El Ayuntamiento de Madrid ha implementado restricciones de tráfico para mejorar la calidad del aire, buscando una redistribución de recursos que beneficie a todos. Las multas por incumplimiento generan ingresos que se reinvierten en la ciudad. Se han instalado sistemas de vigilancia y se ha ganado el apoyo de ecologistas y ciudadanos que buscan un aire más limpio. La intervención del sector público, con su poder coercitivo, es clave para abordar este problema.

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