado, que intentó la construcción de un Estado democrático, laico y con importantes dosis de justicia social. Además, trajo consigo esperanza para aquellos que habían perdido la fe en la monarquía pero también recelo y odio entre aquellos que se vieron directamente atacados por las reformas llevadas a cabo. Así, con los continuos ataques recibidos tanto de izquierdas como de derechas, sumados a una crisis interna entre la coalición republicano-socialista, Alcalá Zamora disolvió las Cortes Constituyentes, argumentando que no representaban ya el estado de la opinión pública, y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933 que fueron perdidas por la coalición gobernante. En definitiva, la gran cantidad de reformas, sobre todo, la reforma religiosa y agraria, acabó sumiendo al gobierno en una grave crisis interna.