1. El Reformismo Dinástico

1.1 El Fracaso del Primer Gobierno Regeneracionista

En 1899, la reina regente María Cristina otorgó su confianza para formar gobierno a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela, quien convocó elecciones. Se inició así una política reformista con proyectos de descentralización administrativa, pero también se impulsó una política presupuestaria que aumentaba los tributos sobre los productos de primera necesidad y creaba nuevos impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la guerra de Cuba. Las nuevas cargas fiscales impulsaron, especialmente en Cataluña, un boicot de los contribuyentes a la recaudación de tributos (cierre de cajas). Los ministros más renovadores acabaron dimitiendo y, aunque el gobierno conservador resistió en el poder, en 1901 la regente otorgó de nuevo el gobierno a los liberales.

1.2 Las Reformas de Maura y Canalejas

En la primavera de 1902, subió al trono, al cumplir 16 años, el monarca Alfonso XIII. En 1903, murió Sagasta y alcanzó la jefatura del partido conservador Antonio Maura, mientras que en el partido liberal se afianzaba José Canalejas. En 1904, el conservador Antonio Maura se convirtió en jefe de gobierno. Maura tenía espíritu renovador y reformista, aunque siempre dentro de las ideas del conservadurismo, que defendía la necesidad de que el régimen debía reformarse desde el gobierno para impedir que lo transformase una revolución popular. Maura procuró atraer hacia el régimen el nacionalismo moderado no republicano, como el de la Lliga Regionalista. Hizo un primer intento de llegar a acuerdos con el catalanismo concediendo más autonomía a los ayuntamientos y diputaciones y reconociendo las regiones (proyecto de reforma de la administración). El gobierno de Maura también adoptó medidas económicas para reactivar la industria y promulgó la Ley de Colonización Interior para estimular la agricultura. Creó el Instituto Nacional de Previsión, dedicado a los seguros obreros. En 1910, José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Su programa proponía la modernización de la política e intentaba atraer a ciertos sectores populares a partir de un mayor reformismo social y de limitar el poder de la Iglesia, profundizando en la separación de la Iglesia y el Estado. La negativa de la Santa Sede a cualquier proceso de reforma comportó la promulgación de la Ley del Candado, que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Uno de los elementos básicos de la política social fue la sustitución del impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre la renta, que comportó la protesta de las clases acomodadas. Canalejas fue sensible al problema de las autonomías regionales, especialmente al del nacionalismo catalán, convencido de que su incorporación al sistema ayudaría a estabilizarlo. En consecuencia, el gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la gestión de algunos servicios públicos. Pero este proyecto y el resto de reformas se vieron interrumpidos por la muerte de Canalejas, asesinado por un anarquista en Madrid. La Ley de Mancomunidades sería aprobada bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato, y tan solo se constituiría la Mancomunidad de Cataluña.

2. La Oposición Obrera

Entre las fuerzas sociales que el régimen fue incapaz de incorporar figuraron las del movimiento obrero: PSOE, el sindicato de tendencia socialista UGT y el sindicato de inspiración anarcosindicalista CNT. El PSOE se organizó a través de las agrupaciones provinciales que presidió Pablo Iglesias, que comenzó con 3.000 afiliados y en la década de 1920 consiguió 30.000. El partido siguió unas directrices que marcaron su actuación: la preservación de la organización, no poniéndola en peligro con grandes acciones revolucionarias; la diferenciación con respecto a los partidos burgueses (por ello, las alianzas con estos tardaron mucho en realizarse); y la convicción de que el socialismo debía aprovechar las oportunidades que daba el sistema parlamentario, por lo que desde muy pronto participaría en las elecciones. Con respecto al sindicato socialista UGT, su crecimiento fue todavía mayor. Quiso conseguir reformas sociales y laborales y defendió la participación de representantes obreros en los organismos estatales. El auge del sindicalismo socialista estuvo acompañado por el crecimiento del Partido Socialista, con Indalecio Prieto. El estallido de la Revolución rusa dio origen a que algunos militantes del socialismo se mostraran partidarios de la línea bolchevique y se escindieran del PSOE en 1921, fundando el Partido Comunista de España, una formación que tuvo escasa influencia, aunque contó con núcleos activos en Vizcaya y Asturias. La CNT: al iniciarse el siglo XX, el anarquismo tenía su mayor presencia en Cataluña, pero también en Andalucía, Asturias y Levante. En Barcelona, las sociedades obreras y los sindicatos autónomos de inspiración anarquista crearon, en 1907, Solidaridad Obrera, una federación de asociaciones de trabajadores de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha revolucionaria. Impulsó la fundación de la CNT. El nuevo sindicato nació con el objetivo de extenderse por toda España y dar estabilidad al sindicalismo anarquista. La CNT se definía como revolucionaria y presentaba una ideología basada en tres presupuestos básicos: la independencia del proletariado con respecto a la burguesía y a sus instituciones, por lo que se declaraba totalmente apolítica; la necesidad de la unidad sindical de los trabajadores; y la voluntad de derribar al capitalismo a través de la expropiación de los burgueses.

3. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

3.1 Las Causas del Golpe Militar

Primo de Rivera y los sectores que le dieron apoyo defendieron su acción como una solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad social. Las razones fueron la inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario, así como su desprestigio derivado del continuo fraude electoral; el miedo de las clases acomodadas a una revolución social; el aumento de la influencia del republicanismo y de los nacionalismos; el descontento del ejército tras el desastre de Annual; y evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los hechos de la guerra de Marruecos. Primo de Rivera justificó el golpe militar a través de un discurso con pretensiones regeneracionistas e incluso moralistas, que se centraba en la crítica de la vieja política y presentaba un claro componente populista. Así, en su manifiesto inaugural, Primo de Rivera anunció limpiar el país de caciques y acabar con el bandidaje político, la indisciplina social y las amenazas a la unidad nacional. Primo de Rivera pretendía evitar que el régimen político acabara por democratizarse; en cualquier caso, la dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la posible reforma del sistema.

3.2 La Reorganización del Estado

La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases: hasta 1925, gobernó el Directorio Militar; a partir de ese año, incluyó entre sus ministros a personalidades civiles como José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en el Ministerio de Trabajo, pasándose entonces al Directorio Civil. Las primeras medidas mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, etc., acompañado por la militarización del orden público y una represión del obrerismo más radical. Se elaboró un estatuto municipal y otro provincial; se disolvieron los ayuntamientos, que fueron sustituidos por juntas de vocales integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombradas a través de los gobernadores civiles. Durante la primera etapa de la dictadura, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera. Se organizó el desembarco de Alhucemas, que saldó con gran éxito. Abd el-Krim se rindió, entregándose a las tropas francesas, y Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para darle continuidad y permanencia, con el modelo e influencia del fascismo italiano. El camino comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva; sus miembros no serían elegidos por sufragio, sino por designación entre los ciudadanos. Se creó un partido único, llamado Unión Patriótica, sin un programa ideológico definido, cuya misión era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder. Los afiliados del nuevo partido procedían del catolicismo, de los funcionarios de las administraciones y de los caciques rurales. También se reactivó la antigua institución del Somatén para colaborar en el mantenimiento del orden público.

3.3 La Política Económica y Social

La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica iniciada en los “felices años veinte”, tras la Primera Guerra Mundial. El régimen puso en marcha un programa de fomento de la economía española en el terreno industrial y en infraestructuras, la nacionalización de importantes sectores de la economía y el aumento de la intervención estatal. El Estado tuvo un protagonismo gracias al fomento de las obras públicas. El gobierno aprobó el Decreto de Protección de la Industria Nacional, que preveía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior. Se concedieron grandes monopolios. Todo ello fue financiado mediante los llamados “presupuestos extraordinarios”; se iba acumulando una gran deuda. El mundo agrario siguió en manos de los grandes propietarios, sin que se emprendiera reforma alguna, aunque sí se promovió el regadío a través de las confederaciones hidrográficas. En el terreno social, pretendía eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado. Se creó la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones y regulaba los conflictos laborales; su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo.

3.4 La Oposición a la Dictadura

La oposición a la dictadura estuvo integrada por algunos líderes de los partidos dinásticos, republicanos, nacionalistas, comunistas, anarquistas, determinados sectores del ejército y la casi totalidad de los intelectuales. Participaron en conspiraciones militares como el complot de la Sanjuanada. Con respecto a los intelectuales y el mundo universitario, la dictadura pretendió controlarlos férreamente mediante la censura y limitando su libertad, llegando a cerrar universidades. La Federación Universitaria Española fue de carácter republicano. El enfrentamiento de intelectuales con la dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. Unamuno fue desterrado a Fuerteventura; Blasco se trasladó al extranjero, desde donde promovió una campaña contra el rey y contra Primo de Rivera. El conflicto político más persistente se produjo con el republicanismo y los nacionalismos, especialmente el catalán. Organizaron la Alianza Republicana, que logró unir a las diversas facciones del movimiento. En Cataluña, las medidas que tomaron, como la liquidación de la Mancomunidad, la prohibición del uso público de la lengua catalana y del baile de la sardana, fueron profundamente anticatalanas. Estat Català, dirigida por Francesc Macià desde Prats de Molló en 1926. La CNT se mostró contraria al régimen y fue intensamente perseguida, lo que agravó el enfrentamiento en su interior entre los partidarios de posturas radicales y violentas. Los primeros crearon la Federación Anarquista Ibérica. También el PSOE rechazó abiertamente la dictadura y se pronunció a favor de la república.

3.5 La Caída de Primo de Rivera

El rey optó por retirar su confianza a Primo de Rivera el 30 de enero de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirle. La oposición comenzó a organizarse: los republicanos, los catalanes de la izquierda y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián, un programa para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y fue sustituido por Aznar, que puso en marcha unos comicios municipales, provinciales y legislativos. Las elecciones municipales, al considerarlas las menos peligrosas para la monarquía, las fijó para el 12 de abril de 1931.