De la Caída de Primo de Rivera a la Proclamación de la Segunda República

Tras la caída de Primo de Rivera, se constituyó un gobierno presidido por el general Berenguer con el objetivo de volver al viejo sistema de partidos de la Restauración. Sin embargo, republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes se habían aliado, con el apoyo de intelectuales, firmando el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 con el objetivo de derrocar la Monarquía. De ese pacto nació el Comité Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora. Paralelamente, en el ámbito militar, se produjeron levantamientos republicanos en Jaca (Huesca) y en el aeródromo de Cuatro Vientos. El general Berenguer dimitió y el rey encargó entonces formar gobierno al almirante Aznar, que convocó elecciones municipales y a Cortes Constituyentes.

Las primeras en convocarse fueron las elecciones municipales, el 12 de abril de 1931, que fueron entendidas por gran parte de la población como un plebiscito a favor o en contra de una monarquía personificada en Alfonso XIII. Estas elecciones dieron la victoria a los republicanos, que obtuvieron el triunfo en 41 de las 50 capitales de provincia. Dos días después, el 14 de abril, se proclamaba la Segunda República Española. Este día, el Comité Revolucionario se hizo cargo del poder una vez negociada la salida de Alfonso XIII del país.

Contexto Internacional y Desafíos Económicos

La República fue recibida con gran entusiasmo, pues se presentaba como el marco ideal que permitiría proceder con las reformas políticas, económicas y sociales que necesitaba España para modernizarse y avanzar socialmente. No obstante, a nivel internacional, la situación en la que nacía la República se presentaba difícil.

Políticamente, en Europa las democracias se encontraban en retroceso frente a las doctrinas autoritarias como el fascismo y el comunismo. Económicamente, el mundo se hallaba sumido en plena crisis económica tras la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, la incidencia directa de esta crisis en la economía española fue leve, debido al relativo aislamiento de ésta con respecto a los mercados internacionales.

Las dificultades económicas a las que se enfrentó la República tenían también una raíz interna. Por un lado, hay que destacar los problemas tradicionales: paro agrícola, débil industrialización del país, desigual reparto de la tierra, descapitalización industrial y agrícola, escasa competitividad internacional y déficit en la balanza comercial. Por otro, algunas medidas adoptadas por la República, como el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral a ocho horas, aunque supusieron grandes logros sociales, provocaron un descenso en las inversiones empresariales.

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931

Tras la proclamación de la República, se formó un Gobierno Provisional, presidido por Alcalá Zamora. El gobierno pretendía ser el reflejo de las fuerzas firmantes del Pacto de San Sebastián, por lo que estaba compuesto por una gran variedad de grupos políticos que sólo tenían en común acabar con la Monarquía: republicanos conservadores, radicales, radicales socialistas, republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas catalanes. El gobierno se dedicó desde los primeros días a un programa intenso de reformas en materia de enseñanza, reformas militares y laborales. No tuvieron representación en el gobierno los comunistas, la Lliga Catalana ni el PNV. A la República se opusieron todos los partidos monárquicos y de derechas como la CEDA, Renovación Española, los carlistas y Falange Española de las JONS. Los anarquistas también se posicionaron en contra.

El 28 de junio de 1931 se convocaron elecciones generales a Cortes Constituyentes, que ganó la izquierda. Los partidos de izquierda más votados fueron el PSOE y Acción Republicana. Las Cortes Constituyentes elaboraron una nueva Constitución, que fue aprobada en diciembre. La Constitución de 1931 definía a España como “una república democrática de trabajadores de todas clases” y como un Estado único, pero compatible con la autonomía de determinadas regiones. Se establece la separación de poderes: el legislativo recae en unas Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal (por primera vez con derecho a voto de la mujer); el ejecutivo, queda en manos del Consejo de Ministros y el presidente de la República; y el poder judicial en jueces independientes. El Estado se declaraba laico, separándose Estado e Iglesia. Se establece la posibilidad de expropiación y de nacionalización de los servicios públicos por motivo de utilidad social. Finalmente, se introduce una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoce tanto el matrimonio civil como el divorcio.

El Bienio Reformista (1931-1933)

Una vez aprobada la Constitución, las Cortes eligieron presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora y se formó un gobierno presidido por Manuel Azaña. Se inicia así el bienio republicano-socialista o reformista (1931-1933), que emprendió un programa de profundas reformas para solucionar los graves problemas heredados. La mala coyuntura económica internacional tras el Crack de 1929 y el afán de no aumentar la deuda del Estado hicieron fracasar parte de estas reformas por falta de medios.

  • Reforma militar: Azaña trató de someter al ejército a la autoridad civil y aumentar su eficiencia reduciendo el excesivo número de oficiales, que podía pasar voluntariamente a la reserva con toda su paga. Se encargó del orden público a la Guardia de Asalto, afín a la República.
  • Reforma religiosa: Se eliminaba la subvención al clero, se prohibía a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, se reconocía el matrimonio civil y el divorcio y se disolvía la Compañía de Jesús. Muchos católicos identificaron República con ataque a Dios.
  • Reforma educativa: La escuela primaria era obligatoria, gratuita, laica y mixta. Aumentó en un 50% el dinero destinado a educación, construyéndose más de 10.000 escuelas y se crearon 7.000 puestos de maestros. Las Misiones Pedagógicas llevaron la cultura a regiones rurales atrasadas.
  • Reforma regional: Se concedió a Cataluña en 1932 el Estatuto de Autonomía.
  • Reforma agraria: En septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria, con la oposición de la derecha. Se buscaba acabar con el latifundismo, el absentismo y la miseria de los jornaleros. Se expropiaron sin indemnización las tierras a los Grandes de España y se declararon expropiables con indemnización los latifundios mal cultivados o sistemáticamente arrendados. Las tierras serían entregadas a los campesinos. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para llevarla a cabo. Los resultados de la reforma fueron escasos; los campesinos, decepcionados con la República, se inclinaron hacia el anarquismo revolucionario (sucesos de Casas Viejas en enero de 1933). Por otro lado, los terratenientes se mostraron claramente hostiles.

La hostilidad del Ejército se manifestó en agosto de 1932 con un intento fallido de golpe de Estado en Sevilla, protagonizado por el general Sanjurjo.

El Bienio Radical-Cedista (1933-1936)

Esta crisis provocó la dimisión del gobierno de Azaña. Se convocaron elecciones para noviembre de 1933 que dieron el triunfo a las derechas; la CEDA fue el partido más votado y gobernó en coalición con el Partido Radical de Lerroux, que fue nombrado jefe de Gobierno. Se inicia así el bienio radical-cedista (1933-1936), que realizó una política contrarreformista y reaccionaria. Algunas de sus principales medidas fueron la Ley de Amnistía para todos los sublevados en el golpe de Sanjurjo; la derogación de la Ley de Congregaciones y la aprobación de un presupuesto para el clero; o la revisión de la reforma agraria, anulando las expropiaciones y recortando el presupuesto para su aplicación. Además, se suspendió el Estatuto catalán tras los sucesos de 1934; el Estatuto vasco no se aprobó.

El freno a las reformas provocó un aumento de la agitación social, que se vio incrementada cuando en octubre de 1934 tres ministros de la CEDA entraron en el gobierno. Los socialistas convocaron una huelga general para el 5 de octubre que fracasó en toda España, excepto en Asturias, donde la Alianza Obrera de socialistas, comunistas y anarquistas tomó el poder y desencadenó una revolución social; y en Cataluña, donde Companys, nuevo presidente de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Ambas fueron sofocadas por el ejército de Marruecos.

El Frente Popular y el Camino a la Guerra Civil

Esto provocó un incremento de la impopularidad del Gobierno, a lo que se sumó el desprestigio de los radicales por el escándalo del Estraperlo, que hizo caer al gobierno. Alcalá Zamora eligió como presidente del Gobierno a un centrista (Portela Valladares) que disolvió el Parlamento y convocó elecciones en febrero de 1936.

Izquierdas y derechas concurrieron agrupados en grandes bloques. Triunfó el Frente Popular, una alianza electoral de todos los partidos de izquierda, desde los republicanos hasta los comunistas, a la que los anarquistas dieron su apoyo. Su objetivo era eliminar a la derecha del poder y recuperar las líneas de actuación del bienio azañista. Las derechas se agruparon en el Bloque Nacional (CEDA, monárquicos y tradicionalistas).

El nuevo gobierno, presidido por Azaña y compuesto exclusivamente por republicanos, decretó la amnistía para los presos políticos, el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y reanudó las reformas progresistas, como la agraria. Los sindicatos protagonizaron huelgas y conflictos en el campo, ocupándose fincas. En mayo de 1936, Alcalá Zamora fue sustituido por Azaña como presidente de la República; Casares Quiroga fue nombrado presidente del Gobierno. La vida política se radicalizó y se produjeron conflictos callejeros protagonizados por las milicias fascistas de Falange Española de las JONS y grupos obreros de la izquierda radical. Calvo Sotelo fue asesinado en un ajuste de cuentas por la muerte de un teniente de la Guardia de Asalto y, en Melilla, el 17 de julio de 1936, hubo un alzamiento militar que dio origen a la Guerra Civil.