La Reforma Agraria de 1932

Durante el bienio reformista de la Segunda República, se impulsó una ambiciosa Ley de Reforma Agraria con el objetivo de redistribuir la propiedad de la tierra, caracterizada por la existencia de grandes latifundios y numerosos campesinos sin tierras. La Ley de Bases para la Reforma Agraria se aprobó en 1932. Se buscaba expropiar, con indemnización, los latifundios considerados mal cultivados o sistemáticamente arrendados. Sin embargo, la aplicación de la ley en toda la península, y no solo en las zonas de latifundios del sur, generó descontento incluso entre pequeños propietarios. La reforma, que recordaba a la desamortización de Mendizábal, no logró alcanzar sus objetivos plenamente.

Los Estatutos de Autonomía y la Organización Territorial

La cuestión de la organización territorial del Estado español se abordó con la concesión de autonomía a las comunidades históricas. El modelo adoptado no era ni unitario ni federal, sino un punto intermedio. Aunque la Constitución establecía la “indisoluble unidad de la Nación española”, se reconocía la diversidad regional. Durante el bienio reformista, se plantearon los estatutos de autonomía, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Galicia, siendo el catalán el más problemático.

El Frente Popular (1936)

El Frente Popular fue una coalición electoral formada en enero de 1936, que agrupaba a diversas fuerzas de izquierda: Izquierda Republicana, PSOE, PCE, POUM y Esquerra Republicana de Catalunya. Su objetivo principal era ganar las elecciones de 1936 y frenar el avance de la CEDA y la derecha. El programa del Frente Popular incluía el restablecimiento de la Constitución de 1931, la concesión de amnistía, la reactivación de la legislación del primer bienio y la aceleración de la reforma agraria y educativa. Sin embargo, tras su victoria electoral, las tensiones internas, el aumento del terrorismo y las huelgas, junto con los asesinatos de José Castillo y Calvo Sotelo, precipitaron el declive de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil.

La Constitución de 1931

La Constitución de 1931 fue la primera constitución democrática de España. Se caracterizaba por:

  • Una amplia declaración de derechos individuales y sociales.
  • La posibilidad de crear autonomías.
  • Un Estado laicista, con un marcado carácter anticlerical.
  • La soberanía residía en el pueblo.
  • Un poder legislativo unicameral (Congreso de los Diputados).
  • Un poder ejecutivo compuesto por el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno.
  • Un poder judicial encabezado por el Tribunal Supremo.

Los Pactos de la Moncloa (1977)

Los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977, representaron un acuerdo crucial durante la Transición Española. Fueron suscritos por el Gobierno, los principales partidos de la oposición, la patronal y los sindicatos, bajo la inspiración del economista Enrique Fuentes Quintana. Estos acuerdos abordaron tanto medidas económicas (reforma fiscal, control de salarios, déficit exterior, inflación y desempleo) como decisiones políticas y sociales (reforma de la enseñanza, Seguridad Social, legislación laboral y funciones de los sindicatos).

La Constitución de 1978

La Constitución de 1978, aprobada en referéndum el 6 de diciembre y promulgada el 29 de diciembre, establece los siguientes principios fundamentales:

  • España es un Estado democrático.
  • La soberanía nacional reside en el pueblo español.
  • La forma del Estado es la monarquía parlamentaria.
  • La unidad de España es compatible con la pluralidad nacional.
  • El Estado español es unitario y autonómico.
  • El Rey es el Jefe del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
  • El poder legislativo reside en dos cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), elegidas por sufragio universal. El sistema electoral favorece a la candidatura vencedora en cada provincia, especialmente en el Senado.
  • El poder ejecutivo reside en el Gobierno.
  • El poder judicial reside en los juzgados y tribunales.

La Constitución de 1978 también incluye una amplia gama de derechos sociales y económicos. Se considera una constitución moderada, que permite la protección estatal de las creencias religiosas y su promoción a través de la educación.

La Ley para la Reforma Política (1976)

La Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, fue un instrumento clave para la transición a la democracia. Impulsada por el Gobierno de Adolfo Suárez, establecía unas nuevas Cortes bicamerales (Congreso y Senado). El Congreso sería elegido por sufragio universal, mientras que una quinta parte de los senadores serían designados por el Rey. La ley otorgaba al Gobierno la facultad de convocar elecciones. Fue aprobada mayoritariamente por las Cortes franquistas en noviembre de 1976. Para tranquilizar a los sectores militares reticentes a las reformas, Suárez les aseguró que el PCE no sería legalizado inicialmente.