La Política Económica en la Dictadura de Primo de Rivera y el Primer Franquismo

El Proteccionismo Durante la Dictadura de Primo de Rivera

El refuerzo de la protección comercial fue considerado una solución a diversos problemas de la economía española: la crisis industrial, la crisis fiscal causada por la guerra de Marruecos y el desequilibrio de la balanza de pagos. Las políticas de protección y ordenamiento de la producción y los mercados fueron uno de los ejes de la Dictadura de Primo de Rivera (inspiración modelo fascista italiano): el Estado debe ser el organizador y el impulsor de la producción nacional. Se favorece la creación de industrias nacionales, se refuerzan las barreras de entrada de productos extranjeros y la protección administrativa para las empresas autóctonas. La economía se fue cerrando cada vez más al exterior, aunque no se produjo un viraje radical en la política comercial.

En cuanto al proteccionismo administrativo, las medidas tomadas fueron de tres tipos:

  1. Decreto de abril de 1924: el gobierno podía conceder subsidios, desgravaciones y contratos públicos a las empresas nacionales.
  2. Establecimiento del Consejo Regulador de la Producción Nacional y otros organismos encargados de realizar propuestas para regular la producción de todo tipo de productos.
  3. Imposición de estrictas barreras de entrada en los mercados, de la cual se encargaría un organismo creado en 1926, el Comité Regulador de la Producción Industrial.

Estas medidas provocaron un aumento del grado de monopolio y de la rigidez del sistema económico. El rasgo más distintivo y de mayor impacto de las políticas públicas de la dictadura en la economía fue el programa de obras públicas. La prioridad del Estado era la ampliación y modernización de las infraestructuras de transporte y comunicación. El Estado asume un papel activo como agente inversor, con la creencia de que de esta inversión pública dependería el crecimiento futuro.

Realizaciones del Programa de Obras Públicas

  1. Ferrocarriles: la inversión se destina a resolver la situación de descapitalización del sector, que revertía en un mal servicio de transporte. Estatuto Ferroviario en 1924: el Estado aportaría el capital necesario para los gastos de inversión, mientras que las compañías tendrían reservada la gestión.
  2. Carreteras: Aumento y mejora de las carreteras (asfaltado). Efectos económicos importantes al estimular la difusión del automóvil.
  3. Embalses y confederaciones hidrográficas: se crearon para incrementar la generación de energía eléctrica y, en menor grado, extender el regadío.
  4. Puertos: La realización del programa de obras públicas benefició a las industrias que suministraban los bienes requeridos (cemento y materiales de construcción, productos siderometalúrgicos, carbón, electricidad, material ferroviario).

Pero, ¿fue esta política de inversión pública el motor del fuerte crecimiento industrial (sobre todo industrias básicas) de estos años? Según Comín, no, porque el gasto público tenía un peso muy pequeño en la demanda interna. Las tasas de crecimiento interanual de la industria demuestran que no existió una conexión estrecha entre el gasto en obras públicas y el progreso del sector. Cuando más crecieron las industrias básicas fue entre 1922 y 1925, antes de las grandes realizaciones, mientras que en los años de presupuestos más expansivos (1927-28) progresaron muy poco. En definitiva, el activismo inversor del sector público contribuyó a la aceleración del crecimiento industrial, pero no fue el único causante ni su principal fuerza impulsora.

La Primera Autarquía (1940-1950)

La estrategia autárquica era deseada por los dirigentes del régimen franquista y también forzada por el boicot al régimen por parte de las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los objetivos de la insurrección de julio de 1936 es cambiar la dinámica de las tendencias en la distribución de la renta y la riqueza nacionales de la República (salarios al alza y beneficios a la baja). Se tomaron acciones a favor de terratenientes y empresarios y de la reducción de salarios:

  • Las tierras repartidas y las empresas colectivizadas son devueltas a sus propietarios.
  • Fuerte represión a los trabajadores participantes en las colectivizaciones y repartos.
  • Reducción drástica de los salarios reales urbanos y rurales.
  • Modelo autoritario de relaciones laborales: prohibición de sindicatos libres y huelgas, y los salarios fijados por decreto del Ministerio de Trabajo.

Resultados de la Política Económica Autárquica

  • Fuerte reducción de salarios y empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.
  • Transformación de la estructura de la demanda: aumento de la demanda de artículos de lujo por parte de los beneficiarios del régimen.
  • Descenso de la productividad global.
  • Reagrarización de la economía española: la caída de los salarios provoca el retorno al campo de muchos trabajadores urbanos.
  • Retroceso hacia soluciones técnicas y productivas más arcaicas en todos los órdenes de la vida económica.
  • Uso intensivo del carbón (falta petróleo y electricidad) esto provocó escasez de automóviles, autocares y camiones y con la nacionalización de RENFE la solución a medio y largo plazo era el transporte ferroviario.
  • Ascenso de los beneficios empresariales, sin embargo, la inversión no creció.