Transformaciones Agrarias en España del Siglo XIX

La abolición de los señoríos y de los derechos jurisdiccionales no significó la pérdida de los derechos de los antiguos señores sobre la tierra, pues la mayoría consiguió transformar los señoríos en propiedad privada. Muchos campesinos intentaron el reconocimiento de la propiedad de las tierras que tenían arrendadas, pero en la mayoría de los casos los tribunales fallaron a favor de los nobles, considerados propietarios naturales, y solo en el caso de los campesinos que tenían documentos escritos que acreditaban la propiedad, esta les fue reconocida. Por lo tanto, los beneficiados fueron los nobles, que, aunque perdieron el señorío, ganaron la propiedad de las tierras y sometieron a los campesinos a nuevos contratos de arrendamiento a corto plazo, con rentas monetarizadas y más altas, con lo que empeoraron su situación. Muchos de los antiguos colonos, ante las nuevas rentas, se vieron convertidos en jornaleros, lo que provocó la proletarización del campesinado y el bajo nivel de vida en el medio rural. Eso explica, en parte, el “rencor” campesino hacia el liberalismo y que en España los primeros brotes de tipo social hayan aparecido en el sector campesino.

La desvinculación de la tierra y las desamortizaciones permitieron que salieran a la venta muchas tierras y se produjo una transformación en la propiedad territorial. Como consecuencia de este proceso, a finales del siglo XIX habían cambiado de propietario miles de edificios y parcelas agrarias y aumentó el número de propietarios.

La desamortización cumplió, si no todos, algunos de sus objetivos. Así, permitió recaudar dinero para financiar las guerras carlistas, paliar, en parte, la grave situación de la Hacienda pública, fomentar la construcción del ferrocarril, etc. Las medidas desamortizadoras supusieron, además, la roturación de muchas tierras (fin de parte de la riqueza forestal española) y su puesta en cultivo. Desde el punto de vista político, el fin declarado por Mendizábal con estas medidas era crear una clase de cómodos e influyentes propietarios que apoyase al nuevo régimen liberal, pues la victoria del carlismo les hubiese desposeído de las tierras recién adquiridas. Era lógico, pues, que ayudaran al bando isabelino y, por ende, al Nuevo Régimen. Por lo que respecta a la Iglesia, la desamortización supuso el desmantelamiento de su poder económico, pero los presupuestos del Estado se vieron recargados con el compromiso de financiar el culto y el clero. Culturalmente, muchas obras de gran valor artístico se perdieron como consecuencia de la desamortización.

La Consolidación de la Propiedad Privada de la Tierra y la Reforma Liberal

Los gobiernos liberales del siglo XIX, sobre todo los progresistas, tenían una concepción jurídica de la propiedad nueva que implicaba el fin de algunas formas del Antiguo Régimen, como los mayorazgos, señoríos, manos muertas, comunales, etc., y la consolidación de la propiedad privada de la tierra como elemento esencial de la organización capitalista de la economía. Para ello, llevaron a cabo una serie de reformas condicionadas por la baja productividad de la agricultura, el descontento de los campesinos por el pago de los derechos señoriales y la necesidad de crear una nueva clase de propietarios que fueran capaces de mejorar el sistema productivo y aumentar la productividad.

Para ello, iniciaron una reforma agraria liberal a partir de la subida al poder de los liberales en 1836, cuyo primer objetivo era liberar a la agricultura de las trabas que ponía el Antiguo Régimen para el acceso a la propiedad y la economía de mercado.

La reforma se centró en tres grandes medidas:

  • La disolución del régimen señorial: Se había iniciado en las Cortes de Cádiz. Supuso la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque se les reconoció la propiedad de las tierras. Así, los antiguos señores pasaron a propietarios y muchos campesinos arrendatarios a jornaleros.
  • La desvinculación de los mayorazgos (mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí de manera que no pudiera nunca romperse este vínculo) y fideicomisos (dejar en encargo unos bienes para que alguien, jurídica o persona, los disfrute en un tiempo posterior). Esto significó el fin de los patrimonios unidos a una familia o institución y la posibilidad de ser vendidos en el mercado, libres de trabas.
  • La desamortización: Fue utilizada como sistema para conseguir recursos para el Estado, con la venta de bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos. Supone la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva amortizada, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición.